Los autores de esta columna son parte de los cuatro miembros de la Comisión Verdad y Niñez que renunciaron a sus cargos denunciando que no se daban las condiciones para seguir con su trabajo, que es esclarecer las vulneraciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes que estuvieron bajo custodia del Estado. Escriben que «escuchar al dolor y crear la confianza para poder recibir un testimonio, no puede someterse a la lógica economicista, ni clientelista, ni de acuerdo con la valoración de una prestación. Una Comisión de Verdad no es una prestación pendiente del Estado; es una institución simbólica y muy real que tiene por finalidad algo mucho más grande: el restablecimiento del lazo social roto».

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

Desde que presentamos nuestra renuncia a la Comisión Verdad y Niñez, por el profundo cuestionamiento del gobierno al trabajo de la Comisión y a la reducción del equipo de regiones para dar a conocer la Comisión, sensibilizar a la comunidad en esta tarea, escuchar los testimonios de las personas víctimas y reconstituir los archivos del Sename, el gobierno ha salido en múltiples instancias a defender su decisión de recortar los equipos, aludiendo al bajo número de testimonios que se habría recibido. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, además, indicó literalmente que “el modelo no sirvió”.

El ministro yerra profundamente y hace daño si piensa que un modelo de trabajo basado en el cuidado ético, la escucha respetuosa, “no sirvió” por motivos económicos. Para escuchar hay que construir confianza. Eso no se puede hacer si las y los profesionales no van a municipios, instituciones de salud, ferias de derechos humanos, juntas de vecinos y a tantos otros espacios para informar de la Comisión, responder preguntas y acompañar si la persona por tercera o cuarta vez necesita reagendar porque quiere hablar, pero aún tiene dudas y no puede enfrentar el dolor que significa. Además, hemos constatado que después de brindar un testimonio, más o menos un tercio de las personas requiere de derivación a especialistas para una intervención en crisis que el Estado debe proporcionar. Dicho sea de paso, el Estado debiera entregar atención y tratamiento psicológico y psiquiátrico como medida de reparación mucho antes que su entrega testimonial. Lo debiera haber hecho desde que los derechos de niños niñas y adolescentes fueron violados.

Cada uno de los testimonios se merece todo el trabajo de la Comisión y el compromiso pleno del Estado. Cada una de las 300 personas que entregó su testimonio a la Comisión ha decidido volver a enfrentar el trauma vivido, a superar décadas de silencio; años y décadas de abandono institucional. Ellos y ellas han vuelto a creer en que esta vez sí podría ser acogida y escuchada su voz, para que nunca más un niño, una niña o un adolescente, sufra lo mismo que ellos y ellas.

Los testimonios nos han mostrado el horror en primera persona. Quienes entregaron su testimonio experimentaron la inacción ante sus denuncias, sufrieron represalias, el castigo físico o la privación de comida, incluso amenazas a su vida, por denunciar malos tratos, violaciones y abuso sexual, y otras formas de tortura.

Para muchas personas que entregaron su testimonio a la Comisión fue la primera vez que algún representante del Estado los escuchó con respeto y dignidad. Les agradecemos profundamente a cada uno y cada una que entregó su testimonio y quien lo piensa hacer, y también a quien reflexionó y decidió libremente que será en otro momento que hará uso de su derecho. Agradecemos a las y los profesionales que escucharon con profesionalismo y ética. Podríamos haber podido recibir más testimonios, ciertamente; sin embargo, primero hubo que crear las condiciones para que eso fuera posible (capacitación del equipo, creación de protocolos, búsqueda de lugares idóneos, etc.) y, especialmente, la confianza en esta instancia. La difusión de la instancia, en la televisión, las radios y en los territorios, es clave y el primer paso para tener acceso a ejercer el derecho.

También podrían haber sido más los testimonios en la medida que la colaboración de los servicios del intersector y la colaboración de los actores políticos de cada región se hubieran reforzado.

Sí, hubiéramos podido ser más eficientes si el Estado nos hubiera entregado los registros necesarios para realizar nuestro trabajo, datos que tiene, por ejemplo, el Servicio de Protección. No ocurrió ni en el gobierno pasado, ni en este. Seguimos esperando que esto se pueda corregir.

¿Se puede convocar y difundir la existencia de la Comisión y de su mandato de otra manera? Sí. Esto debió abordarse mediante una campaña de interés público, masiva y sostenida en el tiempo, acompañada de una línea telefónica gratuita para orientar y responder consultas. Ambas medidas fueron solicitadas por la Comisión durante 2025 y rechazadas. No contamos ni con los recursos ni con el apoyo político necesarios para concretarlo. En cualquier caso, no habrían significado un costo menor al modelo que finalmente se implementó, pero sí tal vez una mayor convocatoria y una mayor sensibilización de esta tarea.

Escuchar al dolor y crear la confianza para poder recibir un testimonio, no puede someterse ahora, además, a la lógica economicista, ni clientelista, ni de acuerdo con la valoración de una prestación. Una Comisión de Verdad no es una prestación pendiente del estado; es una institución simbólica y muy real que tiene por finalidad algo mucho más grande: el restablecimiento del lazo social roto. Si el Estado por décadas pagó y sigue pagando -y no poco- a quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sin intervenir, ¿por qué ahora no quiere gastar para, por lo menos, darles o devolverles su voz y junto a ellos construir medidas de reparación y no repetición?