A partir de datos sobre confianza interpersonal, participación comunitaria y movilización social, el autor advierte que Chile enfrenta una profunda precariedad asociativa. La columna sostiene que «poblar el descampado es reequilibrar una conversación que durante décadas ha girado solo en torno al Estado y al mercado, como si fueran los únicos actores capaces de producir sociedad. No lo son. Entre ambos existe un tercer espacio —el de lo común— que es donde la vida se sostiene y donde la democracia se practica o se pierde».

Imagen de portada: vecinos de Santiago en una jornada de pintura de fachadas, en 2023 (Lukas Solís / Agencia Uno)

Entre la casa y la calle hay un enorme descampado. En la casa está la familia, los amigos, los vecinos de confianza —el círculo donde la gente se cuida, se ayuda, se organiza para lo cotidiano. En la calle está la protesta, la marcha, el estallido. Pero entre ambas no hay casi nada: no hay organizaciones con poder real, no hay espacios intermedios capaces de traducir el malestar en proyecto, no hay tejido que conecte lo personal con lo político. Ese descampado no es natural ni inevitable. Es el resultado de medio siglo de decisiones que fueron vaciando ese espacio.

Si hay algo de lo cual tanto la dictadura como los gobiernos democráticos son responsables es del empobrecimiento sostenido de la vida asociativa. La dictadura operó por represión directa —desarticuló organizaciones, persiguió dirigentes, instaló el miedo como régimen de sociabilidad—. La democracia, en cambio, gobernó bajo la lógica del individuo competitivo heredada del modelo neoliberal, privatizó el riesgo social y dejó que el mercado ocupara el lugar que antes ocupaba la comunidad. El efecto acumulado es una incapacidad creciente para organizarse y producir colectivamente lo social y lo público, lo que el Informe de Desarrollo Humano en Chile 2024 llama la crisis de agencia colectiva.

Según la serie de 30 años de encuestas del PNUD, la confianza interpersonal en Chile se sitúa hoy en un 15% —su valor más bajo desde que comenzó a medirse—. Para dimensionar la caída: era de 34% en 2016. El Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC), que sigue a cerca de 4.500 personas desde ese mismo año, es más lapidario: la confianza generalizada —en personas desconocidas— cayó de un 19% en 2016 a un 8% en 2023. 

Pero esa pérdida no es uniforme. Lo que el ELSOC revela es una retracción de la confianza hacia los espacios más próximos. En 2023, el 86% de los encuestados realizó acciones de apoyo social —prestar dinero, acompañar a alguien en problemas— y el 85% tuvo sociabilidad primaria, como visitar o recibir a vecinos. Nuestras investigaciones en Talca confirman el patrón: el 66% percibe las relaciones vecinales como buenas o muy buenas, el 75% saluda diariamente a sus vecinos. Los vínculos comunitarios existen: en la familia, en el grupo de amigos, en el pasaje, en los lazos del trabajo. Pero están encapsulados en la familiaridad del entorno inmediato.

Luego de estos vínculos primarios están los que toman forma asociativa. Chile tiene más de 200 mil organizaciones registradas, pero según la CASEN 2022 solo el 22% de las personas declara participar en algún tipo de organización —incluyendo iglesias—. No más del 7% declara participar en su junta de vecinos; en Talca, nuestros propios datos no superan el 10%. 

Pero el problema no es solo de cantidad. Las organizaciones comunitarias existen, pero funcionan encerradas en sí mismas: compiten por fondos en lugar de articularse, se circunscriben al espacio residencial inmediato, se entienden más como eslabón del aparato estatal que como actores autónomos, y han sido vaciadas de su capacidad de incidir en lo que les rodea. Una investigación acumulada durante una década en Chile describe este cuadro con precisión: heteronomía, contención, burocratización y despolitización. Tanto expertos como los propios dirigentes las ubican en los niveles más bajos de la escala de poder. La propia OCDE ha señalado que Chile enfrenta un déficit estructural en gobernanza participativa. Las organizaciones existen, pero están fragmentadas, despolitizadas y sin horizonte en lo público. Son un escalón, pero un escalón que no lleva a ninguna parte.

En el otro extremo, el propio ELSOC documentó que entre 2016 y 2019 la participación en movimientos sociales casi se duplicó, de un 21% a un 39%. Y los datos son aún más contundentes si se amplía el horizonte: según el PNUD, entre 2008 y 2018 la proporción de chilenos que participó en al menos una acción política —marchar, firmar, publicar, protestar— subió del 24% al 52%. En diez años, la mitad del país se movilizó de alguna forma. Y, sin embargo, en ese mismo período la confianza interpersonal y la participación en organizaciones no dejaron de caer. La energía colectiva existe, pero no encuentra cauce. Las personas pasaron directamente de sus casas a la calle, sin redes intermedias capaces de sostener ese impulso, procesarlo y proyectarlo. Cuando termina la marcha, la mayoría vuelve a su microespacio.

El problema no está en la ausencia de vínculos comunitarios. Está en la incapacidad de esos vínculos —primarios y organizativos— de producir, no solo refugio y bienestar cotidiano, sino también lo público, lo político, lo común. Un terreno medio vacío incapaz de traducir lo personal y lo cotidiano en político, incapaz de dar sentido social y público a lo comunitario.

Los gobiernos progresistas han hecho muy poco trabajo aquí. El último de ellos, el de Gabriel Boric, no fue la excepción, y en su caso la deuda es más difícil de justificar. El propio Presidente dijo en diciembre de 2022 que «una de las cosas que se instalaron en la dictadura en nuestro país fue la despolitización de la sociedad civil» y que el fondo de su proyecto político era «ceder poder y nosotros que lo tenemos, lograr traspasarlo a las comunidades de base». En 2018, un grupo transversal de senadores había ingresado al Parlamento un proyecto de reforma a la Ley 19.418 —la ley de juntas de vecinos— que ampliaba sus atribuciones, resguardaba su autonomía y las reconocía como actores territoriales. En 2020 el proyecto fue derivado a comisión, donde quedó guardado a la espera de que alguien lo pusiera en tabla. Nadie lo hizo. La reforma a la Ley 20.500 —el marco general de participación ciudadana, vigente desde 2011— ingresó al Congreso recién en septiembre de 2025, a meses del término del período, y el gobierno terminó con la tramitación apenas iniciada. Hubo logros reales en transparencia procedimental —más consultas ciudadanas, más rendición de cuentas—, pero el fortalecimiento estructural de las organizaciones territoriales, su autonomía y su poder efectivo, no apareció en la agenda. Hubo reconocimiento simbólico donde hacía falta transformación institucional.

Del gobierno de Kast poco cabe esperar. De hecho las señales son más bien de alarma: en sus primeros meses decretó un recorte de más de 32 mil millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social —el mismo que aloja los mecanismos de participación ciudadana y los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC)—, sin consultar a las organizaciones que esos espacios representan. Si se necesita una referencia de lo que puede ocurrir con un gobierno de ese signo ideológico a mayor escala, está el caso brasileño: en 2019, Bolsonaro extinguió por decreto casi 700 instancias de participación social.

¿Hay esperanza? Sí. El sustrato existe, y no está quieto. Cada día, múltiples organizaciones comunitarias —vecinales, temáticas, territoriales— trabajan para desbordar los bloqueos que las encapsulan. Ese esfuerzo cotidiano es la prueba de que el problema no es la voluntad, sino del lugar que la sociedad le ha venido dando a lo asociativo y a la participación comunitaria. Ese horizonte convoca también a las universidades y centros de pensamiento: producir conocimiento sobre lo comunitario, sistematizar experiencias, formar capacidades, interpelar a los actores políticos con evidencia. 

Hay experiencias que muestran que fortalecer ese sustrato es también una decisión política posible: los gobiernos del PT en Brasil construyeron durante una década una arquitectura participativa sin precedentes; el Frente Amplio impulsó en Uruguay en 2010 un tercer nivel de gobierno —89 municipios con alcaldes y concejales elegidos directamente— acercando las decisiones a la escala donde la vida comunitaria ocurre; en los países escandinavos el Estado reconoció y financió el tejido asociativo que ya existía; en Cataluña la red de Casals de Barri y Ateneus demostró que cuando los barrios tienen espacios propios con autonomía real, la vida asociativa prospera; en India, el estado de Kerala transfirió en 1996 un tercio de su presupuesto a asambleas locales de aldea, demostrando que esta apuesta no es patrimonio de ninguna cultura ni geografía. Y el antecedente chileno está disponible en la historia: la Promoción Popular de Frei Montalva (1964–1970) impulsó un crecimiento explosivo de organizaciones comunitarias y culminó en la Ley 16.880, primera ley que las reconoció como actores de la vida pública

El ciclo que viene —el de quienes quieran disputar el poder institucional al actual gobierno— no puede volver a llegar sin haber trabajado esta agenda. No como promesa de campaña, sino como construcción que comienza ahora, en conversación con las organizaciones que ya están en esa tarea. Poblar el descampado es reequilibrar una conversación que durante décadas ha girado solo en torno al Estado y al mercado, como si fueran los únicos actores capaces de producir sociedad. No lo son. Entre ambos existe un tercer espacio —el de lo común— que es donde la vida se sostiene y donde la democracia se practica o se pierde.