El autor de esta columna sostiene que la legalidad y la técnica son condiciones indispensables para el ejercicio del poder, pero insuficientes por sí solas. Afirma que la legitimidad de las decisiones públicas también depende de la empatía, la prudencia y la capacidad de comprender sus efectos sobre las personas. Concluye que «si dejamos que las máquinas adopten decisiones públicas, cedemos, en parte, la clave soberana sobre la cual descansa nuestra sociedad y corremos el riesgo cierto de cederla en manos de quienes controlan estas tecnologías o, al menos, las entienden».

Imagen de portada: Claudio Rojas / Agencia Uno

Los desafíos actuales del ejercicio político lo enfrentan a un camino dicotómico: por una parte, tomar decisiones públicas —que son esencialmente políticas— pero buscar su legitimidad únicamente en consideraciones técnicas o legales, como si su resultado fuese una consecuencia inevitable, neutra y aséptica. O, por otra, tomar el camino que incorpora —además de la técnica— la dimensión humana.

La primera opción no es inocente, sobre todo si lo que se busca es un atajo para evitar el costo político de los efectos de la decisión. Por eso, cuando un camino político se disfraza de “técnica”, no deja de ser política. Solo se vuelve menos transparente.

Gobernar implica ejercer el poder por medio de decisiones cuyo impacto público es evidente. Por eso, su dinámica se encuentra jurídicamente regulada en la Constitución y en el ordenamiento legal: los órganos y autoridades públicas solo pueden actuar dentro de las competencias y atribuciones que este les otorga expresamente. Se trata de una exigencia que no es secundaria, sino que constituye la piedra angular del Estado de Derecho y un límite indispensable frente al poder.

Ahora bien, existe consenso en que la sola habilitación legal no agota la legitimidad de una decisión pública. Una medida puede encontrarse jurídicamente correcta y, aun así, ser cuestionada desde el punto de vista político, ético o humano. La ciudadanía no solo evalúa si la autoridad actúa de una manera ajustada a la ley, sino que, además, cómo lo hace, pondera el momento en que se implementa y respecto de quién. En otras palabras, la técnica puede sustentar formalmente una decisión, pero no siempre alcanza para volverla legítima y comprensible a ojos de quienes reciben sus efectos.

Esta legitimidad, en términos simples, dice relación con la aprobación o desaprobación que una comunidad que se ve obligada a cumplir una decisión sin tener la posibilidad de resistirse a ella por ser esta emanada de quien detenta el poder.

Este componente, eminentemente subjetivo, cobra especial relevancia en tiempos actuales, donde existe una sociedad hiperconectada y en la cual los medios de difusión están dispersos en manos de la ciudadanía. Encuestas de opinión, causas espontáneas, reels, noticias falsas y otras formas de circulación pública del malestar o de la adhesión inciden hoy en la recepción de toda decisión pública.

Una forma de observar este fenómeno se encuentra en la evolución de la aprobación presidencial. En la última década, si se consideran mediciones como la Cadem, los gobiernos han iniciado sus mandatos con niveles promedio de aprobación cercanos al 55%; hacia la mitad del periodo, esa cifra desciende en torno al 18%; y, al momento de concluir, se ha estabilizado aproximadamente en un 33%. Todos han gobernado bajo el imperio de la ley, en un Estado de Derecho, pero con distinta suerte en materia de legitimidad política y social.

Y aquí es donde aparece una dimensión frecuentemente subestimada en el ejercicio del poder: la empatía. Gobernar no consiste únicamente en aplicar normas de manera automática, sino también en ponderar circunstancias, medir sus impactos y comprender que los efectos que producen se expresan en personas concretas, con trayectorias de vida diversas, fragilidades y contextos que no pueden ser tratados como simples variables abstractas.

Por eso, gobernar exclusivamente bajo la religión del algoritmo resulta problemático. Cuando las decisiones se adoptan solo a partir de datos, se corre el riesgo de excluir dimensiones esenciales de la vida en sociedad. De allí que una política pública orientada a proteger a una minoría, desde ciertos indicadores, pueda aparecer como una decisión ineficiente o incluso innecesaria, pero, desde una perspectiva humana, puede resultar indispensable para producir equidad, inclusión y reconocimiento.

CONSIDERACIONES HUMANAS

La tecnología hoy ayuda cada vez más a ordenar, sistematizar y entregar resultados. Sin embargo, ninguna lógica mecánica puede sustituir la actividad humana del discernimiento, la responsabilidad, la sensibilidad frente a la realidad ajena y la comprensión del contexto en el que se desarrollan los efectos de las decisiones. Ante este inexorable avance, se hace imprescindible que la política reivindique su dimensión humana y no abrace ciegamente la religión del algoritmo como un mantra.

Por eso, ante el desafío de tomar decisiones públicas solo desde la asepsia y la neutralidad técnico-legal o desde la perspectiva de las personas, lo cierto es que no se trata de tomar un camino u otro: lo que se debe evitar es, precisamente, el desbalance o la anulación de una en favor de otra.

La técnica puede producir decisiones impecables en su forma, pero profundamente insensibles en sus efectos, como podría ocurrir, por ejemplo, con la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y las consecuencias sociales que se avizoran.

A su vez, la empatía sin técnica, por muy nobles que sean sus intenciones, puede abrir la puerta a decisiones erráticas o derechamente ilegales, como lo demostró la fallida compra del inmueble del expresidente Salvador Allende. El desafío actual de la política, del buen gobierno, existe —entonces— como una articulación que considere ambas dimensiones: legalidad en su estructura y humanidad en su ejercicio.

En un contexto en el que el avance de la tecnología hace, sin duda, que las máquinas se asemejen cada día más a quienes toman decisiones públicas, lo que se debe evitar es que estos dispositivos y artefactos se mimeticen con las personas que encabezan dichas determinaciones.

De otro modo, si dejamos que las máquinas adopten decisiones públicas, cedemos, en parte, la clave soberana sobre la cual descansa nuestra sociedad y corremos el riesgo cierto de cederla en manos de quienes controlan estas tecnologías o, al menos, las entienden.

La prudencia, el sentido de oportunidad y la consideración humana no son debilidades del poder. Muy por el contrario: constituyen una cara de su mejor versión. Porque, por mucho que la política se vista de técnica, política se queda.