La Contraloría General de la República (CGR) determinó la apertura de sumarios que afectarán al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Subsecretaría de la Niñez por “desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar” en el caso de los niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron al país y no había registro de su ubicación y situación.

La noticia explotó luego de que se dio a conocer el preinforme de la CGR, pero durante esta jornada la contralora Dorothy Pérez detalló las conclusiones del informe final sobre esta materia en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. La CGR detectó incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar como certificados vencidos o no legalizados y la ausencia de documentos obligatorios. Al igual que un memorándum que flexibilizó el procedimiento de ingreso al país.

Los 64 niños haitianos que no fueron ubicados en primera instancia fueron encontrados por la PDI, la mayoría de ellos escolarizados. El gobierno había reaccionado creando una fuerza de tarea convocando a los tres poderes del Estado.

(Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

La noche de este martes, el Tribunal Constitucional (TC) informó que cuatro de los ocho artículos de la ley “Escuelas Protegidas” fueron declarados inconstitucionales, incluyendo la que dejaba sin derecho a gratuidad universitaria a los estudiantes que fueran sancionados. La ley, impulsada por el gobierno, ya fue aprobada por el Congreso, pero parlamentarios de oposición presentaron recursos que fueron acogidos parcialmente por el TC.

En un comunicado, el organismo dio cuenta de las medidas que descartó de la ley que busca combatir la violencia en los establecimientos educacionales. Entre ellas, que cuando un estudiante se niegue a revisión de mochilas, el sostenedor del establecimiento entregue los antecedentes a Carabineros o a la PDI para proceder penalmente. Además, las sanciones por interrumpir las clases y usar vestimentas que promuevan o hagan apología o alusión a la violencia, las drogas o conductas delictuales.

La senadora DC Yasna Provoste, quien fue una de las parlamentarias que acudió al TC, señaló que “desde el inicio sostuvimos que enfrentar la violencia escolar era una necesidad legítima, pero que no podíamos transformar las escuelas en espacios de control policial ni establecer castigos que afectaran el derecho a la educación. El TC nos ha dado la razón en aspectos esenciales del proyecto, declarando inconstitucionales normas que permitían registros policiales a estudiantes, sanciones asociadas a la gratuidad y disposiciones ambiguas que podían afectar derechos fundamentales”.

La posibilidad de revisar mochilas se mantiene, pero ante la negativa del estudiante, el colegio debe llamar al apoderado, no a Carabineros (Créditos: José Campos / Agencia Uno)

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó abrir un sumario administrativo contra el ministro de ese tribunal, Alejandro Aguilar, luego de que Reportea diera a conocer conversaciones entre el juez, el abogado Luis Hermosilla y el ahora embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik.

En los chats revelados por el citado medio, quedó registro de conversaciones en que Zaliasnik le pide a Hermosilla hacer gestiones para asegurar el nombramiento de Aguilar en el tribunal de alzada capitalino, cuando el magistrado integraba la terna de candidatos al cargo. Los mensajes muestran al primero pidiendo apoyo del segundo para Aguilar, a lo que Hermosilla respondió con un “¡¡¡Apoyo total!!!”. Tras el nombramiento del juez en la Corte, de parte del ahora embajador en Israel hubo “agradecimientos por vuestra ayuda, la cual fue fundamental para esta inmensa alegría que me embarga”.

Alejandro Aguilar (Créditos: Poder Judicial)

Este miércoles, el Senado aprobó en general la megarreforma tributaria que ingresó el gobierno. Fue aprobada con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención del senador Pedro Araya (PPD). La iniciativa pasa ahora a las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo para su revisión en particular.

Parlamentarios de oposición han cuestionado el proyecto de ley pues argumentan que la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% no está compensada y que afecta directamente al ingreso de los municipios, entre otras críticas. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido que la iniciativa es deficitaria, opinión que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha desestimado.

Quiroz celebró el triunfo: “Agradecer a los parlamentarios, tanto del oficialismo y de la oposición por esta jornada. Este es un paso más en el avance de este proyecto de ley sumamente relevante para el país, que busca recuperar nuestro crecimiento y esperanza en el empleo, en las remuneraciones, en la prosperidad y desde luego en la reconstrucción de Ñuble y Biobío”.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)