A diez años de la Ley de Etiquetado, la autora de esta columna sostiene que a partir de la evidencia acumulada durante la última década, que la regulación mejoró la oferta de alimentos y las decisiones de consumo, pero advierte que los nuevos desafíos exigen una segunda generación de políticas públicas. Dice que “estos desafíos ya no competen únicamente al sector salud. También involucran las políticas económicas, agrícolas, educativas y de protección social, porque todas ellas influyen en la forma en que producimos, distribuimos y accedemos a los alimentos. También requieren incorporar una perspectiva de género, reconociendo que las responsabilidades de compra, preparación y cuidado de la alimentación continúan recayendo de manera desproporcionada en las mujeres”.

Imagen de portada: Sebastián Brogca / Agencia Uno

En octubre de 2016, Chile se convirtió en el primer país del mundo en introducir sellos negros de advertencia en los alimentos envasados poco saludables. Hasta ese momento, ningún otro país había implementado esta política y menos restringiendo al mismo tiempo, la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a niños y su venta y entrega en colegios y jardines infantiles. Diez años después, cerca de una decena de países han copiado o adaptado el modelo chileno. Pero el principal valor de esa experiencia no radica en haber sido pioneros. Radica en que hoy contamos con suficiente evidencia para responder: ¿qué nos enseñó la Ley de Etiquetado sobre la forma en que las personas toman decisiones alimentarias?

La respuesta obliga a revisar una idea que durante mucho tiempo pareció de sentido común. Cuando Chile empezó a discutir la ley de etiquetado se pensaba que comer saludable dependía, sobre todo, de la voluntad individual. Si una persona desarrollaba obesidad o enfermaba se asumía que era porque no había tomado buenas decisiones. Bastaba con entregar información y educar mejor a la población para que eligiera correctamente.

Hoy sabemos que esa explicación era insuficiente.

Durante las últimas dos décadas, la investigación en salud pública ha demostrado que las decisiones alimentarias no ocurren en el vacío. Se toman en entornos que facilitan o dificultan determinadas elecciones. En Chile —como en gran parte del mundo— desde comienzos de los años 2000 esos entornos fueron cambiando de manera acelerada: los alimentos ultra procesados —aquellos productos formulados industrialmente a partir de ingredientes refinados y aditivos, con escaso o nulo contenido de alimentos naturales— se hicieron más accesibles, más baratos, más visibles y más intensamente promocionados. En particular, niñas y niños comenzaron a crecer rodeados de publicidad, personajes infantiles, promociones y una oferta donde las opciones menos saludables pasaron a ser las más fáciles de elegir.

La Ley de Etiquetado nació precisamente para responder a ese cambio de paradigma. Su objetivo no fue modificar la conducta a través de la fuerza de voluntad o la prohibición directa sino que por el contrario, buscó modificar el entorno alimentario para que las decisiones saludables fueran más fáciles, especialmente para niñas y niños y que las menos saludables dejaran de ser la opción por defecto.

Por eso la regulación fue innovadora. No se limitó a incorporar sellos de advertencia en el frente de los envases. También restringió la publicidad dirigida a menores de edad de alimentos con altos contenidos de azúcares, sodio, grasas saturadas o calorías, eliminó estrategias de marketing que aumentaban su atractivo para los niños y estableció una protección especial en los establecimientos educacionales, regulando tanto la oferta como la promoción de estos productos.  La apuesta era que estas medidas generarían cambios tanto en los consumidores como en la industria alimentaria. Diez años después, la evidencia acumulada permite afirmar que esa hipótesis fue correcta.

Nuestras evaluaciones muestran que posterior a la implementación de la ley más del 90% de los consumidores comprenden qué alimentos son menos saludables y un 35% declara utilizar los sellos al momento de decidir sus compras, especialmente cuando se trata de productos nuevos o categorías de alimentos en las que desconocen su calidad nutricional. Al mismo tiempo, la industria respondió reformulando miles de productos para reducir el contenido de los nutrientes regulados por la ley. Un estudio del CIAPEC-INTA publicado en BMC Medicine mostró que la proporción de los productos más vendidos en Chile clasificados como «altos en» algún nutriente crítico cayó de 70,8% antes de la ley a 52,5% tras la implementación completa, con las caídas más marcadas en mermeladas y cremas untables (44 puntos porcentuales) y cereales de desayuno (40 puntos porcentuales).

El resultado ha sido una disminución sostenida en la compra (de un 16% en el caso de calorías hasta un 37% en el caso de sodio) y en el caso de niñas y niños, del consumo de alimentos con sellos de advertencia (reducciones de 10% de las calorías hasta 21% de azúcares). En conjunto, estos cambios hoy comienzan a traducirse en efectos en salud. Un estudio publicado en una de las revistas más prestigiosas de medicina y salud pública -The Lancet – siguió a más de 300 mil niños y niñas a través de los registros de la JUNAEB y encontró que la exposición a la primera fase de la ley redujo la probabilidad de exceso de peso al ingreso escolar en un 2,85% entre los niños y un 2,40% entre las niñas, con los mayores efectos en quienes estuvieron expuestos desde prekínder.

Sin embargo, no todas las voces coinciden con que estos cambios han sido beneficiosos. Se ha criticado que la ley ha tenido un impacto acotado sobre el consumo real de alimentos ultra-procesados, ya que buena parte de la reformulación se logró a expensas de sustituir azúcar por edulcorantes no calóricos. Otro estudio CIAPEC-INTA detectó que su uso en productos envasados subió de 37,9% a 43,6% tras la primera fase de la ley, un cambio que no está exento de dudas sobre sus propios efectos en la salud, particularmente en embarazadas y en la primera infancia. A esto se suma que algunos análisis sugieren un gradiente socioeconómico en los beneficios observados: los grupos más vulnerables —quienes más lo necesitan— no se habrían beneficiado de igual forma que los grupos con mejores condiciones socioeconómicas. Y por supuesto, el hecho de que las cifras de obesidad en nuestro país siguen siendo alarmantes.

Por lo mismo, reconocer los avances no significa pensar que la tarea está terminada. Por supuesto, ninguna política de esta naturaleza puede revertir por sí sola la epidemia de obesidad ni eliminar las profundas desigualdades que condicionan la alimentación. Los desafíos que enfrentamos hoy son distintos de los del 2016. Una parte importante de la publicidad migró hacia plataformas digitales, donde la regulación sigue siendo insuficiente, y nuevos formatos de marketing e influenciadores exponen a niños y adolescentes a estrategias mucho más difíciles de fiscalizar que la publicidad tradicional.

Al mismo tiempo, sabemos que América Latina y el Caribe es una de las regiones donde el costo de una dieta saludable se encuentra dentro de los más altos del mundo, y las decisiones sobre qué alimentos favorecemos desde la producción, cómo los distribuimos y qué tan disponibles están en los distintos territorios condicionan el acceso físico y económico de las comunidades a una alimentación saludable. En este contexto, las políticas de información siguen siendo indispensables, pero ya no son suficientes: será necesario complementarlas con medidas que fortalezcan sistemas alimentarios más saludables, incluyendo incentivos y medidas fiscales que faciliten el acceso a alimentos saludables y desincentiven el consumo de aquellos cuyo exceso genera mayores daños para la salud.

Estos desafíos ya no competen únicamente al sector salud. También involucran las políticas económicas, agrícolas, educativas y de protección social, porque todas ellas influyen en la forma en que producimos, distribuimos y accedemos a los alimentos. También requieren incorporar una perspectiva de género, reconociendo que las responsabilidades de compra, preparación y cuidado de la alimentación continúan recayendo de manera desproporcionada en las mujeres. En definitiva, promover una alimentación saludable implica repensar cómo entendemos el desarrollo y el bienestar: no solo en términos de crecimiento económico, sino también de las condiciones que permiten a las personas vivir vidas más saludables.

Diez años después, la pregunta ya no es si la Ley de Etiquetado funcionó. La verdadera pregunta de hoy es si como país seremos capaces de construir una segunda generación de políticas que responda a los desafíos actuales y continúe la transformación hacia sistemas alimentarios más saludables, equitativos y sostenibles para todas y todos.