El autor de esta columna dice que “sostener la vigencia del CAE en el escenario actual equivale a validar que el Fisco actúe como una agencia de cobranza de activos abstractos cuyo valor nominal se edifica directamente sobre la degradación psicosocial y el despojo patrimonial de sus profesionales”. Y sostiene su opinión en declaraciones de autoridades y análisis de centros de pensamiento.

Imagen de portada: foto referencial (Jorge Díaz / Agencia Uno)

El debate en torno al Crédito con Aval del Estado (Ley N° 20.027) ha abandonado definitivamente la esfera de la discusión ideológica y la gestión presupuestaria para transformarse en una certeza técnico-forense: el sistema jamás funcionó como una política pública de movilidad social, sino como un dispositivo de extracción patrimonial forzada dotado de un dolo estructural. Las evidencias acumuladas durante el último periodo, lejos de responder a fallas coyunturales o errores de cálculo de una burocracia ineficiente, demuestran la existencia de una asimetría matemática diseñada para asfixiar el mínimo vital de la base trabajadora en beneficio de balances financieros indexados.

El hito que termina por sepultar la defensa moral del modelo ocurrió el pasado 10 de junio de 2026. En una comparecencia pública de alta trascendencia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro, reconoció de forma tácita que la arquitectura de financiamiento original del CAE se cimentó sobre supuestos macroeconómicos insostenibles. Al admitir que el aparato estatal persistió en la aplicación de este instrumento a sabiendas de su inviabilidad de retorno para las familias chilenas, la máxima autoridad fiscal de la República validó una premisa devastadora: el Estado operó con plena conciencia del daño intrínseco que causaba. Tras esta confesión, la narrativa del «deudor irresponsable» queda disuelta; lo que queda al descubierto es una exacción institucionalizada ejecutada bajo el amparo de la fe pública.

Esta admisión del Ejecutivo no es un hecho aislado, sino el corolario técnico de un diagnóstico macroeconómico que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya había desnudado en enero de 2026 en su Informe Final sobre el Mercado de la Educación Superior. El organismo antimonopolios demostró matemáticamente cómo las instituciones de educación superior capturaron los recursos públicos mediante anomalías severas de competencia y márgenes comerciales (markups) artificialmente inflados, que en ningún caso se justificaban por criterios de calidad (Pág. 246-349). La FNE constató, además, una asimetría de información crítica: las casas de estudio ocultaron de forma sistemática variables esenciales de empleabilidad real y expectativas de renta, entregando folletería genérica y desalineada del mercado laboral.

La consecuencia forense de este ecosistema viciado fue la destrucción sistemática del Valor Presente Neto (VPN) de las carreras universitarias y técnicas entre los años 2007 y 2023. En términos sencillos, el Estado forzó a la población a firmar un pasivo financiero real, cierto y severamente exigible, para adquirir a cambio un activo laboral inflado, incierto y completamente desregulado. El estudiante chileno compró una promesa de estatus que el propio diseño de mercado se encargaría de devaluar.

Es aquí donde la maquinaria estatal revela su faceta más agresiva a través de la Tesorería General de la República (TGR). Mientras el sector bancario privado traspasó de forma constante el riesgo de incobrabilidad al Fisco —ejecutando de manera acelerada las garantías estatales originarias apenas un profesional entraba en mora—, la TGR activó su brazo coactivo contra los ciudadanos con un celo inflexible. Los datos administrativos demuestran que los mecanismos de cobranza fiscalizada, que incluyen retenciones sistemáticas de devoluciones de impuestos, embargos de cuentas corrientes y ejecuciones de pagarés en blanco, jamás distinguieron entre la insolvencia involuntaria del egresado y la contumacia. Al perseguir los fondos en cuentas sueldo y eludir las protecciones del Código del Trabajo, el Estado transformó un derecho social en una carga tributaria perpetua e ineludible.

Esta profunda disparidad procesal en los tribunales ordinarios ya había sido rigurosamente anticipada y denunciada durante el año 2025 por el centro de estudios Libertad y Desarrollo. Sus análisis legislativos y de políticas públicas desnudaron cómo el deudor educativo enfrentaba juicios ejecutivos desprovistos de herramientas de defensa efectivas, atrapado en un andamiaje procesal diseñado para consolidar una titulación masiva de deudores cautivos. El sistema se estructuró para estabilizar los balances de la banca y un mercado universitario sobredimensionado, utilizando el patrimonio familiar de la base trabajadora como colateral de garantía.

Mantener activa la maquinaria coactiva de cobro tras la evidencia pública expuesta por la FNE y el reconocimiento del propio Ministerio de Hacienda despoja al Estado de toda presunción de buena fe constitucional. La jerarquía de las necesidades humanas y los principios de servicialidad del Estado consagrados en nuestra Carta Fundamental exigen que el resguardo del mínimo vital y la dignidad de los ciudadanos primen por sobre el flujo de utilidades financieras. Sostener la vigencia del CAE en el escenario actual equivale a validar que el Fisco actúe como una agencia de cobranza de activos abstractos cuyo valor nominal se edifica directamente sobre la degradación psicosocial y el despojo patrimonial de sus profesionales.

La presentación formal de estos antecedentes ante la Contraloría General de la República busca forzar un pronunciamiento sobre la legalidad y coherencia del actuar de la TGR. No es jurídicamente tolerable que el regulador del mercado y la billetera fiscal reconozcan el vicio de origen mientras el brazo recaudador continúa destruyendo economías familiares bajo la amenaza del bloqueo financiero absoluto.

Los balances del crédito educativo en Chile se han transformado en el equivalente institucional a los «diamantes de sangre» de las economías de enclave: activos nominales cuya rentabilidad corporativa brilla a costa del socavamiento de la subsistencia humana. Ningún legislador ni administrador de fondos públicos podrá, desde la liberación de estos datos de facto, argumentar desconocimiento. Defender la continuidad del instrumento o pretender un debate aséptico es, técnicamente, complicidad con una defraudación estructural que el propio Estado ya ha confesado.