El autor de esta columna contrasta la idea de que el Estado chileno es ineficiente con los datos disponibles. Sostiene que saber si lo es o no es fundamental para tomar buenas decisiones de políticas públicas, especialmente ahora que se habla de recortes. Dice que «si el WGI (indicador internacional de eficiencia) muestra que Chile ha perdido efectividad gubernamental, la respuesta no debiera ser debilitar capacidades públicas, sino fortalecerlas. Y una capacidad pública esencial es saber evaluar. Evaluar no solo al final, cuando el programa ya está cuestionado, sino desde el diseño. Evaluar no solo ejecución presupuestaria, sino resultados. Evaluar no solo cobertura, sino pertinencia. Evaluar no solo cumplimiento formal, sino impacto, coordinación y aprendizaje institucional».

Imagen de portada: foto referencial, trabajos en Canal Santa Corina (Víctor Huenante / Agencia Uno). 

En Chile se ha vuelto frecuente afirmar que el Estado es ineficiente. La frase tiene fuerza política, especialmente en contextos de estrechez fiscal, discusión presupuestaria y revisión de programas públicos. Sin embargo, como diagnóstico de política pública, resulta insuficiente. No porque el Estado chileno carezca de problemas, sino porque la afirmación suele confundir fenómenos distintos, como son el tamaño del gasto, efectividad gubernamental, calidad de los servicios, capacidad de implementación, evaluación de programas y confianza ciudadana.

Una discusión seria sobre eficiencia del gasto público debe partir por reconocer evidencia incómoda para todos. Por una parte, es verdad que Chile sí muestra un deterioro en indicadores internacionales de efectividad gubernamental. Por otra sin embargo, Chile no tiene un Estado particularmente grande en comparación con los países de la OCDE. Esa combinación obliga a salir de la caricatura. El problema no es simplemente que el Estado gaste demasiado, sino que debe gastar mejor, decidir mejor, implementar mejor y evaluar mejor.

Un indicador útil para observar esta trayectoria es el Worldwide Governance Indicators —WGI— del Banco Mundial, en particular su dimensión de Government Effectiveness. Este indicador no mide directamente la eficiencia presupuestaria ni la rentabilidad social del gasto. Mide percepciones sobre la calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil, su grado de independencia frente a presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de políticas públicas y la credibilidad de los compromisos gubernamentales. El WGI se construye a partir de 35 fuentes internacionales —encuestas a hogares y empresas, evaluaciones de expertos y fuentes de organismos multilaterales, académicos y privados— y sintetiza más de 400 indicadores en seis dimensiones de gobernanza. Sus resultados se expresan en una escala tradicional que va aproximadamente de -2,5 a 2,5, donde valores más altos indican mejores resultados de gobernanza.

Visto así, el caso chileno exige honestidad. Chile alcanzó su valor máximo en efectividad gubernamental en 2005, con 1,31 puntos. En 2024 registró 0,96 puntos, por debajo del valor de 2023, que fue 1,00, y lejos de su mejor desempeño histórico. También es cierto que el mínimo reciente se observó en 2020, con 0,87 puntos, lo que sugiere una recuperación parcial posterior a la pandemia, pero no un retorno a los niveles previos. En otras palabras, el deterioro existe y no conviene minimizarlo.

Pero reconocer ese deterioro no equivale a concluir que el Estado chileno sea estructuralmente ineficiente o que la respuesta deba ser simplemente descontinuar programas. El propio significado del indicador invita a una lectura distinta. Lo que al parecer se ha erosionado son dimensiones asociadas a capacidad estatal, calidad de implementación, consistencia de las políticas, profesionalización, credibilidad y desempeño institucional. Es decir, problemas que no se resuelven necesariamente con menos Estado, sino con mejor Estado.

La comparación con el gasto público refuerza esta lectura. Según la OCDE, en 2023 el gasto del gobierno general en Chile representó 28,2% del PIB, muy por debajo del promedio OCDE de 42,6%. Además, respecto de 2019, año previo a la pandemia, el gasto chileno aumentó apenas 0,5 puntos porcentuales del PIB, desde 27,7% a 28,2%. Chile, por tanto, no aparece como un país con un Estado sobredimensionado en términos comparados. Aparece más bien como un país con un Estado relativamente acotado, pero sometido a demandas crecientes en salud, educación, seguridad, cuidados, infraestructura, pensiones, descentralización y protección social.

Esta distinción es importante. Si un país tiene un gasto público bajo en comparación internacional y, al mismo tiempo, muestra señales de deterioro en efectividad gubernamental, la pregunta relevante no es solo cuánto gastar, sino cómo se decide el gasto, cómo se implementa, cómo se evalúa y cómo se corrige. La eficiencia no consiste simplemente en reducir partidas presupuestarias indiscriminadamente. Consiste en transformar recursos escasos en resultados públicos verificables.

Por eso, la discusión actual sobre la revisión de programas públicos requiere especial cuidado. Por supuesto que hay programas que pueden estar mal diseñados, duplicados, desactualizados o capturados por inercias administrativas. Por supuesto que el Estado debe cerrar iniciativas que no producen resultados, reformular aquellas que no llegan adecuadamente a su población objetivo y fusionar instrumentos que fragmentan innecesariamente la acción pública. Pero también es cierto que una mala evaluación no siempre implica cierre, del mismo modo que una buena intención no justifica la permanencia indefinida de un programa.

La pregunta institucional de fondo es otra: ¿quién decide qué programas continúan, cuáles se reformulan y cuáles terminan? ¿Con qué evidencia? ¿Bajo qué metodología? ¿Con qué nivel de publicidad? ¿Con qué resguardos frente a sesgos políticos, presiones sectoriales o prioridades coyunturales del gobierno de turno?

En Chile existe una trayectoria relevante de evaluación de programas, particularmente desde la Dirección de Presupuestos. Sin embargo, esa institucionalidad aún convive con un problema persistente. La  evidencia que emana de dichas evaluaciones no siempre incide de manera clara, oportuna y vinculante en las decisiones presupuestarias. Programas mal evaluados pueden sobrevivir por razones políticas; programas necesarios pueden ser debilitados por razones fiscales de corto plazo; y programas técnicamente corregibles pueden ser presentados políticamente como evidencia de fracaso estatal.

Ahí radica el riesgo de convertir la eficiencia en consigna. Cuando se generaliza que el Estado es ineficiente sin distinguir entre programas, áreas o políticas públicas específicas, la discusión pública se empobrece. Se instala una falsa oposición entre quienes quieren “cortar” y quienes quieren “defender” el gasto. Pero un sistema político maduro y responsable debería ser capaz de hacer algo más difícil; cerrar lo que no funciona, rediseñar lo que funciona mal, fortalecer lo que produce valor público y transparentar los criterios usados para cada decisión.

En este punto, la creación de la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad resulta especialmente relevante. El proyecto de ley, Boletín 16.799-05, se encuentra en segundo trámite constitucional. Su propósito declarado es fomentar y evaluar la efectividad, eficiencia y coordinación de políticas, normativas, planes y programas del Estado, además de promover buenas prácticas regulatorias. Entre sus funciones se consideran la evaluación de políticas públicas, la evaluación posterior de programas, la coordinación de evaluación de impacto regulatorio y el seguimiento de planes de mejora.

Una agencia de este tipo no debería entenderse como una herramienta para justificar recortes, ni como un mecanismo para blindar programas frente a la crítica. Su valor está precisamente en lo contrario, crear una institucionalidad técnica capaz de reducir la discrecionalidad, ordenar el sistema de evaluación, mejorar la trazabilidad de las decisiones y evitar que la continuidad o término de programas dependa del clima político del momento.

Si el WGI muestra que Chile ha perdido efectividad gubernamental, la respuesta no debiera ser debilitar capacidades públicas, sino fortalecerlas. Y una capacidad pública esencial es saber evaluar. Evaluar no solo al final, cuando el programa ya está cuestionado, sino desde el diseño. Evaluar no solo ejecución presupuestaria, sino resultados. Evaluar no solo cobertura, sino pertinencia. Evaluar no solo cumplimiento formal, sino impacto, coordinación y aprendizaje institucional.

La esperada Agencia de Evaluación de Políticas Públicas puede ser una pieza clave para mover la discusión en esa dirección. Aun cuando no resolverá por sí sola los problemas del Estado chileno, puede ayudar a instalar una regla mínima de seriedad: que, antes de descontinuar, defender o expandir un programa público, corresponde evaluarlo de manera imparcial y con base en evidencia. Esa es la verdadera agenda de eficiencia que Chile necesita.