Los reporteros de los programas Informe Especial y Contacto no son los únicos que han puesto su lupa en los gastos en que incurren los diputados. Al menos tres meses antes del revuelo público causado por la denuncia televisiva, el fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott, pesquisaba cómo la Cámara fiscaliza el gasto de las asignaciones que reciben los parlamentarios para pagar asesorías. De hecho, en los próximos días, Abbott debería tener listo el expediente para la audiencia en la que procederá a formalizar a la diputada Claudia Nogueira por presunto fraude. El paso previo indispensable para la petición de su desafuero.

Fue en el curso de esa investigación que surgieron dudas sobre cómo la Cámara de Diputados verifica el mérito o idoneidad de los asesores de los parlamentarios pagados con fondos públicos destinados a mejorar la calidad de la labor legislativa. Y el Ministerio Público procedió a consultar a la Cámara sobre el sistema vigente.

Recabando antecedentes en la Cámara, CIPER accedió a la respuesta oficial que se le envió al fiscal la semana pasada, previo a la difusión de Informe Especial, sobre los pasos de acreditación del pago de asesores y secretarios, la que emanó de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de dicha corporación.

En síntesis, la respuesta indica que no se exige ni presentación de informes ni minutas sobre lo hecho por los asesores; que la Cámara no fiscaliza ni el contenido ni la calidad ni la fecha de los trabajos ejecutados por quienes figuran como asesores de los diputados y que la responsabilidad sobre la idoneidad de dichos pagos recae exclusivamente en cada parlamentario. La única exigencia es la presentación de una boleta de honorarios o la existencia de un contrato de trabajo.

La diligencia del fiscal regional fue una más en la investigación que el Ministerio Público realiza sobre los posibles ilícitos cometidos por la diputada Claudia Nogueira (UDI), quien pagó con dinero de la Cámara a dos asesores que luego depositaron esos dineros en una cuenta de la misma parlamentaria. Fuentes que conocen la investigación indicaron a CIPER que ya estaría acreditado que dos de sus asesores -Jaime Jullian y Jenny Acevedo- recibían cheques mensuales por alrededor de $800 mil y un millón de pesos, montos que luego depositaban en una cuenta bipersonal de la diputada Nogueira y su esposo, el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo (UDI).

La difusión televisiva de Informe Especial del miércoles 3 de junio, le impuso nuevos ritmos y también nuevas tareas al fiscal Abbott. En el programa de TVN quedó al descubierto que el diputado Julio Dittborn (UDI) no usa los recursos destinados a arrendar inmuebles para financiar sedes distritales, sino que les paga a militantes de su partido que le facilitan sus casas para realizar reuniones y recibir recados. Lo anterior abrió una nueva arista de investigación sobre el uso que le dan todos los diputados –y no sólo Dittborn- al uso de esa asignación.

Abbott envío un segundo oficio a la Cámara, preguntando por los controles sobre los recursos destinados a arriendos. Fuentes de la Cámara confirmaron a CIPER que el oficio ya fue respondido. El texto que recibió Abbott entrega el detalle de los tres pagos que consigna la Cámara por concepto de arriendo de sedes distritales del diputado Dittborn.

El temor de las bancadas

El problema principal que atraviesa hoy a todas las bancadas de diputados, es el alcance que tendrá la investigación del Ministerio Público sobre los presuntos ilícitos cometidos por la diputada Nogueira en el pago a sus asesores Jullian y Acevedo.

Tanto Jullian como Acevedo forman parte del equipo que integró GMA, la empresa investigada por el Ministerio Público y la Contraloría por presuntas irregularidades en contratos que le adjudicaron los municipios de Recoleta (cuando Cornejo era su alcalde) y Huechuraba (ver recuadro). A partir de la investigación que se sigue en la Fiscalía Centro Norte sobre los contratos de GMA, el fiscal nacional Sabas Chahuán remitió en febrero los antecedentes al fiscal regional de Valparaíso, al abrirse una nueva arista vinculada a los pagos de asesores.

La investigación adquirió un nuevo cariz cuando en marzo pasado el Ministerio Público logró levantar el secreto bancario para revisar la cuenta bipersonal de la diputada Nogueira y su marido, el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo. Fue entonces que se pudo acreditar que los montos pagados por la Cámara por las supuestas asesorías de Jullian y Acevedo a Nogueira, mes a mes eran depositados -salvo el 10% correspondiente a la retención de impuestos- en la cuenta citada.

Según informó El Mercurio, la fiscalía tomó declaración al director de Finanzas de la Cámara, Orlando Catalán, y al secretario jefe de Comisiones, Miguel Landeros. Las respuestas de ambos reafirmaron la preocupación sobre el destino de los gastos hechos por los diputados, pues aseguraron que los asesores son empleados de los parlamentarios y la corporación no puede fiscalizar el uso de los recursos ni controlar la calidad de los trabajos realizados. Sólo requiere una boleta de honorarios y paga.

La falta de control de la Cámara abre nuevas interrogantes sobre la efectiva realización de las asesorías pagadas con las asignaciones parlamentarias. Y pese a que en su página web los diputados entregan los nombres de los asesores que contratan, las áreas oscuras persisten. El vespertino La Segundasolicitó información sobre el monto que se paga a cada uno de los asesores, cosechando una rotunda negativa, según informó en su edición del miércoles 10 de junio.

El espacio para el escrutinio público es aún más reducido. Como es sabido, no es poco habitual que los diputados contraten a familiares como asesores. De acuerdo a la ley, está prohibido que las autoridades -incluyendo a los parlamentarios- contraten parientes, salvo «cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario» y siempre que la contratación se haga mediante una «resolución fundada» informada -en el caso de la Cámara- a la Comisión de Conducta Parlamentaria. Ello, de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 19.886.

En la Comisión de Conducta Parlamentaria de la Cámara (Comisión de Etica) informaron a CIPER que los fundamentos para la contratación de familiares de diputados como asesores no pueden ser divulgados, pues hay un acuerdo de los parlamentarios para mantenerlos bajo reserva. CIPER pidió formalmente esta información mediante una solicitud de acceso a información pública, de acuerdo a las normas de la nueva Ley de Transparencia, y está a la espera de la respuesta oficial del presidente de la Cámara.

Contraste con el Senado

Si lo anterior ya sometió a los diputados a una polémica ingrata, lo ocurrido el miércoles 10 marcó un hito amargo y sorpresivo para la imagen pública de la Cámara. Ese día los senadores anunciaron la ampliación de su política de transparencia y divulgaron los montos que se paga a sus asesores, los que ahora pueden ser consultados en Internet.

Mientras el Senado lanzaba su ofensiva pro-transparencia, casi en paralelo trascendió que la Cámara había encargado un informe en derecho -elaborado por su propia Secretaría- que concluía que no se podían hacer públicos los montos que los diputados pagan a sus asesores.

Las conclusiones a las que arribaron el Senado y la Cámara sobre los alcances de la nueva Ley de Transparencia para esta materia, fueron diametralmente opuestas. El Senado consideró que al ser pagados con dineros públicos se podían divulgar los ingresos de sus asesores. El informe de la Cámara, según explica el secretario jefe de Comisiones de esa corporación, Miguel Landeros, estableció que la ley no señala al Congreso Nacional -a diferencia de lo que hace con los órganos de administración del Estado-, cómo debe proceder cuando se le pide revelar información que afecta a «terceros».

Y la Cámara consideró que los asesores son «terceros», ya que no son contratados directamente por la Corporación, sino por los diputados. Se trataría, argumenta Landeros, de un contrato entre privados. El funcionario recuerda el caso de la ex diputada María Rozas (DC), quien al dejar su escaño se encontró con que una de sus asesoras estaba embarazada y debió hacerse cargo de los costos derivados del fuero maternal. El pago no lo hizo la Cámara, dijo Landeros, porque era un contrato entre privados. De acuerdo con el informe de la Cámara, explica el funcionario, lo que ha hecho el Senado sería inconstitucional.

Curioso contrasentido ya que sólo una semana antes de que se conociera el rechazo de la Cámara a publicar los montos de los pagos a sus asesores, los diputados celebraron un fallo judicial que determinó que ellos podrán conocer toda la información económica del BancoEstado. El 4 de junio, la Corte Suprema dictaminó que el banco es una empresa pública y que, como tal, se debe someter a la fiscalización de los diputados. Entre las informaciones que los parlamentarios le pueden pedir se cuentan remuneraciones de funcionarios y directivos, activos, pasivos, deudas y… asesorías externas.

El fallo podría tener implicancias similares para otras empresas públicas, como TVN, Codelco, EFE y ENAP. Al comentar la resolución judicial, el diputado Nicolás Monckeberg (RN), señaló: «Se termina con la impunidad de las empresas públicas, que cada vez que se les pedía información no la entregaban, amparándose en resquicios legales».

La negativa a informar sobre los montos que pagan los diputados a sus asesores, así como el detalle de sus gastos en arriendos de sedes y otros servicios, es producto de un acuerdo transversal, el que habría sido gatillado justamente por la preocupación que causó la investigación que la fiscalía sigue contra la diputada Nogueira.

El temor que recorre a las bancadas, desde que en octubre el tribunal de primera instancia accedió a levantar el secreto bancario en este caso, es que el Ministerio Público recurra a esta herramienta cada vez que aparezcan nuevas denuncias sobre irregularidades en el manejo de las asignaciones que se entregan a los diputados para pagar asesorías (con un tope de $ 3.181.756 mensuales) y arriendos y telefonía (hasta $670.327).

Una de las consecuencias de la total transparencia en estas materias podría ser que se llegara a establecer que a través del uso de estas asignaciones los diputados aumentan su remuneración personal o que financian actividades políticas o electorales no relacionadas con la labor legislativa.

Un asesor de la diputada Nogueira señaló que es altamente probable que aparezcan nuevos casos de manejos irregulares de las asignaciones, porque la defensa de la parlamentaria ha reunido información en torno a que son muchos los miembros de la Cámara que han sido, a lo menos, poco prolijos en el manejo de estos dineros. De hecho, una de las cartas que jugarán para zafar a la parlamentaria del desafuero y la formalización es alegar que incurrió en una conducta común dentro de la Cámara, la que a juicio de su defensa quizá es reprochable en lo formal, pero sin dolo.

Socios, periodistas y condenados

El nerviosismo que recorre a todas las bancadas parece fundado. En el manejo de las asesorías existen otras situaciones que, a lo menos, pueden merecer un reproche ético y, en el peor de los casos, caer bajo la lupa del Ministerio Público. No sólo hay diputados que contratan a familiares y que guardan bajo reserva los argumentos para darles ese empleo, sino que hay otros que contratan como asesores a sus socios comerciales, a personas que ya han sido condenadas por mal uso de dineros públicos y a periodistas que paralelamente ejercen en medios de comunicación de sus distritos.

Dittborn, por ejemplo, envió a su asesor Eduardo Godoy Ramírez a entrevistarse con el fiscal Abbott para que requiriera detalles de la investigación por el uso que el diputado da a su asignación para el arriendo de sedes. Lo curioso es que Godoy es asesor y al mismo tiempo socio del parlamentario. Ambos figuran en los registros del Diario Oficial como propietarios, desde diciembre de 2007, de «Inversiones JDC Limitada». Dittborn tiene el 96,6% de la sociedad y el 3,4% restante es de Godoy. El asesor-socio es abogado y también aparece en los archivos de prensa como dirigente de la agrupación «Defensores Ciudadanos», en nombre de la que interpuso en marzo de 2007 una demanda colectiva contra el Transantiago, patrocinada por los diputados Dittborn y Claudia Nogueira.

CIPER intentó contactar al diputado Dittborn, pero no respondió las llamadas. Su asesor y socio sí lo hizo. Aunque en un primer momento Godoy desconoció tener relaciones comerciales o societarias con el diputado, al mencionarle «Inversiones JDC Ltda.» recordó que se trata de una sociedad formada para comprar un bus:

-Es el bus que pusimos a disposición de la comunidad, con el que se saca a pasear a las personas. Ese bus es del diputado, no es mío. Seguramente, como las sociedades son de más de una persona, entré yo, pero por un tema netamente formal. Parece que se compró esa empresa que era dueña del bus. Esa empresa no tiene nada más, no tiene movimientos ni ingresos.

El diputado René Alinco (PPD) tiene entre sus asesores a Ricardo Farías Vega, el ex administrador de la campaña senatorial de Guido Girardi, condenado por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago a una pena remitida de 541 días debido a que presentó facturas falsas en las rendiciones de cuentas de esa candidatura ante el Servicio Electoral. Alinco -diputado por Aysén y Coyhaique- no cree que pueda haber un conflicto ético en esta situación:

-Farías me asesora -cuenta Alinco- en materias políticas y electorales. Empezó a trabajar conmigo cuando tuvo conflictos por las famosas facturas de «Publicam». Todo el mundo le cerró la puerta y yo, que soy amigo de él y conozco sus capacidades, no tuve ningún problema en que trabajara para mí. Me apoyó como un año, después tuvo una mejor oferta y se fue. Hace dos o tres meses volvió y me está apoyando en esta cosa política electoral, porque pretendo ser candidato a senador. Yo diría que su función es estratégica, hacemos algunos análisis sobre cómo está la región.

Una situación similar es la de la diputada Laura Soto (PPD) quien ha contratado como asesora a su hija, Marisol Paniagua, ex concejala de Valparaíso. Lo relevante en este caso no es que se trate de un familiar directo, sino que se remunere con dineros públicos a una persona ya condenada por desviar a la campaña electoral de su madre fondos públicos destinados a los Planes de Generación de Empleo (PGE). En enero de este año la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad de su defensa y la condenó a dos años de presidio menor como autora de estafa y a pagar una multa de 14 UTM.

Otro caso que merece atención es el del diputado por Copiapó René Aedo (RN), quien figura con diez asesores. Aunque las asesorías son financiadas con dinero público porque se supone que son un apoyo para la labor legislativa, de los diez colaboradores de Aedo, cuatro cumplen labores de secretaría, cuatro son comunicadores y sólo uno figura como asesor legislativo. Un dato interesante es que en este equipo aparecen tres personas que ejercen labores en medios de comunicación de su distrito: Ricardo Alfredo Campos Morales, que figura en el Diario Oficial como socio de «Servicios de Publicidad y Comunicaciones Punto Creativo Limitada», propietaria de la cadena radial «Nostálgica FM»; el reportero de la radio «Universidad de Atacama», Segundo Iriarte Vargas, y el editor del diario y portal web El Chañarcillo, Héctor Cristián Naveas Olguín.

-Yo les pido -explica Aedo- que me apoyen hasta en la redacción de las notas (de prensa), porque yo no tengo mucho tiempo. También me investigan temas. Debo tener unos cuatro o cinco periodistas. El que gana más sueldo, que está en Valparaíso, es Jaime Jorquera. Él es periodista estable y hace de todo, también de chofer. Es como secretario. Los otros periodistas son de Copiapó. Me mantienen informado. Y a veces uno les paga y no es mucho lo que trabajan, pero uno no les puede cortar el sueldo, te reclaman al tiro. No todos los meses te hacen labores tan exactas, pero siempre están apoyando, llamando sobre lo que está ocurriendo.

Consultado por CIPER acerca de la interpretación que se le puede dar al hecho de que tenga de asesores a periodistas que ejercen en medios de su región, dice que “yo nunca he tratado de comprar a algún periodista. ¿Comprarlo para qué? Más que nada es para la realización del trabajo que hago. Uno no está comprando ni a los medios ni a los periodistas”.

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