Los autores de esta columna, todos expertos de distintas universidades, entran en el detalle de las propuestas de recorte que hizo el Ministerio de Hacienda al de Educación, haciendo un llamado a la autoridad a no reducir los presupuestos sino que a aumentarlos. Concluyen que «la educación debe ser una política de Estado. La necesaria promoción de una mayor eficiencia e innovación en el sistema, no implica desfinanciar la educación pública y particular subvencionada. No se puede hipotecar el futuro de los niños y niñas ni el desarrollo económico del país. No invertir adecuadamente en educación de calidad es imponer una alta tasa de impuestos de por vida a cada niño, niña y joven, así como a la sociedad en su conjunto».

Imagen de portada: Francisco Paredes / Agencia Uno

Uno de los factores clave que permiten acelerar el bienestar y el crecimiento económico de un país es el capital humano de sus habitantes, el cual depende de un sistema educativo equitativo y de calidad. Ha sido la fórmula de los países emergentes y avanzados durante décadas. Sin educación ni investigación científica, difícilmente lograremos impulsar niveles más altos de innovación, productividad laboral y desarrollo económico y social.

Por contraste, el gobierno en recientes días ha reabierto el debate sobre la sustentabilidad futura de dicha estrategia de desarrollo. El viernes 24 de abril circularon diversos oficios del ministro de Hacienda a todas las carteras sectoriales para orientar el inicio de la elaboración del presupuesto 2027. Aunque la ministra de Educación ha señalado que su cartera dará continuidad a los programas clave para el servicio educativo y que la Dirección de Presupuestos ha corregido la orientación desde la propuesta de descontinuar a la de reformular, es muy importante dimensionar lo que está en juego si se cumplieran todas las orientaciones señaladas originalmente en el oficio. Al respecto, los programas que Hacienda sugiere descontinuar equivalen al 17% de la oferta de programas públicos de dicho ministerio, mientras que los programas con reducción de presupuesto equivalen al 46%. Dicho de otro modo, la propuesta implicaría reducir, al menos, $2,2 billones, o casi el 14% del total de recursos del ministerio. Esto no es habitual ni parece razonable, incluso en periodos de restricción presupuestaria. Hacerlo sería una tragedia para el desarrollo social y económico del país, desde la perspectiva del crecimiento con equidad, inclusión y justicia.

La propuesta toca programas fundamentales para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños, promover los aprendizajes, y potenciar su adecuado desarrollo y bienestar. Sólo para ejemplificar, revisemos algunos de los recortes mencionados en el oficio. 

Se propone descontinuar el Programa de Alimentación Escolar, el cual es un pilar esencial desde hace 60 años de la política social, nutricional y educacional de Chile, siendo un referente en toda América Latina. No debiera ser necesario recordarlo. Sin el adecuado desarrollo cerebral de los niños y niñas, no es posible la educación, por lo que el ahorro propuesto ($1 billón) es sólo ilusorio para el desarrollo futuro del país.

Sucede lo mismo con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, fundamental para avanzar en la transición a los Servicios Locales de Educación, reforma consensuada por todos los sectores políticos en 2017 y que, según la evidencia de la Agencia de la Calidad de la Educación, está mostrando mejoras en los aprendizajes en las escuelas traspasadas. Asimismo, se propone descontinuar diferentes subvenciones escolares por $556 mil millones, asociadas al financiamiento regular de toda la educación subvencionada y orientadas a mejorar la calidad y la equidad en el sistema.

Asimismo, y a pesar de ser una prioridad nacional ampliamente consensuada, Hacienda propone eliminar diversos programas de apoyo al desarrollo de la lectura y escritura, tales como, el Programa de Modernización de Textos Escolares, el Programa Nacional de Lectura y el Plan Nacional de Escritura, reduciendo el presupuesto orientado a estos aprendizajes fundacionales en $27 mil millones. Los alarmantes y persistentes rezagos en la lectura de niños y niñas en Chile, que se reflejan en todas las mediciones, constituyen una máxima prioridad.  

Por otra parte, si se eliminaran la Beca Vocación de Profesor y el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría, se impactaría directamente la calidad de los docentes que ingresan y operan en el sistema, al afectar la atracción de buenos candidatos y la formación de profesores noveles. Los profesores son el recurso más importante para una educación de calidad. Por ello, no solo se requiere continuar los esfuerzos por fortalecer la formación inicial, sino también el desarrollo profesional continuo. Este ámbito es un acuerdo transversal que debemos sostener.

Chile ha logrado importantes resultados de cobertura, de reducción de la repitencia y abandono escolar en todos los niveles educativos. A su vez, los últimos SIMCE muestran que el sistema educativo ha logrado recuperar los niveles de aprendizaje pre-pandemia. Ahora se requiere un nuevo impulso, lo que implica una apuesta nacional seria y responsable, de consenso, osada y valiente por la innovación pedagógica, la inclusión en el aula y el bienestar socioemocional de nuestras niñas, niños y jóvenes. Sin una mayor inversión pública, estaremos destinados a la mediocridad.

El Presidente Kast se ha comprometido a mejorar la educación del país. Para ello, la educación preescolar y escolar no requiere menos, sino más recursos, y asegurar que estos se inviertan bien, aunque siempre habrá espacios de eficiencia o reasignación para fortalecer el uso de los recursos.      

Los ámbitos donde es indispensable que el gobierno priorice acciones para lograr estos objetivos incluyen el incremento de los fondos destinados a la educación inicial, a los programas preventivos de salud escolar y de fortalecimiento de los aprendizajes en lectura y matemática, así como una revigorización de la formación y desarrollo docente. También destacan fortalecer las políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales para mejorar el apoyo a la convivencia, equidad e inclusión educativa, el bienestar socioemocional de estudiantes y docentes, y la reducción de la violencia en escuelas y liceos, lo cual demanda recursos adicionales no comprometidos en el proyecto de ley Escuelas Protegidas y nuevas miradas para enfrentar esta problemática.

Esperamos que, en los próximos meses, los ministerios de Hacienda y Educación incluyan esas prioridades en el trámite de elaboración del presupuesto 2027. Porque contar con consensos elementales es un prerrequisito para mejorar la educación del país.

La educación debe ser una política de Estado. La necesaria promoción de una mayor eficiencia e innovación en el sistema, no implica desfinanciar la educación pública y particular subvencionada. No se puede hipotecar el futuro de los niños y niñas ni el desarrollo económico del país. No invertir adecuadamente en educación de calidad es imponer una alta tasa de impuestos de por vida a cada niño, niña y joven, así como a la sociedad en su conjunto.