El autor de esta columna reflexiona sobre la muerte este año de nueve trabajadores de la salmonicultura, sin que genere ninguna reacción similar a la ocurrida tras la muerte de los mineros de El Teniente en 2025. Sostiene que «si la muerte de trabajadores en la empresa pública exige allanamientos, imputaciones, emplazamientos ministeriales y autocrítica directiva, la muerte reiterada de buzos salmoneros debiera exigir, al menos, la misma intensidad y respuesta institucional. Porque si la vida de los trabajadores vale lo mismo, la respuesta del Estado también debe valer lo mismo. Y hoy, frente a la salmonicultura, esa igualdad está lejos de ser evidente».

Imagen de portada: foto referencial (Cristián Duarte / Agencia Uno)

La muerte de un trabajador en Chile no parece pesar siempre lo mismo. Depende de dónde ocurre, de quién es la propiedad de la empresa involucrada y de qué intereses económicos o políticos se activan alrededor de la tragedia.

El 5 de junio murió Víctor Guerrero Barría, buzo intermedio de 39 años, mientras realizaba labores submarinas en el centro de cultivo Serrano, en Melinka, Región de Aysén. Trabajaba para una empresa contratista que prestaba servicios a AquaChile. Según los antecedentes conocidos, murió a 37 metros de profundidad, pese a las maniobras de emergencia. Con su deceso, ya son nueve los trabajadores fallecidos en la industria salmonera durante los primeros seis meses de 2026. La cifra equivale a 1,5 muertes por mes: una regularidad incompatible con la idea de accidentes aislados.

La reacción empresarial fue la habitual: lamentar el hecho, acompañar a las personas afectadas y colaborar con la investigación. Junto con lo anterior, señaló que la seguridad de quienes trabajan directa o indirectamente en sus operaciones es una prioridad permanente y que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Armada y del Ministerio Público. Pero esa fórmula —dolor, protocolo y colaboración— resulta insuficiente cuando las muertes dejan de ser excepcionales y comienzan a mostrar un patrón. El buceo ha sido identificado desde hace años como una de las actividades más riesgosas de la salmonicultura. Los antecedentes disponibles muestran problemas asociados al incumplimiento de límites de profundidad, exposición a condiciones climáticas adversas, falta de capacitación, incumplimiento de tiempos de descanso, equipos en mal estado, supervisión deficiente y prácticas altamente riesgosas, como el denominado “buceo yo-yo” (sumergirse y emerger reiteradamente sin respetar adecuadamente las tablas de descompresión). No estamos ante accidentes imprevisibles. Estamos ante una industria que opera sobre riesgos conocidos.

El caso resulta aún más grave si se considera quién es la empresa mandante involucrada. AquaChile no es una empresa marginal dentro de la salmonicultura chilena. Es uno de los principales actores del mercado nacional y global del salmón, integrada al grupo Agrosuper, conglomerado económico chileno ligado históricamente a la familia Vial. A través de AquaChile, Los Fiordos y otras sociedades del mismo entramado empresarial, el grupo se ha consolidado como uno de los actores dominantes de la industria salmonera chilena. Por eso, la muerte de un buzo subcontratado en un centro asociado a esta cadena productiva no puede tratarse como un accidente puntual ni como un problema limitado a una empresa contratista. Ocurre dentro de una estructura empresarial con capacidad real de imponer estándares, controlar riesgos y organizar sus cadenas de operación.

La subcontratación no puede operar como un mecanismo de impunidad. Si un buzo muere realizando labores esenciales para un centro de cultivo, en beneficio de una empresa mandante y dentro de una cadena productiva controlada por la salmonicultura, la responsabilidad no puede quedar encapsulada en la contratista. La pregunta no es solo quién firmó el contrato de trabajo, sino quién se beneficia de la operación, quién organiza el negocio, quién fija sus ritmos y quién pudo prevenir el riesgo.

Desde ahí, el contraste con Codelco se vuelve inevitable. Tras la muerte de seis trabajadores en El Teniente, en el contexto de un sismo en julio de 2025, la reacción estatal y penal fue intensa: investigaciones centralizadas, diligencias intrusivas, incautación de equipos, allanamientos en oficinas y domicilios de ejecutivos, y una discusión pública sobre eventuales responsabilidades de la empresa y sus directivos. Nada de eso está mal. Al contrario: cuando mueren trabajadores, el Estado debe investigar con seriedad, identificar responsabilidades, examinar decisiones de gestión y evitar que la tragedia se repita.

Lo problemático es que ese estándar parezca reservarse con especial energía para la empresa pública, mientras la salmonicultura privada —una industria exportadora altamente rentable y expandida sobre territorios ambiental y socialmente sensibles— sigue enfrentando sus muertes laborales como si fueran hechos aislados.

El doble estándar es evidente. En el caso de El Teniente, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recién asumido, interpeló públicamente al directorio de Codelco nombrado durante la administración de Gabriel Boric por la falta de autocrítica respecto del accidente, cuestionando que se hablaran de medidas correctivas sin reconocer problemas de gestión. Es decir, frente a la empresa pública, el gobierno del Presidente Kast exige responsabilidad institucional, autocrítica directiva y revisión de la gestión. Frente a la salmonicultura privada, en cambio, el silencio político es preocupante: nueve trabajadores muertos en seis meses no han producido una interpelación equivalente a los controladores, directorios y ejecutivos de una industria que opera sobre riesgos laborales conocidos.

No se trata de defender a Codelco ni de relativizar la gravedad de lo ocurrido en El Teniente. Se trata exactamente de lo contrario: si el estándar correcto es investigar hacia arriba (cadena de mando), revisar decisiones de gestión, examinar omisiones, exigir autocrítica y perseguir responsabilidades directivas, entonces ese mismo estándar debe aplicarse también a la salmonicultura privada. La vida de un trabajador no puede valer más cuando muere en una empresa pública que cuando muere sumergido en una faena salmonera y subcontratado.

Desde los estándares internacionales de derechos humanos y empresas, esta asimetría resulta inaceptable. El Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos frente a abusos empresariales; las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos mediante procesos efectivos de debida diligencia basada en el riesgo; y las víctimas y sus familias tienen derecho a verdad, justicia y reparación. En materia laboral, esos estándares no se satisfacen con comunicados ni protocolos voluntarios. Exigen identificar riesgos, prevenirlos, corregirlos, sancionar incumplimientos y revisar las cadenas de subcontratación que trasladan el peligro hacia los trabajadores más expuestos.

La falta de voluntad de la actual administración para hacer efectiva esa responsabilidad se refleja también en la postergación del Tercer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PAN). A más de 90 días de iniciado el gobierno, el país sigue sin una versión aprobada y vigente de este instrumento, llamado precisamente a fijar compromisos para que el Estado y los sectores empresariales prevengan, mitiguen y reparen los impactos de la actividad económica sobre derechos tan básicos como la vida, la integridad física, la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Además, pese al peso económico, ambiental y laboral de la salmonicultura, la industria no ha asumido compromisos sectoriales relevantes en el marco del PAN. En medio de una temporada marcada por la muerte reiterada de buzos y trabajadores salmoneros, esa demora no es neutra: revela mucha urgencia para despejar obstáculos a la inversión y poca urgencia para exigir debida diligencia empresarial.

La responsabilidad empresarial en derechos humanos no termina en la puerta formal de la contratista. La debida diligencia exige mirar la cadena completa de valor: quién contrata, quién mandata, quién fiscaliza, quién se beneficia, quién tiene capacidad de incidir y quién omite adoptar medidas razonables para evitar daños graves. Cuando las muertes se repiten, la explicación del “accidente” se vuelve insuficiente. La reiteración transforma el hecho individual en síntoma de un problema estructural.

La asimetría se vuelve más evidente si se observa el contexto legislativo. Mientras los buzos mueren en faenas salmoneras, la llamada agenda de reconstrucción y desarrollo económico avanza con beneficios regulatorios para titulares de proyectos: relocalizaciones acuícolas por “ajustes cartográficos” sin evaluación ambiental ni inspección en terreno; debilitamiento de causales de caducidad por falta de operación; informes técnicos sobre bancos naturales encargados a terceros inscritos; restricciones a recursos administrativos contra resoluciones ambientales; límites temporales a medidas cautelares; procedimientos especiales de evaluación con menor margen para nuevas exigencias; y hasta un derecho de restitución de gastos para titulares cuyas resoluciones de calificación ambiental sean anuladas judicialmente.

Estos son verdaderos regalos regulatorios. No fortalecen la prevención, la fiscalización ni la responsabilidad empresarial. Más bien consolidan una arquitectura de blindaje para sectores productivos que ya cuentan con enorme poder económico y político. En vez de preguntarse cómo evitar nuevas muertes, cómo aumentar la fiscalización laboral y marítima o cómo responsabilizar efectivamente a las empresas mandantes, la agenda pública parece orientarse a reducir controles sobre proyectos.

La pregunta, entonces, es por qué no se activa el mismo estándar frente a AquaChile y la salmonicultura privada. Si la muerte de trabajadores en la empresa pública exige allanamientos, imputaciones, emplazamientos ministeriales y autocrítica directiva, la muerte reiterada de buzos salmoneros debiera exigir, al menos, la misma intensidad y respuesta institucional. Porque si la vida de los trabajadores vale lo mismo, la respuesta del Estado también debe valer lo mismo. Y hoy, frente a la salmonicultura, esa igualdad está lejos de ser evidente.

Lo que existe es una muerte sumergida: sumergida bajo el lenguaje de los accidentes, bajo la fragmentación de la subcontratación, bajo la influencia económica de la industria, bajo la debilidad de la fiscalización y bajo una política pública más preocupada de proteger la inversión que de proteger la vida. Mientras esa muerte siga sumergida, la impunidad salmonera seguirá flotando en la superficie.