El autor de esta columna critica la decisión del gobierno de pausar la implementación de los Sistemas Locales de Educación Pública (SLEP). Afirma que existe evidencia de mejoras iniciales en matrícula y resultados, por lo que considera injustificada la suspensión de la reforma y los recortes presupuestarios, atribuyéndolos principalmente a razones ideológicas. Sostiene que «actualmente, el Ministerio de Educación, siguiendo las directrices de hacienda, ha elegido reducir en grado importante recursos para infraestructura escolar, como también del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, e incluso también para el desarrollo de los Liceos Bicentenario, iniciativa icónica del Gobierno de Sebastián Piñera, la cual previamente ante algunos intentos del Gobierno de Boric por reducir el presupuesto de estos últimos, la derecha en el Parlamento defendió “con dientes y muelas” su existencia, defensa que ahora no se ha visto en los mismos términos tras los recortes presupuestarios y pausa de la reforma de la educación pública propuesta por el Gobierno de Kast».

Imagen de portada: Ignacio Villarroel / Agencia Uno

A partir de 1981 el gobierno de Pinochet instala una gran reforma estructural del sistema educacional, la cual entre los años 1981 y 1983 traspasó a los municipios prácticamente todos los establecimientos escolares de educación pública, iniciativa que además se apoyó en el nuevo modelo de financiamiento de subsidio por estudiante, el que está vigente hasta hoy. 

Esta reforma se impulsó sin mediar experiencias previas importantes de los municipios en educación, casi sin gradualidad en el traspaso, ni evaluación ex ante, ni tampoco durante el mismo proceso. No es extraño entonces que el año 1986, el mismo gobierno tuvo que hacer una inyección muy significativa de recursos financieros a los municipios porque el sistema estaba quebrado. Sin embargo, éste siguió impulsando dicha iniciativa sin vuelta atrás. Este deterioro del sector se tradujo por entonces, al menos, en la disminución manifiesta de los recursos públicos de educación, perjudicando al personal en sus remuneraciones, en la infraestructura y equipamiento escolar, y gravando significativamente la calidad de la enseñanza de los estudiantes por generaciones. Los datos indican que durante la década de los ’80 se redujo en un 24% real el aporte público a la educación escolar.

Producto de los debates generados por las demandas del movimiento estudiantil del 2006, se crea una comisión con representantes políticos, gremiales, sociales, de credos e iglesias y de estudiantes – entre otros- cuyo informe final (dic. 2006) destina un capítulo al diagnóstico exhaustivo de la estructura de la educación municipal, sus problemas y caminos de solución. Entre estos últimos estaba la creación de un nuevo sistema de organización de la educación pública, que se tradujo una década después (nov. 2017), en una ley aprobaba por amplia mayoría parlamentaria (de casi todas las bancadas), estableciéndose un plan gradual de traspaso de los establecimientos municipales a los nuevos Sistemas Locales de Educación Pública (SLEP), proceso que inicialmente demoraría 8 años y que por la pandemia se extiendió más de 10. Además, éste ha sido debidamente monitoreado por un grupo de evaluación de amplio espectro técnico-político, que desde el año 2021 ha emitido informes regulares sobre su evolución, debilidades y fortalezas, parte de cuyas propuestas se han ido plasmando en las correcciones que se han hecho desde entonces, incluyendo una ley miscelánea el año 2025, y el los presupuestos públicos del sector, considerando el inicialmente  aprobado para el 2026, que ha experimentado ahora recortes importantes en sus recursos a los SLEP, los que ponen en peligro su continuidad en los términos requeridos.

El diagnóstico de la educación municipal, expuesto en sinnúmero de documentos señala reiteradamente y con evidencia sólida, entre otras anomalías, que de parte de diversos sostenedores municipales han habido históricamente problemas importantes de manejo de recursos para los fines que fueron inicialmente definidos, contrataciones con cargo a educación de personas para otros servicios, alta rotación funcionaria y la insana dependencia de la autoridad política de turno (por cuatro años), lo que afecta la continuidad de la tarea pedagógica, que es evidentemente de largo plazo y requiere de estabilidad.

Excepcionalmente algunos alcaldes y alcaldesas en estos 45 años han considerado la tarea pedagógica como prioritaria, con la seriedad que ésta conlleva, pero han sido los menos. La educación no debiese depender del azar político para una tarea de esta envergadura e importancia país.

Chile en estos 45 años ha acumulado suficiente evidencia para comprender que la educación requiere de condiciones y soportes que los municipios no pueden entregar, más allá de sus buenas intenciones, entre otros motivos porque el sistema de financiamiento vía subsidio por estudiante se basa en una lógica privatizadora que castiga a los municipios más pobres que no poseen una “caja de recursos adicionales”, dado el insuficiente aporte por estudiante que ha provisto el Estado en todos estas décadas.

Ello se refleja en que desde 1980 a la fecha la participación de la educación pública en el total de matrícula escolar nacional se ha reducido en un 54% (de 78 a 36%); gracias a  la población migrante ello no ha sido más agudo. Los resultados en las distintas pruebas nacionales mantienen las brechas con el sector privado de pago. Hemos visto cómo anualmente hay menos establecimientos públicos en los primeros lugares de los diversos ránquines, evidenciando que este deterioro ha sido muy profundo. Solo en los últimos años los SLEP han podido revertir en algún grado los descensos de la matrícula del sector, y también han mostrado una mejora en resultados, lo que requiere de tiempo para su consolidación.

Sabemos que algunos municipios del sector oriente de la capital del país no quieren integrarse a los SLEP. Se trata de los territorios más privilegiados, en los cuales – contrariamente- la mayoría de sus habitantes asiste a la educación pagada. Estudios sistemáticos muestran que en estas comunas sus establecimientos públicos se nutren en grado importante de hijos e hijas de los trabajadores de las empresas y negocios localizados en esos territorios y escasamente de sus habitantes permanentes.

Cuesta entender entonces cuál es el diagnóstico que sustenta la decisión del Ministerio de Educación de “pausar este proceso”, más aún cuando la enseñanza secundaria es la que enfrenta la mayor y más profunda crisis de sentido en la actualidad, la cual incide –entre otras cosas- en la inasistencia de sus estudiantes a clases. No obstante, parece que ello no basta para revertir las decisiones políticas del Gobierno, como tampoco aquellos importantes  antecedentes emanados de las evaluaciones anuales de Comité de Evaluación de la Educación Pública, ni los estudios hechos por entidades independientes como la OCDE que avalan la continuidad de la  reforma de los Slep. 

Pese a ello, se insiste desde el Gobierno –al parecer con argumentos ideológicos- en suspender la implementación de esta reforma (entendiendo que ello puede implicar muchas cosas), pese a los aportes identificados y a los caminos de solución determinados y varios en curso que reportan los avances de la nueva educación pública. 

De esta manera, por lo que se conoce a la fecha, se trataría de una medida normativa que no contendría elementos técnicos sustantivos que den razón a propuestas de mejora al respecto, que sería lo razonable cuando se adopta una decisión de esta naturaleza.

Actualmente el Ministerio de Educación, siguiendo las directrices de hacienda, ha elegido reducir en grado importante recursos para infraestructura escolar, como también del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, e incluso también para el desarrollo de los Liceos Bicentenario, iniciativa icónica del Gobierno de Sebastián Piñera, la cual previamente ante algunos intentos del Gobierno de Boric por reducir el presupuesto de estos últimos, la derecha en el Parlamento defendió “con dientes y muelas” su existencia, defensa que ahora no se ha visto en los mismos términos tras los recortes presupuestarios y pausa de la reforma de la educación pública propuesta por el Gobierno de Kast.