La primera Cuenta Pública del Presidente Kast plantea una agenda ambiciosa de modernización estatal basada en austeridad, control del gasto y digitalización. Sin embargo, los autores de esta columna advierten que varias de las reformas anunciadas siguen siendo solo intenciones y que persiste una tensión no resuelta entre reducir el tamaño del Estado y fortalecer sus capacidades. Sostienen que «si estos anuncios logran transformarse en políticas públicas concretas, el Ejecutivo deberá demostrar, con evidencia y resultados verificables, que es posible incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos sin introducir modificaciones sustantivas al sistema de reglas e incentivos que hoy estructura el empleo público».

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

La primera Cuenta Pública del Presidente Kast ofrece, en materia de modernización del Estado, un diagnóstico vigoroso y un conjunto de medidas que conviene tomar en serio antes de celebrarlas o descartarlas. El problema no está en la mayoría de sus anuncios aislados, de hecho varios son razonables e incluso necesarios, sino en la premisa que los ordena. Esa premisa aparece temprano y opera como columna vertebral de todo el discurso. De acuerdo al Presidente Kast, “se nos quiso convencer de que un Estado más grande era automáticamente un mejor Estado… El Estado creció, pero perdió eficacia”. La frase es retóricamente eficaz, pero esconde un deslizamiento conceptual que merece escrutinio. A lo largo del discurso, modernizar (aumentar capacidad, profesionalizar, digitalizar, coordinar) y reducir (menos ministerios, menos gasto, menos trámites) se usan como sinónimos. No lo son. Y de esa equivalencia dependen tanto las fortalezas como las debilidades de la propuesta.

Empecemos por lo que está bien encaminado. El énfasis en probidad y control del gasto es el eje más sólido. El Plan de Inspección Total (más de 500 servicios revisados, alrededor de mil auditores, uso de inteligencia artificial para detectar anomalías), responde a un déficit real de control interno en el aparato público chileno, que durante años ha descansado de manera casi exclusiva en una Contraloría sobreexigida. Institucionalizar un Servicio de Auditoría Interna robusto, como anuncia el Gobierno, apunta en la dirección correcta: el control ex post centralizado es necesario, pero insuficiente sin capas de control de gestión distribuidas. Lo mismo cabe decir del impulso a la Transparencia 2.0, una reforma que, como el propio Presidente reconoce, lleva cerca de ocho años trabada en el Congreso. Que un gobierno de derecha priorice transparencia y acceso a la información no es trivial y debe valorarse.

Hechas las concesiones, conviene ahora analizar los zonas grises o de plano oscuras.

La primera debilidad es la confusión señalada al inicio. Reducir el número de ministerios —fusionar Interior con la Segegob, convocar una Comisión de Expertos para una “nueva arquitectura del Estado”— no equivale, por sí mismo, a un Estado más capaz. La literatura sobre administración pública distingue hace décadas entre el tamaño del aparato y su capacidad estatal: países con Estados pequeños y débiles abundan, igual que Estados grandes y eficaces. Presentar la reducción como modernización técnica encubre lo que es, legítimamente, una opción ideológica. El problema no es la opción; es presentarla como evidencia.

La segunda debilidad es una paradoja de difícil resolución. El discurso promete simultáneamente austeridad y un Estado gerencial de considerable envergadura: mil auditores, un Servicio de Auditoría Interna con más financiamiento, una Fuerza de Tarea Legal para los cerca de 25 mil sumarios por mal uso de licencias médicas, nuevos registros y sistemas de control. No obstante, la gestión por metas no es gratuita: exige capacidad instalada, sistemas de información y personal calificado. Anunciar un ajuste fiscal “profundo”, con contención de gasto por más de 1,3 billones de pesos, y, a la vez, una expansión de las funciones de control y coordinación siembra la duda sobre los recursos con los que contará el Estado para cumplir con este cometido.

La tercera debilidad es de corte más político. La “nueva arquitectura del Estado”, la reducción real de ministerios y la modernización de la Alta Dirección Pública se delegan a comisiones de expertos aún por constituir. Lo que se anuncia, entonces, no es la reforma, sino la intención de reformar. Esto muestra cierta prudencia, pero a la vez, obliga a entender el discurso como una declaración de intenciones más que como un programa ejecutable.

A ello se suma una tensión no resuelta en la Alta Dirección Pública. El Gobierno defiende el mérito frente al “cuoteo político” y diagnostica con razón la lentitud de los concursos (184 de 321 cargos vacantes en la red de salud, según la propia Cuenta). Pero querer nombramientos “más ágiles” con directivos “con nombre” roza un riesgo conocido: “agilizar” puede deslizarse hacia mayor discrecionalidad presidencial, justo lo que la ADP vino a contener.

Resta la viabilidad, que es donde el optimismo debe moderarse más. Buena parte de lo sustantivo requiere ley: la fusión ministerial, la reforma a la ADP, la Transparencia 2.0 y la nueva arquitectura del Estado. Un gobierno sin mayorías propias en el Congreso, y que dedica buena parte de su capital político a otras prioridades, deberá competir consigo mismo por los tiempos legislativos. La gestión administrativa, que conlleva el control del gasto, las auditorías, la coordinación interministerial, es ejecutable por vía reglamentaria, y ahí el Gobierno tiene margen. La reforma institucional profunda, en cambio, enfrenta el mismo cuello de botella que el propio Presidente denuncia: un Congreso lento. Que la Transparencia 2.0 lleve ocho años esperando no es solo herencia; es advertencia.

Otro aspecto relevante de la Cuenta Pública es aquello que no se dijo respecto de la modernización del Estado. El discurso presidencial abordó de manera consistente la reducción de costos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la digitalización de los servicios públicos. Sin embargo, estuvo ausente cualquier referencia a posibles modificaciones de las reglas que estructuran el Estatuto Administrativo. La modernización del sector público no depende únicamente de la incorporación de nuevas tecnologías o de mejoras en la gestión, sino también de la actualización del marco normativo que regula el empleo público.

Mientras no se revisen aspectos centrales como las reglas de la carrera funcionaria, los procedimientos sumariales para determinar responsabilidades administrativas, los sistemas de evaluación del desempeño y la situación de quienes se desempeñan bajo las modalidades de contrata y honorarios, la administración pública continuará operando bajo lógicas institucionales que, en lo sustancial, han permanecido inalteradas durante las últimas tres décadas.

En la misma línea, el impulso gubernamental por incorporar nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia del sector público constituye una iniciativa valiosa, pero insuficiente. Sin un diagnóstico riguroso sobre las competencias digitales de quienes integran la burocracia, existe el riesgo de generar una brecha significativa entre la infraestructura tecnológica disponible y las capacidades efectivas de los funcionarios para utilizarla. Este desafío puede ser particularmente complejo en regiones más alejadas de Santiago, donde las desigualdades en acceso a capacitación y a recursos suelen ser mayores.

Ambos problemas, tanto la omisión de reformas al Estatuto Administrativo como la insuficiente consideración de las competencias digitales, admiten al menos dos interpretaciones. La primera es de carácter ideológico: una visión de modernización centrada en la reducción y racionalización del Estado en nombre de la eficiencia, pero sin una reflexión equivalente sobre la transformación de las instituciones que regulan su funcionamiento interno. La segunda es de naturaleza política: la percepción de que modificar las reglas que gobiernan la burocracia podría desencadenar conflictos con las organizaciones de funcionarios, generando riesgos de paralización parcial o total de los servicios públicos y, por tanto, altos costos políticos para cualquier administración.

Sin embargo, sería injusto atribuir exclusivamente esta omisión al actual gobierno. La reticencia a abordar reformas profundas al régimen de empleo público ha sido una constante transversal de los sucesivos gobiernos democráticos. En consecuencia, el desafío de modernizar el Estado chileno sigue siendo una tarea pendiente que trasciende a una administración en particular y que continúa postergándose pese a su importancia estratégica.

En suma, la Cuenta Pública presenta una agenda de gestión seria y, en varios ámbitos, ya en ejecución. Sin embargo, esta convive con una reforma estructural largamente anunciada, pero nuevamente postergada, y con una tensión de fondo que el discurso presidencial no logra resolver del todo: la diferencia entre reducir el tamaño del Estado y modernizarlo. Lo primero podría generar resultados visibles en el corto plazo. Lo segundo dependerá de la capacidad del Gobierno para traducir sus compromisos en reformas sostenibles, movilizando tanto recursos financieros como apoyos políticos suficientes para superar las tensiones que su propia propuesta deja abiertas.

Asimismo, si estos anuncios logran transformarse en políticas públicas concretas, el Ejecutivo deberá demostrar, con evidencia y resultados verificables, que es posible incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos sin introducir modificaciones sustantivas al sistema de reglas e incentivos que hoy estructura el empleo público. Ese será, probablemente, uno de los principales desafíos de su estrategia de modernización, más allá de las distintas valoraciones que puedan suscitar las medidas anunciadas.