En medio del debate sobre la conveniencia de levantar el secreto bancario como herramienta para combatir el crimen organizado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que su cartera inició la elaboración de una propuesta en esta materia. El secretario de Estado enfatizó que «nos parece que la investigación o apertura de cuentas siempre dependa del Poder Judicial y no de una decisión administrativa».

Durante el gobierno de Gabriel Boric se intentó ampliar las facultades del Estado para perseguir los recursos provenientes del crimen organizado, permitiendo que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pudiera acceder a información bancaria cuando detectara operaciones sospechosas. Sin embargo, la iniciativa encontró la férrea oposición de la derecha y no prosperó en el Congreso. El tema volvió al centro de la discusión pública luego de que esta semana se desarticulara una red que habría lavado más de US$70 millones vinculados al Tren de Aragua y que, según la investigación, contaba entre sus integrantes con un ejecutivo del Banco Santander de nacionalidad venezolana.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno).

Tres concejales de un amplio espectro político presentaron este jueves un escrito ante el Tribunal Electoral Regional (TER) solicitando la inhabilitación por cinco años de la exalcaldesa Daniela Peñaloza para ejercer cargos públicos. Firmaron el documento los ediles Richard Kouyoumdjian (RN), Nayati Mahmoud (Frente Amplio) y Leonardo Prat (Ind.-Republicano).

Según informó La Tercera, la solicitud se fundamenta en que la exjefa comunal habría incurrido en graves irregularidades administrativas, notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa en el denominado Caso Cesfam. La investigación se originó a raíz de la compra de terrenos destinados a la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam), operación que es indagada por la fiscalía debido a un eventual perjuicio patrimonial para el municipio. En particular, una de las propiedades habría sido adquirida por una empresa y revendida semanas después a la municipalidad por un valor considerablemente superior, lo que dio origen a cuestionamientos sobre un eventual sobreprecio.

Daniela Peñaloza, exalcaldesa de Las Condes (Créditos: Diego Martin / Agencia Uno).

La Tesorería General de la República (TGR) informó que comenzó a ejecutar el embargo de bienes raíces en el proceso anunciado de cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado. El organismo precisó que “esta medida ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos”, y que se extenderá al resto del país en los próximos días.

Asimismo, recordó que esta es una de las acciones destinadas a recuperar los montos adeudados, entre las que se cuenta la retención de activos financieros. En abril pasado, la TGR informó que este proceso incluiría la retención de fondos en cuentas bancarias e inversiones, como depósitos a plazo y fondos mutuos.

Según cifras de la Tesorería, más de 550 mil personas mantienen deudas impagas del CAE. El monto total adeudado llegó a $4 billones en 2025, lo que llevó a intensificar las acciones de cobranza como las mencionadas.

La TGR ampliará los embargos al resto del país (Créditos: Cristóbal Escobar / Agencia Uno).

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió durante esta jornada mantener en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien se encuentra imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos. La defensa de la exjueza había solicitado reducir la medida cautelar que la mantiene hace 125 días en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, apelando a la condición de salud de su representada y a su edad (63 años).

En su resolución, el juez Jaime Fuica sostuvo que los antecedentes reunidos después de la formalización fortalecieron la tesis de la fiscalía, al confirmar la existencia de vínculos económicos, personales y funcionales entre los imputados, entre ellos Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes también están en prisión preventiva. A juicio del magistrado, esos elementos respaldan las imputaciones por cohecho y lavado de activos reiterados, particularmente respecto de pagos realizados por terceros relacionados con la acusada.

El fiscal Marco Muñoz respaldó la decisión porque a su juicio la libertad de Vivanco podría afectar el éxito de la investigación, mientras que Patricia Alvarado, la defensora pública de la exmagistrada, anticipó que evaluarán una impugnación al fallo.

Ángela Vivanco lleva 125 días en prisión preventiva (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno).