Señor director:

El debate sobre el endurecimiento de las sanciones para adolescentes que cometen delitos graves exige responsabilidad y altura de miras. No puede reducirse a una disputa partidista ni utilizarse con fines políticos. La seguridad demanda decisiones fundadas en evidencia y en sus efectos reales.

Es necesario exigir que las sanciones se establezcan de acuerdo con la gravedad del delito, pero sin desconocer que la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculante para Chile, exige que la respuesta penal considere la edad del infractor y favorezca su reintegración. Ello supone un sistema especializado y distinto del aplicable a los adultos.

Una política de seguridad no puede limitarse a aumentar los años de privación de libertad. Salvo casos excepcionales, esos jóvenes recuperarán su libertad y volverán a la comunidad. La pregunta no es solo cuánto tiempo permanecerán privados de libertad, sino en qué condiciones egresarán.

Si durante el cumplimiento de la sanción no acceden a educación, tratamiento, capacitación, intervención psicosocial y procesos de responsabilización, el riesgo de reincidencia persiste. Sancionar y reinsertar no son objetivos excluyentes. Pensar en el egreso no debilita la respuesta penal. Significa proteger a la sociedad, prevenir nuevas víctimas y procurar que la privación de libertad sea una oportunidad efectiva de cambio, por el bien de los adolescentes que han cometido delitos y por el bien de la sociedad.