Con 104 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó tras dos días de discusión el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”. Ahora, la iniciativa pasará a la Comisión de Educación del Senado para luego ser votada en sala. Ante el avance del trámite, la oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, propone que los establecimientos educacionales incorporen en sus reglamentos la revisión de las mochilas de los alumnos. De esa forma, se busca limitar el ingreso de elementos que podrían agredir a otros miembros de la comunidad educativa o la infraestructura de los recintos educacionales.

Una de los artículos que ha generado más controversia es la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria para aquellos estudiantes que sean condenados por delitos que atentan contra la vida, la integridad física de las personas o la propiedad, pública o privada. Ese apartado fue aprobado con 83 votos a favor y 65 en contra, y considera esta inhabilidad durante cinco años.

Las diputadas Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC) presentaron reservas de constitucionalidad ante algunos artículos propuestos en el proyecto de ley. Según advierten, podría vulnerar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, además de principios de igualdad ante la ley.

Al centro, la ministra de Educación, María Paz Arzola, durante la votación del proyecto de ley en la Sala de la Cámara de Diputados (Créditos: Oscar Guerra / Uno Noticas)

La expresidenta Michelle Bachelet se presentó hoy en Naciones Unidas para defender su candidatura a la secretaría general del organismo internacional. Lo hizo en medio de los “diálogos interactivos”, instancia en la que también participaron los otros tres candidatos. Primero entregó los ejes de su postulación y luego respondió preguntas por casi tres horas.

En su discurso, la exmandataria habló de su padre, de sus dos ocasiones como Presidenta y sus cargos como alta comisionada de Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres, entre otros. También fijó como ejes estratégicos de su eventual gestión la importancia de renovar el multilateralismo, la protección de los derechos humanos y la lealtad a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También, se comprometió a tener presencia física en zonas de conflicto.

El gobierno de José Antonio Kast se desmarcó de apoyar la carrera de Bachelet a la ONU, la que fue lanzada por el expresidente Gabriel Boric. El canciller, Francisco Pérez Mackenna, fue consultado al respecto este martes y ratificó la postura del Ejecutivo: “Fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región”. Sin embargo, la exmandataria cuenta con el respaldo de Brasil y México.

(Créditos: transmisión en vivo de la ONU)

La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció en la Comisión de Gobierno del Senado que es “imposible” concretar la expulsión de los casi seis mil ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación irregular en Chile y que cuentan con deportaciones pendientes. El Mercurio consignó que fue el prefecto encargado de Migraciones, Ernesto León, quien expuso ante los parlamentarios que esto se debe a que no hay relaciones consulares con Caracas. Argumentó que “no los podemos identificar y no los aceptan”.

Estas declaraciones se dan en medio del trámite del proyecto de ley que busca tipificar el delito de ingreso clandestino de extranjeros al país. Además, la semana pasada, el gobierno concretó la reconducción de 40 extranjeros a sus respectivos países de origen, pero ninguno de ellos provenía de Venezuela. El citado medio indicó que cada expulsión vía area le cuesta al Estado $3 millones aproximadamente.

Imagen referencial (Créditos: Francisco Castillo / Agencia Uno)