La autora de esta columna plantea que Chile enfrenta un rezago en investigación, desarrollo e innovación, y que la nueva Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento ofrece una oportunidad para acercar la ciencia al desarrollo productivo, siempre que exista un compromiso real del Estado y del sector privado. Sostiene que «es indispensable ahora aterrizar la nueva Ley con un reglamento pertinente y fiel al espíritu de sus objetivos. Integrar el aporte de expertas y expertos de la academia en su diseño e implementación para que nos aseguremos como nación que este marco legal cumpla sus fines».

Imagen de portada: Centro de I+D Nestlé Chile (Karin Pozo / Agencia Uno)

Durante junio fue aprobada en el Congreso Nacional la Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento. Un hito tanto por la amplia mayoría parlamentaria que obtuvo -sin votos en contra- como por la visión transversal sobre el rol insustituible de la ciencia en el desarrollo del país.

Esta nueva ley está llamada a marcar un punto de inflexión en la forma que hemos abordado hasta ahora la investigación y la innovación en Chile, especialmente en los sectores industriales, pero también a nivel social y cultural.

Si el nuevo marco legal se implementa bien -y el reglamento ministerial será un primer paso decisivo- podríamos crear un eslabón determinante en la cadena de valor que habilita transferir los beneficios del conocimiento y la innovación académica a la sociedad, particularmente en su impacto productivo.

No siempre han existido las condiciones necesarias en Chile para unir a la academia, el Estado y la actividad empresarial en una causa común que impulse una misma estrategia nacional de desarrollo.

Los países más avanzados usan intensivamente su capacidad de crear conocimiento para transferirlo al sector productivo, tecnológico y estatal, con una fuerte inversión en investigación y desarrollo financiada por el sector privado, que es, además, un motor clave de innovación empresarial.

En este campo Chile está atrasado. La inversión de los últimos 25 años en I+D ha rondado entre el 0,31% y 0,41% del PIB, muy lejos del promedio OCDE de 2,7%.

En este resultado el Estado tiene mucho que decir y hacer, pero también el sector privado está en deuda con la tarea. En las economías desarrolladas dos tercios de la inversión en I+D la aporta el sector empresarial, en Chile solo llega al 40%. Y la tasa de innovación empresarial según últimas cifras conocidas del INE alcanza un 10,7%, muy bajo frente al 50% promedio de la OCDE en este indicador.

Es evidente que se necesitan mayores esfuerzos públicos y privados en I+D, que sean coherentes y consistentes con la aspiración del país de crecer económicamente y alcanzar el pleno desarrollo a partir de la innovación científica y tecnológica.

Con pocos recursos, las universidades públicas hemos apostado por la creación de ciencia abierta y conocimiento de frontera, ampliando nuestra especialización, y creciendo sustancialmente en programas para la formación de capital humano avanzado que el país necesita. Hoy dos tercios de nuestra oferta educativa corresponde a estudios de postgrado.

Las universidades estatales nos hemos convertido en la mayor red académica de investigación y desarrollo de Chile, con presencia territorial en todas las regiones. Una columna vertebral de 18 universidades que realizamos el 40% de la investigación científica de alto nivel creada en el país.

Según el último ranking Nature Index 2025, que mide la producción científica de más alta calidad alrededor del mundo, en el top 20 de instituciones científicas en Chile, 19 son universidades, la mayoría estatales y tradicionales. Recién en el lugar 20 aparece la ESO, una de las organizaciones astronómicas más importantes del mundo y precursora del observatorio ALMA en Chile.

Tenemos como país un liderazgo en Latinoamérica en producción científica y nos ubicamos entre los 50 países más innovadores del mundo, pero nuestras capacidades de innovación tienen barreras y restricciones para mejorar el impacto de la ciencia abierta en la productividad, en la innovación y la transferencia tecnológica.

Esta nueva ley debería contribuir a dinamizar y acrecentar el aporte de las universidades estatales al ecosistema de innovación y desarrollo nacional.

Al crear la figura de las Empresas con base científica-tecnológica y habilitar condiciones para que las universidades podamos crear o participar en ellas asociadas también con otros actores públicos y privados, se ayudará a mejorar la investigación, la creación, la transferencia e intercambio de tecnología y conocimiento desde las instituciones de educación superior hacia la sociedad, para satisfacer necesidades sociales y culturales, pero también para una mejor articulación con el sistema productivo.

Otro aspecto relevante de esta Ley a destacar es que explicita el deber del Estado -a través de sus universidades- de fomentar la Ciencia Abierta. El acceso abierto a publicaciones científicas, datos y códigos en un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica que estimulará la innovación compartida en el país.

Y no menor, es la regulación de un marco normativo más claro para proteger la propiedad intelectual, industrial y el derecho de universidades y académicos, que tendrán ahora un régimen regulado para favorecer la transferencia tecnológica en un ecosistema con mayor certidumbre jurídica e incentivos.

Es indispensable ahora aterrizar la nueva Ley con un reglamento pertinente y fiel al espíritu de sus objetivos. Integrar el aporte de expertas y expertos de la academia en su diseño e implementación para que nos aseguremos como nación que este marco legal cumpla sus fines.

Luego debemos pasar de la norma a las obras. Y acá será imprescindible un cambio también en la cultura y la mentalidad de nuestras autoridades, para ser consecuentes con la estrategia de desarrollo que nos hemos dado como país.

Se viene planteando hace meses la urgencia de recuperar el crecimiento económico, levantar el empleo – especialmente femenino y juvenil-, dar saltos en productividad y ser protagonistas en la era de la IA y la economía digital.

También nos preocupa como sociedad el acceso a salud oportuna, vivienda digna y educación de calidad. La situación de las pensiones, el envejecimiento, la convivencia cívica, la salud mental, el cuidado de la niñez.

Ninguno de estos desafíos es factible de enfrentar si no invertimos en educación, en formación avanzada, en investigación, desarrollo e innovación.

Chile necesita más inversión en I+D. No menos. Y los recortes realizados en universidades y proyectos científicos va en dirección contraria a las necesidades prevalentes del país.

De forma muy seria y responsable: no hay margen real para un ajuste financiero en las universidades estatales sin afectar la calidad de la educación pública, el trabajo científico, su impacto productivo y territorial.

Esperamos que esa tendencia se revierta y se comprenda que los desafíos planteados por el Presidente en su cuenta pública, en materia de crecimiento, empleo, seguridad y liderazgo tecnológico, son imposibles de lograr sin educación superior, sin formación de capital humano avanzado, imposibles sin investigación científica de frontera y colaboración estrecha entre las universidades, el mundo productivo y social.

La innovación al servicio de la productividad con mejores empleos y crecimiento depende de un círculo virtuoso entre investigación científica y desarrollo. Las publicaciones científicas solo son el primer paso.

Muchas veces hemos escuchado de logros científicos en Chile en áreas tan diversas como salud, energía, minería, robótica o biotecnología, que quedan estancados en sus aplicaciones prácticas por falta de inversión privada y desarrollo productivo.

Esperamos que esta nueva Ley estimule una mayor colaboración pública y privada entre las universidades y el sector productivo del país. Y sea una confirmación de la necesidad estratégica de seguir financiando la investigación y desarrollo en Chile.

Sin recursos para la ciencia universitaria no hay progreso ni desarrollo humano posible en Chile.