El gobierno envió esta mañana un avión con 37 brigadistas especializados en rescates y ayuda humanitaria rumbo a Venezuela, país que fue azotado el miércoles por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 , con una diferencia de segundos entre uno y otro. Al cierre de esta edición se informó de un saldo de 211 personas fallecidas y 1.261 heridas, además de alrededor de 250 edificios destruidos o con daño estructural severo.

El Ejecutivo anunció que este será el primero de dos vuelos con ayuda con alimentos no perecibles, materiales de construcción y medicamentos. La decisión se adoptó pese a que Chile y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en julio de 2025 y a que desde enero de ese mismo año no existe consulado chileno en ese país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, señaló que “frente a esta tragedia, lo primero son las personas. Nosotros nos hemos puesto a disposición en este esfuerzo; estamos muy orgullosos de haber podido contar con un equipo extraordinario como el que está yendo a Venezuela”.

Los terremotos generaron cientos de muertos y heridos (Créditos: Marcos Salgado / Xinhua /Agencia Uno)

Un reportaje publicado este jueves por Reportea reveló nuevas conversaciones por WhatsApp entre el abogado Luis Hermosilla, actualmente investigado por el caso que lleva su apellido, y la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Lilian Leyton, además de la jueza del Primer Juzgado Civil de Santiago, Isabel Zúñiga. Según la publicación, las magistradas entregaban información sobre causas, integración de salas, conformación de ternas y nombramientos judiciales, mientras Hermosilla realizaba gestiones para favorecer sus ascensos en el Poder Judicial.

De acuerdo con el reportaje, los chats muestran que a cambio de la información que recibía, Hermosilla habría intervenido ante el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera para apoyar el nombramiento de Leyton como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2019. Asimismo, el abogado habría impulsado la candidatura de Zúñiga para asumir como titular del Primer Juzgado Civil de Santiago en 2018. También, aparece mencionado en varios diálogos el exministro del Interior Andrés Chadwick.

Lilian Leyton (Créditos: Primer Tribunal Electoral)

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpables este jueves a cinco personas por los delitos de incendio reiterado, hurto en concurso con secuestro simple, hurto y porte ilegal de arma. Entre ellas se encuentra Pelentaro Llaitul Pezoa, uno de los hijos del líder histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca, quien cumple una condena de 23 años de cárcel por delitos relacionados con la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La sentencia para Llaitul Pezoa y los otros condenados será leída el 13 de julio. El Ministerio Público solicitó penas de entre 59 y 71 años de cárcel para los acusados, a quienes atribuye una serie de delitos cometidos el 22 de noviembre de 2022 en distintos puntos de la Región de La Araucanía, donde incendiaron camiones, maquinaria pesada y un campamento forestal.

Imagen de la audiencia de hoy (Créditos: Patricio Aguayo / Agencia Uno)

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios y resolvió que el tribunal competente para continuar con la causa es el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La decisión fue adoptada tras una audiencia en la que la Fiscalía presentó una acusación por 12 delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos. La jueza Estefanía Asenjo Arellano determinó que la competencia corresponde a Antofagasta, al establecer que el primer acto de ejecución del presunto fraude fue la firma, el 1 de julio de 2022, de un convenio entre la Seremi de Vivienda de esa región y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo).

El tribunal acogió la postura de la Fiscalía Regional de Antofagasta y ordenó devolver los antecedentes a la Corte de Apelaciones de esa ciudad para que decida si mantiene su resolución previa de remitir la causa a Santiago. Si el tribunal de alzada insiste en esa decisión, se generará una contienda de competencia que deberá resolver la Corte Suprema.

El denominado Caso Convenios es una investigación por presuntas irregularidades en la transferencia de recursos públicos desde organismos del Estado a fundaciones privadas, principalmente mediante convenios suscritos por seremías y gobiernos regionales. Las pesquisas apuntan a eventuales delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y lavado de activos, por la presunta asignación irregular de fondos fiscales a entidades sin experiencia suficiente o vinculadas políticamente con autoridades.

Imagen de una audiencia anterior del caso, en Antofagasta (Cristofer Devia / Agencia Uno)