El viernes se filtró que el proceso de formulación presupuestaria 2027-2031 recomienda descontinuar el PAE y el PACE. Dos programas distintos, una misma lógica: reducir las condiciones que hacen posible que estudiantes vulnerables permanezcan y progresen en el sistema educativo. La autora de esta columna comenta que «pedimos que la recomendación de descontinuar estos programas sea transparente en los estudios que la sustentan, en sus supuestos metodológicos y en los costos que no contabiliza: el ausentismo diferido, la deserción evitable, el talento que no llega a la universidad porque se cerró el mecanismo que compensaba su origen (…) La evidencia acumulada durante décadas apunta en una dirección inequívoca: estas intervenciones funcionan, y cuando se retiran, los costos los absorben quienes menos pueden hacerlo».

Imagen de portada: Luis Bozzo / Agencia Uno

En Chile, según la encuesta CASEN, alrededor de 14% de las personas del quintil más vulnerable de ingresos tiene educación superior completa o incompleta. En el decil más rico, esa cifra es casi 70%. Esa brecha no es un accidente estadístico: es el resultado acumulado de décadas de desigualdad en las condiciones materiales de aprendizaje, en el acceso a información vocacional, en la posibilidad de proyectarse más allá de lo inmediato. Cerrar esta brecha requiere intervención deliberada del Estado a lo largo de toda la trayectoria educativa.

Sin embargo, una circular del Ministerio de Hacienda enviada al Ministerio de Educación -que salió a la luz recientemente- muestra que el proceso de formulación presupuestaria 2027-2031 propone avanzar en la dirección opuesta: recomienda descontinuar dos de los programas que operan precisamente en los extremos de esa trayectoria. El Programa de Alimentación Escolar (PAE), que sostiene las condiciones básicas de aprendizaje desde prekínder hasta cuarto medio, y el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), que abre la puerta de la universidad a estudiantes talentosos de liceos vulnerables. Juntos, cubren el arco completo: de la ración al cupo.

EL PAE: UNA CONDICIÓN, NO UN BENEFICIO

El PAE existe desde 1908 porque la deserción escolar por hambre era un problema que el sistema no podía ignorar. Con la creación formal de JUNAEB en 1964, la respuesta se institucionalizó. Hoy el programa atiende a cerca de 1.800.000 estudiantes en 12.300 establecimientos, todos pertenecientes al 60% de las familias más vulnerables del país. En 2002, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU lo reconoció como uno de los cinco mejores programas de alimentación escolar del mundo. El año 2025 ejecutó más de un billón de pesos.

La relación entre hambre y fracaso escolar no es una intuición: es una cadena causal documentada en décadas de investigación. Estudios longitudinales muestran que la inseguridad alimentaria afecta la concentración, la memoria y el estado de ánimo de los niños, deteriora sus trayectorias en lectura y matemáticas, aumenta el ausentismo y la probabilidad de repetir curso, y reduce sus chances de graduarse. Una revisión sistemática de 17 estudios publicada en 2021 concluye que transitar entre seguridad e inseguridad alimentaria tiene efectos significativos y duraderos en el funcionamiento cognitivo, con consecuencias tanto nutricionales como no nutricionales — el estrés crónico del hambre daña el aprendizaje con independencia del estado nutricional. Análisis del programa de alimentación escolar en Colombia documentan reducciones de deserción de entre un 10% y un 25% asociadas directamente al programa.

Sobre el impacto de la alimentación escolar en los resultados educativos, la evidencia regional es igualmente sólida. Un informe conjunto del BID y el PMA de 2022, con datos de 31 países de América Latina y el Caribe, documenta retornos de hasta nueve dólares por cada dólar invertido, con efectos positivos en asistencia, aprendizaje y nutrición. Un estudio específico sobre Chile (McEwan, 2013) matiza el panorama: no encontró efectos significativos del incremento calórico sobre asistencia o resultados de cuarto básico, y propone reorientar el foco hacia la composición nutricional antes que al volumen calórico. Es una señal de alerta sobre el diseño del programa, no una justificación para eliminarlo. Corregir y descontinuar son decisiones radicalmente distintas, y confundirlas en un anexo presupuestario no es análisis técnico.

EL PACE: EL TALENTO QUE LA PAES NO VE

El PACE nació en 2014 para resolver un problema que los datos hacían evidente: el sistema de admisión universitaria filtraba por nivel socioeconómico, no por capacidad. El programa garantiza cupos en instituciones de educación superior a estudiantes del 15% superior del ranking de notas de sus liceos, independientemente de su puntaje en la PAES. Acompaña a los estudiantes durante tercero y cuarto medio y durante los primeros cuatro semestres universitarios, con apoyo académico y psicosocial.

Un estudio que caracteriza a la cohorte 2017 en tres universidades chilenas de distinta realidad geográfica e institucional —UC del Norte, USACH y UC de Temuco— documenta algo que debería ser incómodo para quienes defienden el mérito como criterio de selección: entre los estudiantes PACE y sus pares de ingreso regular hay diferencias estadísticamente significativas en vulnerabilidad escolar y en puntaje PAES —de 200 a 300 puntos— pero las diferencias en calificaciones universitarias no son estadísticamente significativas. Es decir: los estudiantes PACE rinden igual en la universidad, pero venían de contextos donde la prueba estandarizada castigaba su origen, no su capacidad. Descontinuar el PACE no elimina el talento. Elimina el mecanismo que lo hacía visible y le abría un camino.

DOS PROGRAMAS, UNA MISMA LÓGICA DE RECORTE

Lo que hace especialmente revelador que ambos programas aparezcan recomendados para descontinuación en el mismo proceso presupuestario es que no son redundantes ni se solapan: son complementarios y operan en momentos distintos de la trayectoria educativa. El PAE interviene en las condiciones materiales del aprendizaje cotidiano — la posibilidad de concentrarse porque no se tiene hambre, de asistir porque hay una razón concreta para ir, de permanecer en el sistema en lugar de abandonarlo. El PACE interviene en la transición más desigual del sistema —la puerta de la educación superior, históricamente franqueable sólo para quienes tienen capital cultural, económico e información. Recortar ambos en simultáneo no es ajustar el gasto: es desmantelar los dos extremos del andamiaje que sostiene la trayectoria educativa de los estudiantes más vulnerables.

El proceso presupuestario enmarca estas decisiones en el lenguaje de la eficiencia, la sostenibilidad y el cambio de paradigma. Es un lenguaje que suena neutro. No lo es. Toda decisión de priorización es también una decisión sobre quiénes absorben los costos del ajuste. Y cuando los programas que se descontinúan son los que compensan desventajas de origen —los que hacen posible que niñas y niños de los tres primeros quintiles puedan aprender, terminar la enseñanza media y acceder a la universidad— la neutralidad técnica se disuelve. Queda la política. Una política que elige que el ajuste lo paguen quienes menos pueden pagarlo.

Desde la perspectiva de la justicia educacional, el derecho a aprender no se agota en la matrícula ni en el currículum. Requiere condiciones materiales de posibilidad a lo largo de toda la trayectoria. El PAE y el PACE son, cada uno a su manera, parte de esa arquitectura. Pedimos que la recomendación de descontinuar estos programas sea transparente en los estudios que la sustentan, en sus supuestos metodológicos y en los costos que no contabiliza: el ausentismo diferido, la deserción evitable, el talento que no llega a la universidad porque se cerró el mecanismo que compensaba su origen.

La ironía es que esos estudios existen y son públicos — los encargó y publicó la propia DIPRES-. La evaluación de impacto del PACE concluye que el programa funciona y que el cupo es su mecanismo principal. La evaluación más reciente sobre el PAE, de septiembre de 2025, recomienda ajustes al proceso de licitación — no descontinuarlo. La evidencia acumulada durante décadas apunta en una dirección inequívoca: estas intervenciones funcionan, y cuando se retiran, los costos los absorben quienes menos pueden hacerlo. La brecha entre el 14% y el 70% no se cierra sola. Y tampoco se cierra recortando los programas que han pasado décadas intentando reducirla.