La autora de esta columna escrita para CIPER analiza los argumentos dados por el gobierno para las modificaciones que anunció al Sistema de Admisión Escolar. Sostiene que hoy el SAE tiene una virtud igualadora: cuando hay más postulantes que cupos, todos los niños tienen la misma probabilidad de entrar. Concluye que «una última cosa, mucho más relevante: nada de esto toca lo más urgente. La discusión sobre cómo repartir  los cupos no cambia lo que ocurre dentro de la sala de clases, que es donde deberían estar las prioridades. Solo cambia cómo se distribuyen los alumnos entre colegios. Mientras debatimos cómo repartir, seguimos sin debatir cómo mejorar los aprendizajes».

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

El gobierno presentó hace unos días un proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la  plataforma centralizada que asigna los cupos según las preferencias que las familias declaran. Actualmente, si la demanda supera las vacantes, los cupos se asignan de forma aleatoria, salvo algunas excepciones que dan prioridad a hermanos de alumnos actuales, hijos de funcionarios, alumnos más vulnerables y, en ciertos  casos, excelencia académica previa. 

El proyecto propone que el sistema actual sea optativo para los colegios con sobredemanda, que podrán  escoger un mecanismo alternativo en el que el colegio define sus propios criterios de selección, que podrían  incluir notas, entrevistas, informes de asistencia, la adhesión al proyecto educativo, o incluso la cercanía de  residencia. Para justificarlo, el Ejecutivo sostiene tres ideas: ponderar el mérito, resguardar proyectos  educativos distintos y que los padres «vuelvan a elegir». Vale la pena examinar las tres. 

Para ponderar el mérito no se requiere un sistema alternativo como el propuesto. El sistema actual ya lo  considera de forma parcial: los establecimientos designados como de «alta exigencia» pueden reservar hasta  el 30% de sus cupos para alumnos que en su colegio previo estuvieron dentro de aquellos con mejor desempeño. Ese mecanismo puede ampliarse a más colegios o aumentar en su porcentaje. Reconocer el mérito no exige, entonces, un sistema paralelo que devuelva la discrecionalidad a los establecimientos. 

Tampoco el SAE limita la existencia de proyectos educativos distintos: no le dice a ningún colegio qué enseñar ni cómo definir su identidad. Lo que hace es otorgar a las familias el derecho de elegir el colegio y limitar a los colegios la posibilidad de elegir a sus alumnos. Usar la «adhesión al proyecto educativo» como criterio de admisión no es lo mismo que tener un proyecto distinto: convierte ese proyecto en un filtro de estudiantes. 

El tercer argumento es el más discutible y también el más revelador: «que los padres vuelvan a elegir». Llama la atención, porque el SAE, por definición, fortalece la elección de los padres: son ellos quienes  declaran y ordenan sus preferencias. Se ha argumentado que, como una proporción de los estudiantes no queda en su primera preferencia, los padres no estarían eligiendo de verdad. Pero ese problema no es del  SAE: si un colegio tiene más postulantes que cupos, no todos pueden entrar, y eso ocurriría con cualquier sistema de admisión. En un colegio con sobredemanda, cualquiera sea el mecanismo, siempre habrá niños que no serán admitidos. Atribuir eso al SAE es errar en el diagnóstico. 

La diferencia real está en cómo se reparte esa escasez de cupos. Y ahí el SAE tiene una virtud  igualadora: cuando hay más postulantes que cupos, todos los niños tienen la misma probabilidad de  entrar, sin importar su nivel socioeconómico, las características de su familia o sus habilidades.

Devolver a los colegios el poder de seleccionar rompe esa virtud. Si el colegio elige, algunos alumnos pasan a tener más probabilidad de ingresar que otros. Y la admisión es un juego de suma cero: si para unos aumentan las probabilidades de ser admitidos, para otros disminuyen.

Entonces, ¿es mejor que todos tengan la misma probabilidad de entrar a su colegio de primera preferencia, o que el colegio elija a quién entrega el cupo? La respuesta depende de a quiénes terminen priorizando los establecimientos, y eso depende, a su vez, de qué herramientas se les permita usar para seleccionar. 

La evidencia, nacional e internacional, es bastante concluyente en este punto. Cuando se usan entrevistas a  los padres, con frecuencia terminan operando como selección social encubierta. Por esa razón, países que  antes las permitían, como Inglaterra, las han prohibido. Algo similar rige en Estados Unidos para el acceso a las charter schools (equivalentes a los colegios particulares subvencionados), donde tampoco está permitido. 

¿Y si se usa el otro criterio que abre el proyecto del gobierno: priorizar a quienes viven más cerca? Volveríamos a beneficiar a los niños cuyos padres pueden pagar una vivienda cercana a un buen colegio, en desmedro de los que viven en zonas más empobrecidas, donde además hay menos colegios de alto rendimiento. La evidencia internacional muestra el mismo efecto: la prioridad por cercanía desfavorece a los alumnos de menores recursos. A ello se suma un perjuicio adicional, los colegios más demandados elevan el precio de la vivienda en su entorno. Y en ciudades tan segregadas como las chilenas, cualquier criterio de proximidad traslada esa segregación residencial directamente a la escuela. 

Conviene recordar cómo era antes del SAE. No todas las familias tenían la misma probabilidad de entrar a  un colegio demandado: las que tenían más conexiones, más información y mayor nivel educacional sabían qué puertas tocar. El sistema centralizado les quitó esa ventaja, y por eso hoy sienten que perdieron capacidad de elección. Al mismo tiempo, obligó a los colegios a aceptar un alumnado más diverso, lo que  incomodó a los establecimientos acostumbrados a seleccionar a quienes preferían educar. 

El SAE, efectivamente, les quitó a algunas familias la capacidad de influir para asegurar un cupo. Pero, a cambio, muchas otras —las que no tenían conexiones, las de menor nivel socioeconómico, las que nunca habrían sabido a quién llamar— ganaron la posibilidad de entrar a esos colegios en igualdad de condiciones.  Por eso la pregunta de fondo no es si queremos volver a elegir, sino si queremos volver a permitir que  algunos tengan la capacidad de influir. 

Una última cosa, mucho más relevante: nada de esto toca lo más urgente. La discusión sobre cómo repartir  los cupos no cambia lo que ocurre dentro de la sala de clases, que es donde deberían estar las prioridades. Solo cambia cómo se distribuyen los alumnos entre colegios. Mientras debatimos cómo repartir, seguimos sin debatir cómo mejorar los aprendizajes.