Señor Director:

En 1990, la historiadora María Angélica Illanes publicó Ausente, señorita: el niño chileno, la escuela-para-pobres y el auxilio 1890/1990. Hacia una historia social del siglo XX en Chile, un libro que reconstruye cien años de esfuerzos por mantener a las niñas y niños de sectores populares dentro de las aulas. El libro fue publicado, no por casualidad, por la propia Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Treinta y seis años después, un oficio del Ministerio de Hacienda propone descontinuar el Programa de Alimentación Escolar de esa misma entidad, como parte de un ajuste fiscal permanente que podría alcanzar los 5,4 billones de pesos hacia 2027 y que impactaría en 142 programas estatales. El título del libro de Illanes resuena hoy con una vigencia que incomoda: las infancias vuelven a estar ausentes, y es el propio Estado chileno el que amenaza cerrar las puertas de las escuelas. 

Desde las últimas décadas del siglo XIX, el ausentismo escolar fue el principal obstáculo para alfabetizar y educar a la población chilena. Los niños y niñas de los sectores populares no faltaban a la escuela por desidia: faltaban porque el hambre, el trabajo infantil y las enfermedades no lo permitían. Las primeras respuestas no vinieron de parte del Estado, sino de la caridad privada. Así, la asistencia a la infancia desvalida venía de la beneficencia, no de las políticas públicas. La aprobación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria en agosto de 1920 –después de décadas de discusión en el Congreso Nacional– intentó resolver el problema por decreto. Pero la obligatoriedad legal chocó contra la precariedad material: los niños seguían faltando a la escuela porque nadie puede aprender con hambre. 

Fue precisamente ese fracaso el que obligó al Estado a ir más lejos. A finales de la década de 1920, con la creación de las Juntas Comunales de Auxilio Escolar, los municipios comenzaron a entregar alimentación y vestuario a niñas y niños de las escuelas públicas. Posteriormente, en 1953, con la fundación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar (JUNAE), las iniciativas de asistencia escolar comenzaron a ser coordinadas y sostenidas por el Estado. 

En 1964, esta institución se reestructuró administrativamente, ampliándose sus funciones y dando origen a la actual JUNAEB. Esto aseguró la llegada del auxilio escolar al 100% de las escuelas públicas del país. De esta manera, Chile reconoció que el auxilio escolar –la alimentación, la salud, el vestuario, los útiles escolares– no era un gasto accesorio, sino una condición fundamental del derecho a educarse.

El libro de Illanes documenta ese largo aprendizaje colectivo: que sin alimentación, la escuela pública simplemente no funciona para quienes más la necesitan. Eliminar, descontinuar, recortar o “reformular” el Programa de Alimentación Escolar hoy, bajo el argumento de una consolidación fiscal, no es simplemente una decisión presupuestaria. No se puede decidir correctamente sin dar valor a la historia. Y la historia, en este caso, es muy clara: cuando el Estado no auxilia, no ahorra en gastos, sino que falla en su deber de garantizar la educación para todas y todos.