El autor de esta columna sostiene que el debate sobre la delincuencia juvenil se ha concentrado en endurecer las penas para adolescentes, mientras problemas como la violencia que sufren los propios jóvenes, la salud mental y la deserción escolar reciben mucha menos atención, pese a que la evidencia sugiere que allí están los principales desafíos. Concluye que “aunque el número total de adolescentes infractores baja, los casos que persisten se concentran en un grupo más pequeño y se vuelven más violentos. Ese núcleo existe y hay que abordarlo. El punto es que la respuesta a ese grupo acotado no puede consumir la energía política que se debería destinar a proteger a la enorme mayoría de adolescentes que no delinquen, pero que sí mueren por violencia ajena o por sus propias manos, y que siguen esperando una escuela y un sistema de salud mental que los reciban de vuelta”.

Imagen de portada: Agencia Uno

Hace pocas semanas, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que pide al Presidente José Antonio Kast dar urgencia a un proyecto para bajar la edad de responsabilidad penal adolescente de 14 a 13 años, y endurecer las penas a los adolescentes de 16 y 17 años reincidentes o que cometen delitos graves. Se aprobó con 77 votos a favor y 40 en contra, días después del homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo, caso por el que detuvieron a un grupo de adolescentes. Poco después, el Senado aprobó en general un proyecto impulsado por el Gobierno para que los mayores de 16 años sean juzgados como adultos en delitos graves como homicidio o violación.

Es una reacción comprensible frente a un hecho atroz, pero vale la pena mirar los números tras la indignación. En Brasil, de las medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes por infringir la ley, el homicidio explica apenas 4,1% de los casos. Más del 60% son delitos contra la propiedad, hurtos y robos. En Chile, los ingresos a programas de responsabilidad penal adolescente cayeron de cerca de 20 mil en 2008 a 7.816 en 2022. Aunque luego repuntó, el perfil no cambió: varones de 16 y 17 años, principalmente por robo con violencia o hurto. En Colombia, unos 8 mil adolescentes son sancionados cada año por el sistema de responsabilidad penal por hurtos y porte de estupefacientes. En Argentina, la evidencia académica sostiene algo que aparece poco en el debate público: la participación de adolescentes en delitos es baja y está en descenso.

Sin embargo, cuando hablamos de adolescentes y violencia en América Latina, la conversación pública gira casi por completo en torno a ese grupo pequeño: cómo endurecer las penas; bajar la edad de imputabilidad; y cómo demostrar mano dura frente al delito juvenil. 

Mientras tanto, otro fenómeno de mayor en magnitud ocupa una fracción mínima de la misma conversación: 53.318 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en América Latina y el Caribe entre 2015 y 2022, con una tasa de homicidio de 12,6 por cada 100 mil habitantes —cuatro veces el promedio mundial—. En 2021, solo en las Américas, 18.157 personas de entre 10 y 24 años murieron por suicidio, tasa que ha crecido un 38% en dos décadas, el doble de rápido que en la población general.

Puesto en una frase: discutimos con una enorme energía política cómo castigar a los adolescentes que delinquen —grupo acotado y decreciente en varios países— mientras destinamos una fracción mínima de esa energía a ese grupo muchísimo más amplio que son víctimas de violencia o atraviesan crisis de salud mental que puede costarles la vida.

La contracara presupuestaria es elocuente. La región destina apenas un 3% de su gasto en salud a salud mental. De ese porcentaje escaso, el 80% va a hospitales psiquiátricos en lugar de atención primaria o prevención. El resultado: el 79% de las personas con trastornos mentales graves en América Latina no recibe tratamiento especializado. 

No es que falte evidencia sobre qué funciona. La investigación sobre justicia juvenil muestra, de forma consistente, que los sistemas centrados en salud mental, acompañamiento y reinserción reducen más la reincidencia que los enfoques punitivos. Y la evidencia sobre bajar la edad de imputabilidad —medida que hoy domina el debate en Chile— es igual de clara: no reduce los delitos. Este argumento se sostiene más por su capacidad de generar sensación de acción que por demostrar resultados.

EL OTRO PROYECTO DE LEY: EL QUE NO GENERA URGENCIA

Hay un ejemplo en Chile que ilustra esta asimetría con particular nitidez y que, rara vez, comparte titular con el debate sobre la imputabilidad. La deserción escolar empuja a los adolescentes hacia conductas delictivas y exposición a la violencia: el propio Servicio Nacional de Menores reconoce que la escuela no logra adaptarse a las necesidades de estos jóvenes, lo que precipita el abandono y éste incrementa el riesgo de infracción. Mantener a un adolescente en la escuela es una política de prevención tan relevante como cualquier medida de seguridad pública.

En Chile, cerca de 180 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera del sistema escolar sin haber completado su educación media y, de quienes se desvinculan en un año, solo uno de cada tres vuelve al siguiente.

Frente a este diagnóstico, el país cuenta con un proyecto de ley que crea una subvención especial para la modalidad educativa de reingreso. Comenzó su tramitación en el Congreso en 2021, en pleno impacto de la pandemia sobre la escolaridad. Recién en diciembre de 2025 pasó a tercer trámite constitucional y hoy espera que la Cámara de Diputados revise los cambios del Senado. En la sesión donde se discutió, los propios parlamentarios reconocieron la demora con una frase que dice más de lo que pretende: se valoró que en estos años se haya «perfeccionado su redacción».

Cuatro años para una política que busca devolver a la escuela a decenas de miles de adolescentes en riesgo social; frente a semanas para que una resolución sobre imputabilidad avance en el Congreso tras un solo caso —de máxima gravedad— pero aislado. No es que una política sea buena y la otra mala. Es que una genera urgencia política inmediata y la otra no, aunque la evidencia sugiere que la segunda incide más en el problema de fondo que la primera.

POR QUÉ MIRAMOS HACIA EL LADO EQUIVOCADO

La explicación no es sólo negligencia. Tiene que ver con cómo funciona la atención pública. Un homicidio cometido por un adolescente es un hecho puntual, visible, con un responsable identificable y una demanda de castigo que se puede satisfacer con una ley. Un adolescente que se suicida, que crece sin acceso a salud mental y que abandona la escuela sin que nadie note su ausencia, no genera la misma indignación. Es un sufrimiento privado y distribuido en miles de historias que no llegan a los titulares. Los sistemas políticos, tanto en educación como en seguridad, tienden a responder ante quien exige con ruido y no necesariamente a quien la evidencia dice que más lo necesita.

Esto no significa negar que exista un núcleo de violencia juvenil grave que merece una respuesta seria. La propia evidencia chilena muestra que, aunque el número total de adolescentes infractores baja, los casos que persisten se concentran en un grupo más pequeño y se vuelven más violentos. Ese núcleo existe y hay que abordarlo. El punto es que la respuesta a ese grupo acotado no puede consumir la energía política que se debería destinar a proteger a la enorme mayoría de adolescentes que no delinquen, pero que sí mueren por violencia ajena o por sus propias manos, y que siguen esperando una escuela y un sistema de salud mental que los reciban de vuelta.

Reequilibrar esta prioridad no es una cuestión de simpatía hacia unos y dureza hacia otros. Es, simplemente, mirar los números en la proporción correcta.