Señor Director:

Chile enfrenta una paradoja incómoda: la Corte Suprema ordena bloquear sitios de apuestas online ilegales, pero el Estado parece incapaz de hacer cumplir eficazmente sus propios fallos. La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha optado por una postura pobre: reconocer dificultades técnicas, invocar límites normativos y anunciar protocolos futuros, mientras las plataformas siguen operando mediante cambios de dominio y “sitios espejo”.

El problema no es que el bloqueo sea técnicamente perfecto. No lo es. VPN, nuevos dominios y DNS alternativos pueden burlar muchas restricciones. Pero esa constatación no puede transformarse en excusa institucional. Si una sentencia judicial queda reducida a un gesto simbólico, el mensaje es devastador: en internet, cumplir la ley depende más de la astucia del infractor que de la capacidad del Estado.

La Subtel debiera estar liderando una respuesta técnica, coordinada y exigente. En cambio, aparece tarde, cautelosa y defensiva. Su propia explicación -que hay que ver cuánto permite la normativa exigir a las compañías- revela el fondo del problema: Chile regula el mundo digital mirando por el espejo retrovisor.

Aquí no se trata de convertir a las empresas de telecomunicaciones en policías de internet, sino de establecer un mecanismo claro, auditable y rápido para cumplir resoluciones judiciales. Si los sitios bloqueados reaparecen bajo direcciones casi idénticas, el Estado no puede iniciar desde cero cada vez. Necesita atribuciones, protocolos y responsabilidad institucional.

La pasividad tiene costos. Normaliza mercados ilegales, debilita a los reguladores y expone a usuarios -incluidos menores- a plataformas que operan fuera de la ley. Además, instala una señal peligrosa: basta mover una URL para dejar sin efecto a la justicia chilena.

La tesis es simple: sin capacidad de ejecución, la regulación digital es retórica. Chile puede discutir nuevas leyes sobre apuestas online, publicidad o deporte, pero mientras la autoridad técnica no sea capaz de hacer cumplir lo ya resuelto por los tribunales, el país seguirá confundiendo gobernanza digital con declaraciones de buenas intenciones.