El autor de esta columna alerta sobre lo que implica para las comunas rurales que se aprueba la exención de contribuciones a mayores de 65 años. Y tras dar datos, propone «dos cosas al Senado, que tiene la palabra este mes. Primero, que la compensación sea total —los US$200 millones, no solo US$130—, automática y escrita en la misma ley, con una fórmula que pondere la dependencia del FCM de cada comuna: a mayor dependencia, mayor garantía. Segundo, que ningún senador vote en particular sin tener a la vista el impacto comuna por comuna».

Imagen de portada: Francisco Castillo / Agencia Uno

El pasado 2 de julio, en La Moneda, el Ministerio de Hacienda cerró la puerta a la propuesta de los alcaldes de focalizar la exención de contribuciones para los mayores de 65 años, una de las medidas centrales de la megarreforma que el Senado discute en particular durante estas semanas. La foto fue elocuente: jefes comunales de todos los colores políticos —de Las Condes a Maipú, de Vitacura a Quinta Normal— pidiendo lo mismo, y un gobierno resuelto a que el beneficio sea universal. Pero en esa mesa faltaba una silla: la del Chile rural. Que es, aunque casi nadie lo ha dicho, el que arriesga pagar la cuenta.

Conviene explicar la paradoja. El proyecto exime del pago de contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años, sin distinguir patrimonio ni ingresos. Suena a justicia elemental. El detalle es que hoy ya está exenta de contribuciones toda vivienda con avalúo fiscal bajo los 60 millones de pesos. Por eso, según cifras del propio Ministerio de Hacienda, de los 1,54 millones de personas mayores propietarias de una vivienda, 1,14 millones ya no pagan nada: casi tres de cada cuatro. El universo real del nuevo beneficio es la minoría que habita propiedades de avalúo alto.

En Longaví, donde vivo, y en las comunas de la provincia de Linares donde trabajo con clubes de adulto mayor, esa minoría prácticamente no existe. Las casas de los socios que conozco llevan años —décadas— sin pagar una cuota de contribuciones, porque sus avalúos están muy por debajo del tramo exento. Para ellos, la exención anunciada no cambia un peso del presupuesto familiar. El alivio se sentirá donde los avalúos superan largamente el umbral: en las comunas de mayores ingresos del país.

La cuenta, en cambio, sí cruza el Maule. El impuesto territorial es el corazón del Fondo Común Municipal: aporta cerca del 57% del fondo, porque cada comuna entrega el 60% de lo que recauda por contribuciones. Y el FCM es, literalmente, el sueldo de las comunas rurales. Según los datos oficiales del SINIM (Sistema Nacional de Información Municipal), en Longaví representa el 82% de los ingresos propios municipales; en Retiro, el 76%; en Parral, el 71%; en Linares, el 68%. En Las Condes, el 2,4%. Cuando se eximen contribuciones en las comunas de altos avalúos, la merma no la sienten esas comunas: la siente el fondo del que viven las que no tienen casi nada más. Hacienda calcula que la medida significa 200 millones de dólares menos de recaudación al año: 130 corresponden al FCM y existe compromiso de reponerlos por ley; los otros 70, de recaudación municipal directa, se pierden definitivamente.

Sé que cuestionar un alivio tributario a las personas mayores suena ingrato. Nadie en esta discusión está en contra del beneficio. Los propios alcaldes propusieron mantenerlo completo para quien no puede pagar y acotarlo solo en viviendas de más de 250 millones de pesos cuyos dueños tienen ingresos sobre los 3 millones mensuales. Hacienda respondió que la exención será universal. Frente a ese diseño, hay dos letras chicas que conviene no saltarse.

La primera: la promesa de compensación cubre una parte, no el todo. Reponer los 130 millones de dólares del FCM en la misma ley —y expresados en UF— es un avance real. Pero los 70 millones restantes desaparecen del sistema municipal, y desaparecen justo del ítem que financia salud primaria, alumbrado, recolección y programas sociales: los servicios que más usan, precisamente, las personas mayores.

La segunda: las compensaciones alternativas que se han ofrecido rinden donde hay ciudad. Ayudar a cobrar patentes comerciales impagas, condicionar el permiso de circulación al pago de derechos de aseo, repartir una prima calculada con criterios de población flotante y zonas turísticas: todo eso suma en comunas con comercio denso, parque automotor grande y turistas. En el secano de Linares, esa recaudación es marginal. La fórmula, tal como se ha esbozado, no describe nuestro territorio.

Me atrevo, entonces, a proponer dos cosas al Senado, que tiene la palabra este mes. Primero, que la compensación sea total —los 200 millones, no solo 130—, automática y escrita en la misma ley, con una fórmula que pondere la dependencia del FCM de cada comuna: a mayor dependencia, mayor garantía. Segundo, que ningún senador vote en particular sin tener a la vista el impacto comuna por comuna. Esos números existen —la Subdere ya los calculó y los traspasó a los municipios—; corresponde que se publiquen y que las audiencias escuchen también a los municipios rurales, no solo a los metropolitanos que han llevado la vocería.

La pregunta de fondo es simple: ¿quién financia el alivio a los mayores, el Estado central o los servicios municipales de las comunas más pobres? En Longaví, el beneficio apenas se va a notar. La cuenta, sí.