El autor de esta columna hace un repaso del impacto de los recortes en el área de educación, enfatizando que impacta al 90% de los estudiantes más vulnerables del país, y plantea que en el 2027 hasta podría el Mineduc dejar de ser ministerio. Sostiene que, «por lo mismo, es perfectamente viable que la Superintendencia Escolar trate los temas financieros, la JUNAEB los de soporte estudiantil, la JUNJI los de educación inicial y la DEP lo de educación pública, haciendo irrelevante mantener una instancia con tantos funcionarios que no pueden cumplir tareas sustantivas porque -parece que- lo pedagógico de niños y jóvenes que no pertenecen a los sectores más privilegiados está al final de las prioridades de esta administración».

Imagen de portada: Francisco Paredes / Agencia Uno. 

La Circular del Ministerio de Hacienda (Nº16 21/04/2026) es un baño de realidad total, pues da cuenta que nuestro país se enfrenta a un gobierno con un plan estructurado de reducción de programas sociales e iniciativas claves en diversas áreas, entre ellas educación, cuya motivación desconocemos más allá de la ideología ultraderechista que le sustenta, pues en los hechos implicarán irremediablemente la pérdida de beneficios claves para gran parte de la población escolar, y en razón de ello, un empobrecimiento más que relevante de la calidad de vida y de la convivencia social.

Antes de avanzar en su análisis es imprescindible despejar algunas situaciones que diversos actores buscan relativizar en estas propuestas en comento:

• Estas medidas no afectan en lo más mínimo al 10% de los estudiantes más privilegiados económicamente del país, que asisten a la educación privada de pago y que no requieren de apoyos estatales. En cambio, desprotegen de manera importante al 90% de los estudiantes que requieren de diversos tipos de apoyo para potenciar sus logros educativos.
• Llama la atención que autoridades públicas y parlamentarios afines al gobierno pongan el acento en “la filtración del documento a la opinión pública” o  en “lo inadecuado del momento en que se conoció” y no en su contenido, que es lo relevante, entendiendo que toda democracia requiere de máxima transparencia en el actuar de sus autoridades. 
• Algunas de las mismas autoridades y parlamentarios quieren convencernos de que el concepto explícito de “descontinuar” utilizado reiteradamente en la circular (142 veces), no es tal sino  es el de evaluar (según rae.es; discontinuar es: interrumpir, parar, detener).
• Todos los presupuestos para los años siguientes tendrán como valor máximo el actual (2026) con las restricciones de recursos ya realizadas, y la propuesta de reducción de al menos un 15% de su presupuesto para el 2027, de forma que—al tenor de sus orientaciones-  será imposible evitar los impactos negativos de estas medidas en los años sucesivos.
• En el caso de educación, se propone discontinuar 15 programas y reducir presupuestariamente 42 con el parámetro de 15%. No es algo aislado, sino un conjunto significativo de recursos destinados a los niños y jóvenes más pobres del territorio que no les llegarán.

Por razones de espacio de esta columna, me referiré a algunos programa que se descontinuarán y eventualmente a otros que se reducen, por el impacto que estos tienen en la educación de niños y jóvenes.

1. La descontinuación del Programa de Alimentación Escolar, que atiende al 70% de la población escolar total, de amplio debate público tras el conocimiento de la Circular señalada, es un programa social instalado en la escuela, que además de sus efectos nutricionales sobre los estudiantes (pensando en los problemas de obesidad temprana que presentan nuestros estudiantes), en lo educativo representa un complemento indispensable para el aprendizaje desde lo nutricional, un estímulo para la asistencia escolar (en muchos lugares la asistencia se regulariza cuando comienza este programa) y otros beneficios ampliamente conocidos que reportan mucho más efectos positivos. Es decir, la DIPRES debiese entender a estas alturas que es una inversión en diversos aspectos, incluidos los aprendizajes.
2. Terminar con el Programa de “Jardín Infantil Transitorio-Estacional” es un misil al empleo femenino, esencialmente de los sectores rurales y semirrurales, inexplicable para quienes hablan hoy de potenciar el empleo, y menos comprensible aún si pensamos que perjudica esencialmente a mujeres y niños.
3. Suprimir el Programa Nacional de Lectura, y paralelamente el Plan Nacional de Escritura, resulta insólito al tenor de los resultados del país en todas las pruebas nacionales e internacionales de las últimas dos décadas. Ello implica que, responsablemente, se debiese insistir más que desistir en esta materia en educación escolar y de adultos.
4. El programa de Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos es para apoyar en establecimientos a los que asisten los escolares más pobres pero destacados en estos atributos, al no existir esta herramienta, se comete una injusticia de oportunidades muy alta con el talento de aquellos que no han tenido la oportunidad de nacer en hogares con recursos económicos que sustenten ese apoyo.
5. Descontinuar el programa de Escuelas para Directivos y complementariamente reducir el de Fortalecimiento del Liderazgo Escolar, no tiene sustento menos si entendemos que este factor “directivos escolares” es el segundo en incidencia positiva en los aprendizajes (el profesor es el primero). En razón de ello, toda la evidencia internacional habla de potenciar este componente que, además, es mucho más económico de considerar, por el tamaño del grupo (5.000 directivos) que las políticas de perfeccionamiento docente que implican a lo menos incluir a 150.00 docentes.
6. En materia de apoyo docente se propone descontinuar el apoyo a Beca Vocación de Profesor, el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría, como también reducir los aportes a los programas de Red Maestros de Maestros, entre otros, que tienen un incidencia significativa en los docentes que trabajan en educación subvencionada privada y pública.
7. También se define descontinuar el programa de Reinserción Escolar, y reducir el programa de Subvención pro-retención, que son dos iniciativas claves que buscan recuperar y fortalecer la presencia regular de los estudiantes en la enseñanza media, especialmente de aquellos más vulnerables que hoy “son potenciales soldados de los narcotraficantes”.

Adicionalmente, se proponen recortes presupuestarios a iniciativas recientes que se instalaron precisamente por los problemas que se presentaron en la evaluación de la instalación de los SLEP, como Fondo para la Reactivación Educativa, y a Infraestructura y Equipamiento para la Educación Pública, entendiendo que, además, también se propone descontinuar el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, lo que en otras palabras es ahogar presupuestariamente a la educación pública.

Complementariamente se propone reducir un conjunto importante de apoyos y de becas a grupos minoritarios y a estudiantes de zonas extremas y condiciones especiales, los que suman aproximadamente la mitad de los recursos del Programa de alimentación escolar. Es decir, muchos recursos que se necesitan y que no estarían disponibles para “igualar la cancha” de niños y jóvenes más desfavorecidos que requieren de ellos, y que sin estos soportes ven claramente reducidas las posibilidades de aprovechar debidamente las oportunidades educacionales para salir de su condición deficitaria.

Esto es una muestra -muy reducida- de las implicancias negativas de la propuesta del Gobierno en educación, las que posiblemente para el año 2027 conlleven a que el Ministerio de Educación se reduzca a una Subsecretaría (dependiente de Justicia, como lo era antes de ser Ministerio), ya que los temas de política educacional y estrictamente pedagógicos, que son el corazón de su existencia, en grado importante se suprimen o reducen. Por lo mismo, es perfectamente viable que la Superintendencia Escolar trate los temas financieros, la JUNAEB los de soporte estudiantil, la JUNJI los de educación inicial y la DEP lo de educación pública, haciendo irrelevante mantener una instancia con tantos funcionarios que no pueden cumplir tareas sustantivas porque -parece que- lo pedagógico de niños y jóvenes que no pertenecen a los sectores más privilegiados está al final de las prioridades de esta administración.