La autora de esta columna fue integrante de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público nombrada por el Presidente Boric, y aporta detalles de las conclusiones sacadas en ese contexto y aclara el concepto «descontinuar» tal como lo usaron los comisionados. Dice que «el Oficio Circular N° 16 del Ministerio de Hacienda, fechado el 21 de abril de 2026, puso sobre la mesa una conversación necesaria pero la abrió de la manera equivocada. Descontinuar programas es una decisión legítima y urgente, sin embargo, su justificación no puede ser solo fiscal ni su análisis puede ser parcial. Debe partir de una comprensión integral de qué problemas se busca resolver, a qué población se atiende y qué ocurre con ella si una intervención desaparece».

Imagen de portada: Hans Scott / Agencia Uno

La evidencia acumulada sobre nuestra oferta programática apunta en una sola dirección: se requieren cambios profundos, no ajustes menores. Los problemas se concentran en fragmentación, duplicidad de objetivos y existencia de debilidades en el diseño o en la implementación de los programas, sumado a la ausencia de criterios claros para evaluar cuándo un programa debe terminar. Este diagnóstico lleva años instalado en los espacios técnicos, pero ha tardado en traducirse en decisiones políticas. Ya en 2016, el Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema identificaba la fragmentación de los programas como uno de los principales obstáculos para hacer frente a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Desde entonces, los diagnósticos se han acumulado.

El Estado chileno destinó el 2025 el 44% de su presupuesto a 706 programas públicos, concentrándose el 80% de ese gasto en solo 152 de ellos. Los 554 programas restantes se disputan el 20% y, en su gran mayoría, presentan un perfil crítico: bajo presupuesto, alto gasto administrativo y cobertura reducida. Chile cuenta con un sistema de monitoreo que es referente regional, y su último informe no deja lugar a dudas: 224 programas presentan problemas en su focalización —esto es, en identificar y llegar adecuadamente a quienes deben atender— y 319 muestran problemas en su eficacia, es decir, no cumplen sus propios objetivos. Estos son solo algunos de los indicadores que evidencian un bajo desempeño.

En el gobierno del Presidente Boric se tomó en serio este desafío y se empujó una agenda activa para enfrentar la fragmentación y la ineficiencia programática. Solo durante el 2023, se descontinuaron 26 programas y se fusionaron otros 13. Para la Ley de Presupuestos 2026 el gobierno propuso dejar 28 programas sociales y no sociales con mal desempeño con presupuesto $0, algunos correspondían a cierres definitivos y otros a fusiones con otros programas. Esta propuesta se logró de manera parcial en la discusión legislativa, con más de US$150 millones recortados a programas con malos resultados. Es decir, los esfuerzos por ajustar la oferta programática no son nuevos ni pertenecen a un sector político.

La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, convocada por el ministro Marcel, y de la cual fui una de sus cinco integrantes, estudió en detalle los espacios de ajuste fiscal en los programas sociales, entre otras materias. En el Informe Final, definimos con precisión el término «descontinuar»: no se justifica la continuidad de un programa en su modalidad actual y su rol debe repensarse, ya sea por mal desempeño o por debilidades reiteradas. Adicionalmente, para reducir la fragmentación, identificamos 76 programas pequeños —con presupuestos menores a MM$1.000— que presentaban baja cobertura (menor al 5% de su población objetivo) y/o altos costos de administración (mayores al 40% del presupuesto total), que deberían ser fusionados o descontinuados.

Dado lo complejo que resulta cerrar programas y la necesidad de realizar un análisis integral —basado en grupos poblacionales y problemas a atender, para identificar duplicidades y complementariedades entre iniciativas— recomendamos que la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) o una futura Agencia de la Calidad de Políticas Públicas incorpore dentro de sus atribuciones la revisión y pronunciamiento sobre programas con debilidades. Asimismo, se propone condicionar la asignación de recursos en casos de incumplimientos reiterados. Este mecanismo debiera ser permanente, autónomo y capaz de trascender los gobiernos de turno. Además, se recomendó establecer criterios mínimos para la creación de nuevos programas y cláusulas de término ante el incumplimiento de objetivos, condicionando la continuidad a resultados concretos.

El principal aprendizaje de este trabajo es que, a pesar del valioso sistema de evaluación con que cuenta Chile, no existen parámetros claros para decidir cuándo terminar un programa. Además, cada iniciativa —por mal evaluada que esté— tiene una comunidad que la sostiene y la defiende, lo que la convierte en un problema político que todos los gobiernos han enfrentado. Dado que no existe un criterio único, cualquier decisión de descontinuar programas debe responder a un análisis integral que considere que los problemas sociales son causados por carencias en múltiples dimensiones, las que exigen traspasar las fronteras sectoriales de cada ministerio. Un análisis de estas características ya existe en el Estado, el cual permite examinar cómo los más de 700 programas atienden a grupos prioritarios y las interconexiones entre los desafíos que enfrenta la población. Asimismo, identifica en qué etapa del ciclo del problema social interviene cada iniciativa.

El Oficio Circular N° 16 del Ministerio de Hacienda, fechado el 21 de abril de 2026, puso sobre la mesa una conversación necesaria pero la abrió de la manera equivocada. Descontinuar programas es una decisión legítima y urgente, sin embargo, su justificación no puede ser solo fiscal ni su análisis puede ser parcial. Debe partir de una comprensión integral de qué problemas se busca resolver, a qué población se atiende y qué ocurre con ella si una intervención desaparece. Muchos programas fueron creados por ley y cumplen funciones que no tienen reemplazo evidente. El Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB es un ejemplo: tiene problemas de diseño que exigen una reforma profunda, pero confundirlo con un beneficio prescindible es un error de diagnóstico y no solo de comunicación.

Chile tiene hoy las herramientas para hacer esto bien. Tenemos los diagnósticos, un sistema de monitoreo robusto y la evidencia necesaria para tomar decisiones informadas. Lo que se requiere es institucionalizarlas: crear mecanismos permanentes, autónomos y técnicamente sólidos que trasciendan los ciclos políticos y conviertan la racionalización programática en una política de Estado. Descontinuar lo que venimos haciendo es condición para hacer las cosas mejor.