El Ministerio de Hacienda no sólo recomendó descontinuar 142 programas sociales como el de Alimentación Escolar o el plan Contra el Crimen Organizado. También propuso reducir en al menos un 15% el presupuesto de otros 260 planes sociales, incluyendo iniciativas como la Pensión Garantizada Universal (PGU), el gasto en el transporte público metropolitano, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, la Subvención de Gratuidad, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, las inversiones en Jardines Infantiles y el Bono Invierno; entre otros. En campaña, el Presidente José Antonio Kast afirmó: “Nosotros no vamos a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”. Los recortes presupuestarios recomendados por Hacienda, algunos de los cuales requerirán leyes, suponen una reducción de $2,8 billones.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno.

En el oficio difundido el viernes 24 de abril pasado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sugirió a diversos ministerios sectoriales que para el presupuesto de 2027 reduzcan al menos un 15% del dinero que se aplica a 260 planes sociales. En estos se incluyen programas como la Pensión Garantizada Universal, el gasto en el transporte público metropolitano, el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Subsidio Único Familiar (SUF), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, la Subvención de Gratuidad, el Aporte Previsional Solidario de Vejez, la inversiones en Jardines Infantiles, el Bono Invierno y el Subsidio Habitacional DS1, entre otros.

Estas rebajas presupuestarias se suman a la propuesta de “descontinuar” otros 142 programas, como el de Alimentación Escolar, lo que generó una amplia reacción de rechazo, incluso de dirigentes de partidos de gobierno. Tras la controversia que provocó esta sugerencia, desde la Dirección de Presupuesto corrigieron el término ocupado -“descontinuar”- para señalar que solo se trataba de una reformulación.

Al revisar la lista completa de las propuestas de Hacienda, se constata que además hay otros 260 programas que, si bien no se sugiere eliminar, se plantea rebajar. Uno de esos es el de las pensiones o PGU, cuyo presupuesto a reducir es el más oneroso de todo el listado. La iniciativa de Hacienda de proponer un recorte surge a pesar de que el Presidente José Antonio Kast afirmó en octubre pasado, durante su campaña presidencial, que, de ser electo, su gobierno no iba “a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”. En la red social X, el mandatario agregó que los US$ 6 mil millones que anunció se iban a rebajar en su gobierno, no afectarían “beneficios sociales como la PGU”, escribió. Arturo Squella, en tanto, presidente del Partido Republicano, aseguró en esa discusión que la PGU no se iba tocar: “No se va a tocar y solo van a crecer los beneficios económicos, particularmente para las personas más pobres”, fue lo que dijo el dirigente Republicano.

En los documentos revisados por CIPER, Hacienda recomendó al Ministerio del Trabajo reducir en más de $1,7 billones un total de 17 beneficios que administra el Instituto de Previsión Social (IPS), algunos de ellos establecidos por ley y que favorecen a más de tres millones de personas. En detalle, este listado de reducciones propuesto al IPS, incluye lo siguiente (vea el documento): 

• Pensión Garantizada Universal. 
• Pensiones del Sistema de Reparto. 
• Subsidio Familiar (SUF). 
• Pensión Básica Solidaria de Invalidez 
• Aporte Previsional Solidario de Vejez. 
• Bono Invierno. 
• Aporte Previsional Solidario de Invalidez. 
• Leyes Reparatorias de Derechos Humanos. 
• Aporte Familiar Permanente. 
• Bono por Hijo. 
• Bono de Reconocimiento. 
• Subsidio de Discapacidad (ex Subsidio de Discapacidad Mental). 
• Asignación por Muerte. 
• Asignación Familiar y Maternal. 
• Desahucio e Indemnizaciones. 
• Bono Bodas de Oro. 
• Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes.

Estas rebajas no sólo afectan al Ministerio del Trabajo. De hecho, los recortes planteados ascienden a $2,8 billones, si se consideran todos los programas que Hacienda aconsejó reducir a los 22 ministerios del país.

En términos de gasto público, los principales programas cuyo financiamiento el gobierno busca disminuir son la ya mencionada PGU, al que le siguen las Pensiones del Sistema de Reparto, la inversión en Transporte Público Metropolitano y el Crédito con Aval del Estado.

A ellos, se suman los montos asignados a Leyes Reparatorias de Derechos Humanos, Aporte Familiar Permanente, Bono por Hijo, Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Refuerzo Atención de Urgencia Hospitalaria y Prehospitalaria, Bono de Reconocimiento, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio de Discapacidad (ex Subsidio de Discapacidad Mental).

Quiroz envió estas instrucciones en un documento remitido la semana pasada a todas las secretarías de Estado, en el que subrayó que las rebajas recomendadas que finalmente se ejecuten serán permanentes y hasta 2031, como parte de un nuevo “paradigma” de la gestión pública. “Proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual”, ordenó el jefe de las finanzas públicas en el oficio 16, cuya fecha de despacho a las distintas reparticiones fue el 21 de abril.

CIERRES Y REFORMULACIONES

Según cifras oficiales, el impacto de toda la propuesta del oficio difundido por Hacienda, afectará a más de 15 millones de chilenos que perderán o verán reducidos sus beneficios sociales en una o más de las siguientes áreas: Educación, Salud, Cultura, pensiones y Vivienda, desde 2027. Esto, si el gobierno aplica estas medidas, tal como se señala en el oficio y se ha dicho en las distintas explicaciones al respecto.

El oficio alude en total a 402 programas sociales, de los cuales 142 son los que inicialmente la cartera de Quiroz planteó descontinuar, pero que luego el gobierno precisó que se iban a reformular, sin descartar su cierre. 

Aparte del programa de Alimentación Escolar, algunos de los programas más importantes que la autoridad busca cerrar o reformular son el Transporte Público Regional, las Becas de Postgrado en Chile, el Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria, la Atención Odontológica Integral, la Atención en salud para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de derechos y los Cuidados Paliativos Universales, entre otros.

La propuesta también planteó cerrar o reformular el Programa DIR APS Alcohol, Tabaco y otras Drogas, el que busca resolver el riesgo de consumo de alcohol, tabaco y drogas en adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, dando cobertura a 2,5 millones de personas, según registros oficiales.

Todos estos programas suman $5,4 billones, cifra que equivale a US$6.000 millones, monto que es el mismo que el Presidente Kast prometió en su campaña que recortaría del gasto público, negando que esa disminución afecte el gasto social. Los sectores más tocados por estos cierres y reformulaciones del presupuesto son personas jóvenes o con problemas de salud, además de quienes viven en regiones y usan transporte público.