La libertad de expresión atraviesa una caída que no se veía desde las guerras mundiales y la Guerra Fría. En Zambia, gobiernos, plataformas tecnológicas y organizaciones civiles buscarán convertir ese diagnóstico en la Llamada a la Acción de Lusaka: un conjunto de compromisos concretos sobre seguridad de periodistas, inteligencia artificial y financiamiento de medios independientes. 

Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, presidió el jurado que entregó al Sindicato de Periodistas Sudaneses el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano. 

En 2024, 61 conflictos armados activos —el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial— hacían del mundo un lugar más peligroso para reportear que en cualquier otro momento reciente. Ese mismo año, 361 periodistas estaban encarcelados en algún lugar del mundo, el número más alto jamás registrado por el Comité para la Protección de los Periodistas. Y desde 2006, el 85% de los casos de periodistas asesinados seguían sin resolverse. Esos datos provienen del Informe de tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios 2022-2025, publicado por la UNESCO. 

Ese es el contexto en el que la UNESCO celebra este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa en Lusaka, bajo el lema “Forjar un futuro en paz”. Una pregunta articula la conferencia global del Día Mundial, que se celebrará los días 4 y 5 en la capital de Zambia: ¿puede haber paz sostenible sin periodismo libre? La respuesta que se busca construir no es solo retórica: la conferencia cerrará con la Llamada a la Acción de Lusaka, un documento que busca comprometer a gobiernos, plataformas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil en medidas concretas sobre seguridad de periodistas, gobernanza de la inteligencia artificial y financiamiento de medios independientes. 

Lo que diagnostica el informe sugiere que la urgencia de esos compromisos no puede esperar. El Índice de Libertad de Expresión ha caído un 10 % a nivel mundial desde 2012, una regresión comparable, en escala, a la de los períodos más convulsos del siglo XX: las dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Ese deterioro va de la mano con un retroceso democrático sin precedentes recientes: por primera vez en dos décadas, las autocracias superan en número a las democracias, y hoy el 72 % de la población mundial vive bajo regímenes no democráticos. 

TRES EJES: SEGURIDAD DE PERIODISTAS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

La conferencia de Lusaka llega articulada en torno a tres ejes que el informe de la UNESCO identifica como los frentes donde la crisis del periodismo es más aguda, y donde las soluciones, si llegan, tendrán mayor impacto. 

El primero examina el vínculo entre periodismo independiente, paz y seguridad. El informe documentó que entre enero de 2022 y septiembre de 2025, fueron asesinados 310 periodistas —más de la mitad mientras cubrían conflictos armados— y solo el 0,97 % de esos casos se habían resuelto. A esa violencia directa se suma otra, más específica: desde 2010, al menos 46 periodistas que cubrían la crisis climática han sido asesinados, una cifra que ilustra cómo el periodismo ambiental se ha convertido en una de las coberturas más peligrosas del mundo. 

La impunidad, además de ser una falla judicial, es también un mensaje dirigido a quienes todavía no han sido silenciados. El informe indica que las amenazas, intimidaciones y actos de violencia contra periodistas se intensifican aproximadamente 2,4 puntos porcentuales cada año. Las mujeres periodistas cargan con una parte desproporcionada de esa violencia: el 73 % de las encuestadas reportó haber sufrido violencia digital, que con frecuencia escala a agresiones físicas o provoca estrés postraumático. 

El desplazamiento forzado sigue esa misma lógica. Solo en América Latina y el Caribe, cerca de 913 periodistas fueron desplazados o exiliados entre 2018 y 2024. Reporteros Sin Fronteras señaló que el 70 % de su ayuda de emergencia en 2024 se destinó a periodistas en el exilio, un aumento del 25 % respecto a 2022. El exilio ha dejado de ser una excepción para convertirse en una salida estructural del periodismo independiente en la región. 

Y los intentos de los gobiernos por controlar o restringir los medios han crecido un 48 % en doce años. Esa presión, combinada con la violencia, explica otro dato del informe: la autocensura aumentó casi un 63 % desde 2012, a una tasa de casi 5 % anual. No por leyes ni censores explícitos, sino por el miedo a represalias, al acoso y a la intimidación. 

El segundo eje interroga la transformación digital del ecosistema informativo. Tres de las mayores plataformas tecnológicas del mundo estaban en camino de concentrar más de la mitad del gasto publicitario global (excluyendo China), según datos del World Advertising Research Center de 2025; algunas estimaciones sitúan esa concentración ya por encima del 54 % de los ingresos publicitarios mundiales. Entre 2015 y 2024, 678 medios digitales latinoamericanos dejaron de publicar, casi un tercio de esos solo en el último año. 

La inteligencia artificial añade otra capa al problema. Cerca del 40 % de los usuarios ya recurre a la IA para crear o modificar contenidos, y la IA generativa ha exacerbado la manipulación de información y la creación de deepfakes, herramientas utilizadas por actores maliciosos para erosionar la confianza pública. Los motores de búsqueda con IA reducen la visibilidad de los medios de noticias, con efectos directos sobre su tráfico e ingresos. Y el contenido periodístico se usa para entrenar esos modelos sin compensación adecuada, una asimetría especialmente grave para los editores del Sur Global. 

Una encuesta realizada por la UNESCO en México, Rumanía, Sudáfrica y Estados Unidos, como parte de su informe, reveló algo que merece atención: en los cuatro países, las herramientas de IA gozaban de mayor confianza que los gobiernos, las empresas o la prensa. El 97 % de los encuestados declaró tener al menos conocimientos básicos sobre IA, mientras que la confianza pública en los medios continúa cayendo. Un ecosistema en el que se confía más en las máquinas que en el periodismo es un ecosistema vulnerable a la desinformación a escala industrial. 

El tercer eje tiene que ver con la viabilidad económica de los medios independientes. La ayuda internacional al periodismo disminuyó en 2024 tras cinco años de crecimiento continuo, y la abrupta suspensión de los fondos estadounidenses —que representaban aproximadamente el 25 % del apoyo global al desarrollo de los medios, unos 620 millones de dólares anuales entre 2020 y 2024— ha causado graves afectaciones al periodismo, especialmente en contextos frágiles. 

Hay, sin embargo, señales que apuntan en otra dirección. Entre 2020 y 2025, unos 1.500 millones de personas obtuvieron acceso a redes sociales y plataformas de mensajería, ampliando el potencial alcance del periodismo independiente. Y el 49 % de los países del mundo ya reconoce legalmente a los medios comunitarios, un avance normativo relevante en la disputa por el pluralismo informativo. 

De eso trata, en último término, la conferencia de Lusaka. El informe de la UNESCO cruzó datos de libertad de prensa con indicadores del Banco Mundial y de Transparencia Internacional, y encontró que los países con prensa más libre tienden a tener gobiernos más transparentes, menos corrupción y mejores políticas climáticas, una de las correlaciones más sólidas que existen en ciencias sociales. Cuando los medios independientes desaparecen, nadie vigila a los funcionarios que contaminan, nadie investiga los contratos irregulares, nadie le cuenta a la ciudadanía lo que sus gobernantes hacen o dejan de hacer. Por ello, el periodismo libre no es un adorno de las democracias saludables, sino parte de lo que las mantiene en pie. 

AMÉRICA LATINA: DEL DIAGNÓSTICO A LA ACCIÓN 

La región no llega a este Día Mundial de la Libertad de Prensa solo como escenario de crisis. En los días inmediatamente posteriores a la conferencia de Lusaka, el 6 y 7 de mayo, ARTICLE 19 y la UNESCO convocan en Ciudad de México el encuentro ‘Periodismo ante el silencio: diálogo regional sobre libertad de prensa en América Latina y el Caribe’, para traducir los debates globales a las realidades específicas de la región. 

Dos iniciativas concretas ilustran en qué dirección apunta ese trabajo. La primera es Montevideo, que se consolida como ciudad refugio para periodistas desplazados de toda América Latina: con apoyo de la UNESCO, el Instituto de Comunicación y Desarrollo de Uruguay lanzó un programa que combina alojamiento temporal, acompañamiento psicosocial y formación en seguridad digital, con prioridad para mujeres periodistas. La segunda apunta precisamente a ellas: una iniciativa regional contra la violencia digital hacia mujeres periodistas, impulsada por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, parte de un dato que debería alarmar a las redacciones: según el estudio Medios sin violencias de la UNESCO, casi el 60 % de los medios de comunicación de la región no tiene ningún protocolo para prevenir o atender ese tipo de violencia. 

JAIME ABELLO, PRESIDENTE DEL JURADO DEL PREMIO GUILLERMO CANO 

Como todos los años, en el marco de la conferencia global del Día Mundial de la Libertad de Prensa se anuncia el ganador Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano, uno de los más importantes a nivel mundial para periodistas. Este año el galardón será otorgado al Sindicato de Periodistas Sudaneses, por coordinar la seguridad de reporteros que siguen cubriendo la guerra en condiciones extremas. Según estimaciones del propio sindicato, tras dos años de conflicto, el 90 % de los medios de Sudán han cerrado. Este reconocimiento encarna exactamente lo que el lema de Lusaka quiere decir: forjar un futuro en paz exige que alguien siga informando, incluso cuando informar cuesta la libertad. 

El jurado que tomó esa decisión fue presidido, a invitación de la UNESCO, por Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, institución creada en Colombia por el nobel Gabriel García Márquez. El Premio lleva el nombre de Guillermo Cano, periodista colombiano asesinado en 1986 por su trabajo como director de El Espectador. Mónica González, actual presidenta del Consejo Rector de la Fundación Gabo, recibió este mismo premio en 2010 por su lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet y por su trabajo investigando violaciones de derechos humanos y corrupción.