La discusión sobre los Servicios Locales de Educación Pública suele centrarse en sus problemas de implementación, pero el debate de fondo es más profundo. Esta columna sostiene que, pese a las dificultades observadas en algunos territorios, los SLEP representan un intento por corregir las falencias estructurales heredadas de la municipalización, profesionalizando la gestión educativa y otorgándole una institucionalidad especializada. El autor plantea que «reducir el debate a casos críticos o a errores iniciales impide evaluar el cambio estructural en curso. Las grandes reformas institucionales rara vez muestran resultados plenos en su primera década. Requieren estabilidad, ajustes y mejora continua».

Imagen de portada: Ignacio Villarroel / Agencia Uno.

Hablar hoy de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) suele generar opiniones intensas. La implementación de la Nueva Educación Pública ha estado marcada por dificultades evidentes en algunos territorios, siendo el caso de Atacama uno de los más críticos. Ignorar esas falencias sería irresponsable. Pero convertirlas en argumento para deslegitimar la reforma completa es un error de análisis.

Antes de emitir juicios definitivos, es necesario situar el debate en perspectiva histórica e institucional.

La municipalización de la educación, iniciada en 1981, trasladó la administración de los establecimientos públicos a 346 municipios del país. Durante más de cuatro décadas, la educación dependió de autoridades cuya función principal no era pedagógica, sino política y territorial. Los alcaldes debían responder simultáneamente a seguridad, salud primaria, aseo, urbanismo, desarrollo social y múltiples urgencias ciudadanas. En ese escenario, la educación competía por prioridad presupuestaria y política.

Diversos estudios mostraron progresivamente fragmentación en la gestión, desigualdad en capacidades técnicas entre comunas y alta vulnerabilidad financiera en municipios con baja base tributaria. El sistema de financiamiento por subvención por asistencia profundizó la competencia entre establecimientos y debilitó la planificación territorial de largo plazo.

La creación de los SLEP, mediante la Ley 21.040, buscó corregir ese problema estructural: pasar de 346 sostenedores con prioridades múltiples a servicios especializados cuya única responsabilidad es la educación pública.

Ese es el núcleo del debate.

Ahora bien, ¿ha sido perfecta la implementación? Claramente no. El traspaso ha implicado recibir establecimientos con graves déficits de infraestructura, deudas previsionales acumuladas, plantas docentes sobredimensionadas en algunos casos y financieramente inviables en otros. Pretender que un servicio que lleva tres o cinco años de funcionamiento revierta en ese plazo problemas acumulados durante 40 años es desconocer la magnitud del desafío.

Sin embargo, la evaluación no puede basarse solo en crisis puntuales. En varios territorios se observan avances en ordenamiento administrativo, profesionalización de cargos mediante el sistema de Alta Dirección Pública, mayor estandarización de procesos y fortalecimiento de equipos técnicos pedagógicos. Los concursos públicos de seis etapas —desde análisis de admisibilidad hasta evaluación psicolaboral y entrevistas por comisión calificadora— distan significativamente de los antiguos nombramientos discrecionales municipales. No es un sistema perfecto, pero representa un salto cualitativo en gobernanza.

La pregunta de fondo entonces no es si existen dificultades. La pregunta es otra: ¿qué alternativa institucional ofrece mejores condiciones estructurales para fortalecer la educación pública en el largo plazo?

¿Volver a la administración municipal? ¿Detener los traspasos y mantener el modelo anterior? ¿Fragmentar nuevamente la conducción del sistema?

El debate serio exige propuestas, no solo críticas.

Un elemento poco considerado es el de las prioridades políticas. Las encuestas del Centro de Estudios Públicos ya en 1992 mostraban que la educación no encabezaba las preocupaciones ciudadanas frente a seguridad, empleo o salud. En un sistema donde la reelección depende de la percepción inmediata de gestión, la educación bajo la administración de los alcaldes tenía poca posibilidades de sobrevivir y en efecto no las tuvo.

GRAFICO

Precisamente por eso la educación pública requiere una institucionalidad cuya legitimidad no dependa del ciclo electoral local.

Los SLEP representan ese intento de especialización del Estado. Aún requieren ajustes relevantes: fortalecimiento financiero, mayor autonomía presupuestaria, revisión del sistema de subvención y consolidación de capacidades técnicas en territorios complejos. Pero el camino de profesionalizar la gobernanza y concentrar la responsabilidad educativa en servicios especializados parece más coherente que dispersarla nuevamente.

Reducir el debate a casos críticos o a errores iniciales impide evaluar el cambio estructural en curso. Las grandes reformas institucionales rara vez muestran resultados plenos en su primera década. Requieren estabilidad, ajustes y mejora continua.

Si el objetivo es reconstruir una educación pública fuerte, equitativa y con visión de largo plazo, el análisis debe centrarse en cómo perfeccionar el modelo, no en desmantelarlo prematuramente.

La discusión de fondo no es administrativa. Es política en el sentido más profundo: ¿qué tipo de Estado queremos para conducir la educación pública en Chile?

Esa es la conversación que vale la pena dar. No las de las consignas ni de las caricaturas.