Señor Director:

La carta de Magdalena Price Elton («500 millones») en El Mercurio presenta como pregunta lo que ya tiene respuesta. Los proyectos listados se financian a través de instrumentos concursables de ANID (Anillos, en su mayoría), plurianuales y para equipos, no para investigadores individuales, adjudicados por paneles internacionales de pares, con tasas de aprobación inferiores al 20%. Los $500 millones que tanto la inquietan sostienen durante tres años a grupos múltiples de investigadores, postdoctorados, tesistas, técnicos; empleos invisibilizados en la reciente intervención del presidente Kast.

La autora aclara que «no se trata de atacar a la academia, sino de preguntarse si el Estado cuenta con criterios claros». Pero esos criterios existen, son públicos y revisados permanentemente por la comunidad científica. De criterio dudoso es, sin embargo, la selección de proyectos de la remitente de la carta, escogidos no por su mérito o demérito investigativo sino por sus títulos: género, infancias, descolonización o medio ambiente.

Hay un debate legítimo sobre política científica en Chile (concentración de recursos, criterios de evaluación, vinculación con la sociedad), y la comunidad académica lo ha dado, contribuyendo activamente a llevarlo más allá de los cálculos cortoplacistas.

La especial atención a las humanidades y ciencias sociales, y en particular a los estudios de género y socioambientales, en la peculiar selección de títulos mencionada, dirige la pregunta hacia el lugar de estas disciplinas en la vida de una sociedad democrática. Esta cuestión puede responderse, al menos, de tres formas:

1) El valor del pensamiento especulativo no necesita justificarse por su utilidad. El financiamiento público en artes, humanidades y ciencias sociales ha sido, durante siglos, la vía para democratizar el acceso al pensamiento de quienes no disponen del ocio ni los recursos para cultivarlo por su cuenta.

2) Estas disciplinas forman capacidades indispensables para la vida democrática: pensamiento crítico que cuestiona marcos heredados y experimentación que abre nuevas preguntas, con o sin aplicación inmediata.

3) Más allá de los valores anteriormente mencionados, es evidente que artes, humanidades y ciencias sociales tienen aplicaciones concretas, directas e indirectas como el diseño de políticas públicas, educación, planificación urbana, prevención de la violencia y un largo etcétera.

Con todo, algo que urge pensar es que la inversión en investigación es del 0,4% del PIB, frente al promedio de la OCDE del 2,7%; que las humanidades, las artes y las ciencias sociales sostienen capacidades críticas indispensables para una democracia; y que la Ley de Cuidados, por ejemplo, descansa en décadas de investigación de género sobre el trabajo doméstico no remunerado.

Firman:

Daniela Alegría, Universidad Alberto Hurtado

Nicole Darat, Universidad Adolfo Ibáñez

Karen Glavic, Universidad de Chile

María Jesús Ibáñez, Universidad Diego Portales y Universidad Complutense de Madrid

Miriam Jerade, Universidad Adolfo Ibáñez

Camila Stipo, University of Warwick

Lorena Zuchel, Universidad Técnica Federico Santa María