El Partido de la Gente (PDG) anunció que respaldará el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que ingresó el gobierno este miércoles. Para asegurar el apoyo, el conglomerado del excandidato presidencial Franco Parisi se reunió en el Congreso durante la mañana con el ministro de la Secretaría General de Presidencia (Segpres), José García Ruminot.

El jefe de bancada de los diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, valoró el compromiso: «Hoy es un día importante para la clase media. El PDG, el Partido de la Gente, junto al Gobierno, han llegado a un acuerdo llamado Plan Alivio Clase Media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el gobierno, votará a favor, en general, la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción».

El Ejecutivo deberá incluir en una nueva iniciativa la devolución del IVA en la compra de pañales y medicamentos, además de mantener el impuesto del 12,5% para las pymes. El ministro García Ruminot sostuvo que el “Presidente de la República asumió con las Pymes un compromiso desde la campaña. Hoy reafirmamos que la tasa no será transitoria, sino permanente“.

(Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)

Las exjefas del Programa Nacional de Derechos Humanos, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, acusaron a través de un comunicado público que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, prohibió que los abogados que representan al Estado intervengan en las audiencias en las que se revisan rebajas de penas o cumplimientos alternativos de condenados por crímenes de lesa humanidad. El secretario de Estado negó haber dado esa orden: “No ha habido una instrucción de este ministro. Lo que hemos señalado es que hay que atender el contenido de las sentencias”.

En el documento, las ahora integrantes de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria aseguran que el ministro le dio la instrucción a la actual jefa del Programa Nacional de Derechos Humanos, Constanza Garrido. Argumentaron que el protocolo de ese programa, vigente desde 2017, establece que el área jurídica debe intervenir ante acciones interpuestas por graves violaciones a los derechos humanos y que, además, deben apelar e impugnar las resoluciones que rebajen penas, cambien la modalidad de cumplimiento o agravien a familiares de las víctimas. Y, consignaron que la “omisión de defensa se convierte así en la nueva vía para desestimar el cumplimiento de cárcel efectiva”.

Un caso de este tipo reveló CIPER hoy sobre el exjefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de la dictadura en Concepción, Jorge Mandiola, quien solicitó por su edad y condición de salud cumplir en su domicilio los 13 años de condena que le faltaban (lea aquí el reportaje). Aunque la Corte de Apelaciones de la capital regional desestimó la solicitud, el Programa de Derechos Humanos del gobierno no objetó la petición luego de que ordenó a los defensores del programa del Ministerio de Justicia a no presentarse a la audiencia en la que se discutió el beneficio.

El ministro Rabat negó haber dado la instrucción (Créditos: Pablo Ovalle / Agencia Uno).

El Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un sumario para investigar a funcionarios de la embajada de Chile en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según acusa el gobierno, los diplomáticos continuarían realizando gestiones para favorecer la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, pese a que se retiró el apoyo a la exmandataria el pasado 24 de marzo y que se instruyó a las embajadas y misiones a que se abstengan de realizar gestiones en esa materia. Ex-ante dio a conocer que la indagatoria contempla cinco correos electrónicos que involucran al embajador interino, Claudio Garrido, y a su asesora, Jimena Prada.

Uno de los mensajes, fue enviado por Mirjam Issing, funcionaria de presidencia de la Asamblea General, quien le remitió a Garrido y Prada lo siguiente: “Quisiera solicitarle que transmita la información adjunta a la candidata sobre una oportunidad de participación en redes sociales, Sra. Bachelet. Le solicitamos tener en cuenta que el adjunto incluye información sensible para el momento”.

El excanciller Juan Gabriel Valdés acusó en Radio ADN que el Ejecutivo está tratando de sabotear el proceso al “decir cosas que no son verdad, cuando ellos saben que no son verdad”. El también exministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, se refirió al sumario: “Se le está pasando la mano al señor canciller en este caso. Con todo respeto, yo creo que está dejando un triste papel”, dijo a El Mostrador.

Expresidenta Michelle Bachelet (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)