El autor de esta columna analiza el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial colombiana, la que se transformó en una evaluación del plan Paz Total. Sostiene que «más allá de quién ocupe la Casa de Nariño, Colombia continúa enfrentando el mismo problema que ha condicionado buena parte de su historia contemporánea: cómo ejercer autoridad efectiva en territorios donde el Estado comparte o disputa el control con actores armados, economías ilícitas y formas paralelas de gobernanza».

Imagen de portada: Canal de Youtube de Abelardo de la Espriella

La segunda vuelta presidencial colombiana fue presentada como una elección entre dos proyectos políticos antagónicos. Sin embargo, el resultado dejó al descubierto una discusión mucho más antigua. Más allá de quién ocupe la Casa de Nariño, Colombia continúa enfrentando el mismo problema que ha condicionado buena parte de su historia contemporánea: cómo ejercer autoridad efectiva en territorios donde el Estado comparte o disputa el control con actores armados, economías ilícitas y formas paralelas de gobernanza.

La disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda terminó transformándose en una evaluación política de la estrategia de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Según los resultados preliminares disponibles al cierre de esta columna, De la Espriella obtuvo una estrecha ventaja sobre Cepeda en una de las elecciones más competitivas de los últimos años, con una participación cercana al 63,6% del padrón electoral. La magnitud de la concurrencia refleja que los colombianos no sólo escogían un presidente. También deliberaban sobre el rumbo de la seguridad nacional y sobre los resultados de una política que buscó transformar la relación entre el Estado y los grupos armados.

De la Espriella construyó su campaña alrededor de la promesa de recuperar el orden público, endurecer la respuesta frente a las organizaciones ilegales y revisar los alcances de la Paz Total. Cepeda, por el contrario, representó la continuidad de una estrategia basada en la negociación, la implementación de acuerdos y la búsqueda de soluciones políticas al conflicto. La elección enfrentó dos visiones distintas sobre cómo abordar la violencia. Lo que permanece abierto es si alguna de ellas posee realmente la capacidad de resolver el problema territorial que subyace a la crisis colombiana.

Porque el desafío de fondo no es nuevo. Colombia ha negociado, ha combatido militarmente, ha reformado instituciones y ha recibido cooperación internacional durante décadas. Ninguna de esas fórmulas ha logrado consolidar plenamente la presencia estatal en amplias zonas del territorio nacional.

CATATUMBO

Pocas regiones ilustran mejor esa realidad que Catatumbo.

Ubicada en la frontera con Venezuela, esta zona concentra algunos de los elementos más persistentes del conflicto colombiano: cultivos ilícitos, corredores estratégicos para el narcotráfico, débil presencia institucional, pobreza estructural y una prolongada actividad de organizaciones armadas.

Los reportes disponibles durante 2025 muestran la magnitud del problema.

Según la Defensoría del Pueblo, la crisis humanitaria provocó decenas de miles de desplazamientos forzados, miles de personas confinadas y más de un centenar de homicidios asociados a la confrontación entre el ELN y estructuras disidentes. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, describió la situación como una de las emergencias más graves registradas en el país durante los últimos años.

La evaluación coincide con los informes de organismos internacionales. Naciones Unidas, a través de OCHA y ACNUR, ha advertido que la violencia en Catatumbo ha afectado a decenas de miles de personas, generando desplazamientos masivos, interrupción de servicios básicos y un deterioro significativo de las condiciones humanitarias.

Catatumbo no constituye una anomalía. Es una síntesis.

Allí convergen el narcotráfico, la competencia entre organizaciones armadas, la dimensión transfronteriza del conflicto y las dificultades del Estado para ejercer autoridad efectiva. Por esa razón, la región resulta particularmente útil para evaluar cualquier estrategia de seguridad o negociación.

CUATRO AÑOS DESPUÉS

Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en 2022, la Paz Total fue presentada como una apuesta destinada a reducir la violencia mediante negociaciones simultáneas con distintos actores armados. Su objetivo no consistía únicamente en disminuir enfrentamientos. Buscaba también fortalecer la presencia institucional, proteger a las comunidades y crear condiciones para una paz duradera.

A la luz de los acontecimientos recientes, resulta difícil sostener que esos objetivos se hayan alcanzado en los términos planteados originalmente por la administración.

Eso no significa que la política careciera de fundamentos ni que todos sus esfuerzos hayan sido irrelevantes. Significa algo más preciso: la Paz Total no logró traducir las negociaciones en una consolidación suficiente de la autoridad estatal sobre los territorios priorizados.

Los indicadores disponibles ayudan a comprender esta situación. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia registró en 2023 aproximadamente 253.000 hectáreas de cultivos de coca, mientras la producción potencial de cocaína alcanzó 2.664 toneladas métricas. Ambas cifras constituyen máximos históricos desde que existen mediciones sistemáticas.

Estos datos no explican por sí solos la evolución del conflicto. Sin embargo, muestran que las economías ilícitas continuaron proporcionando recursos, protección y capacidad de adaptación a distintos actores armados. La disminución temporal de hostilidades en determinados espacios no se tradujo necesariamente en una reducción equivalente de las estructuras económicas que sostienen la violencia.

Aquí aparece una de las lecciones más relevantes del periodo. La negociación puede reducir costos humanos y abrir oportunidades políticas. Lo que no garantiza automáticamente es el control territorial legítimo. La paz negociada y la gobernanza efectiva no son fenómenos equivalentes.

MÁS ALLÁ DEL ELN

Gran parte del debate se ha concentrado en el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, el problema colombiano trasciende ampliamente a una sola organización.

La firma del acuerdo con las FARC en 2016 permitió reducir significativamente la intensidad del conflicto en numerosas regiones. Al mismo tiempo, dejó vacíos de poder que fueron aprovechados por el ELN, estructuras disidentes y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

La salida de un actor no produjo automáticamente la entrada del Estado.

Ese fenómeno explica por qué algunas zonas experimentaron una reducción de la violencia mientras otras ingresaron en nuevas dinámicas de confrontación. También ayuda a comprender las dificultades que enfrentó la Paz Total para transformar avances en las mesas de negociación en cambios duraderos sobre el terreno.

La cuestión decisiva no es únicamente cuántos combatientes posee una organización armada ni cuántas operaciones desarrolla la Fuerza Pública. La pregunta verdaderamente importante es quién ejerce autoridad cotidiana sobre determinados territorios.

Allí donde un grupo armado regula actividades económicas, impone normas de conducta, controla rutas estratégicas o condiciona la movilidad de las comunidades, el problema deja de ser exclusivamente militar. Se convierte en una disputa por el poder político y la legitimidad

WASHINGTON Y CARACAS

La dimensión internacional añade una capa adicional de complejidad.

Venezuela ha desempeñado simultáneamente funciones de país garante en los procesos de negociación y de espacio fronterizo donde convergen actores armados, economías ilícitas y dinámicas de seguridad difíciles de controlar por ambos Estados. La estabilidad de esa frontera seguirá siendo un elemento decisivo para cualquier estrategia futura.

Estados Unidos continúa siendo otro actor relevante. La persistencia del narcotráfico, la seguridad hemisférica y la estabilidad regional mantienen a Colombia dentro de las prioridades estratégicas de Washington. No resulta casual que el resultado electoral haya sido observado con atención por autoridades y analistas estadounidenses.

Sin embargo, conviene evitar expectativas desmedidas. Una relación más estrecha con Washington podría facilitar recursos, cooperación e intercambio de información. Ninguno de esos elementos sustituye la necesidad de construir capacidades estatales sostenidas dentro del territorio colombiano.

EL PRÓXIMO CICLO

La victoria de Abelardo de la Espriella abre un nuevo escenario político. Sus partidarios esperan una estrategia más firme frente al ELN, mayores niveles de cooperación internacional en materia de seguridad y una revisión profunda de la Paz Total.

Esas expectativas son comprensibles. También merecen una dosis de cautela.

La historia reciente demuestra que las organizaciones armadas colombianas poseen una notable capacidad de adaptación. Las operaciones militares pueden debilitar estructuras específicas. Las negociaciones pueden reducir temporalmente la violencia. Ninguna de las dos herramientas ha conseguido por sí sola resolver el problema territorial que alimenta el conflicto.

El primer escenario posible es una política de presión sostenida sobre las organizaciones armadas, acompañada por mayores capacidades operativas del Estado. El segundo contempla negociaciones más limitadas y condicionadas, combinadas con mecanismos de coerción selectiva. El tercero, probablemente el más realista, supone una combinación de ambas estrategias mientras persisten formas de gobernanza armada en determinadas regiones.

Ninguno de estos escenarios ofrece garantías de éxito.

UNA PREGUNTA PENDIENTE

La elección presidencial de 2026 parece indicar cuál de las respuestas disponibles reúne hoy mayor respaldo político. Sin embargo, el desafío fundamental permanece abierto.

La Paz Total fracasó en su propósito de convertir la negociación en una herramienta suficiente para recuperar autoridad efectiva sobre amplios territorios del país. Reconocer ese hecho no implica asumir que la próxima administración tendrá resuelto el problema.

La pregunta verdaderamente decisiva sigue siendo otra.

¿Será capaz el nuevo gobierno de transformar el respaldo electoral en presencia estatal efectiva allí donde el Estado continúa compitiendo con otros actores por el control del territorio, la seguridad y la vida cotidiana de las comunidades?

Ese es el viejo dilema colombiano.

No quién gana una elección en Bogotá, sino quién gobierna realmente en Catatumbo, Arauca, Chocó o la frontera con Venezuela.

Y todo indica que seguirá definiendo buena parte del futuro político del país.