El autor de esta columna aterriza los conceptos y datos de la disputa pública entre el exministro de Hacienda y el actual, Nicolás Grau y Jorge Quiroz, respectivamente, sosteniendo que ésta «va más allá de un ajuste de cuentas contable; revela la fragilidad institucional cuando la gestión de la caja fiscal se vuelve opaca o se utiliza como arma política. La literatura de la OCDE y el FMI es clara: la resiliencia de un país no depende solo de su riqueza estructural, sino de su capacidad de honrar compromisos en el minuto exacto en que vencen».

Imagen de portada: Sebastián Beltrán y Óscar Guerra / Agencia Uno

La instalación de la actual administración ha estado marcada por un crudo enfrentamiento técnico y político entre el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su antecesor, Nicolás Grau. La controversia estalló cuando Quiroz denunció haber recibido un «fisco sin caja», con activos líquidos por apenas US$46,28 millones al cierre de diciembre de 2025. Para la autoridad entrante, esta cifra resultó «anómala» y «crítica», considerando que históricamente los cierres de ejercicio en Chile han promediado saldos significativamente superiores, superando los US$3.000 millones.

Desde la vereda opuesta, Grau calificó la denuncia como una lectura parcial, argumentando que el saldo fiscal fluctúa diariamente y que, gracias a emisiones de deuda ejecutadas en enero de 2026, la disponibilidad saltó rápidamente a US$1.406 millones. No obstante, datos posteriores de la Dirección de Presupuestos (Dipres) revelaron que la caja alcanzó los US$3.617 millones en febrero, un aumento que Quiroz atribuye a la contratación de nueva deuda y no a ahorros heredados del periodo anterior.

Datos comparativos: evolución de la caja fiscal (activos líquidos)

• Cierre 2017 (Bachelet): US$3.234 millones
• Cierre 2021 (Piñera): US$4.098 millones
• Cierre 2025 (Grau): US$46,28 millones
• Febrero 2026 (Quiroz): US$3.617 millones

EL MOTOR INVISIBLE: ¿QUÉ ES Y DE DÓNDE SALE EL DINERO?

Aunque el término suena a un objeto físico, la «Caja Fiscal» es la disponibilidad líquida de recursos que tiene el Estado para operar día a día. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020), esta no es más que una herramienta de gestión de riesgos: el «colchón de efectivo» (cash buffer) que permite que el país no se detenga si los ingresos fluctúan. En términos simples, es la cuenta corriente del país.

Este pozo se llena principalmente mediante tres fuentes: la recaudación de impuestos (IVA, Renta), los ingresos por la venta de recursos naturales y, cuando el gasto supera lo recaudado, mediante la emisión de bonos de deuda. El Banco Mundial (2020) subraya que la eficiencia de este sistema depende de una Cuenta Única del Tesoro, que centraliza los fondos para evitar que existan recursos «estancados» en distintas reparticiones mientras otras áreas enfrentan urgencias de pago.

¿PARA QUÉ SIRVE Y CÓMO SE PAGA?

Con este dinero se paga la operatividad básica de la nación. No son ahorros para el futuro, sino flujo para el presente: sueldos de profesores, médicos y policías; pensiones; facturas de proveedores del Estado y el pago de intereses de la deuda externa. El proceso es estrictamente electrónico y es llevado a cabo por la Tesorería General.

Respecto a cuánto dinero es «suficiente», la OCDE (2021) señala que no existe un número mágico, pero sí un principio de prudencia: el nivel aceptable es aquel que permite cubrir al menos los gastos operativos inmediatos y los vencimientos de deuda próximos. Académicos como Cruz y Marinkovic (2017) han demostrado que un saldo saludable actúa como un seguro; si la caja tiene fondos, el Estado no tiene que salir a pedir préstamos a tasas usureras cuando el mercado financiero se pone volátil.

EL PELIGRO DEL SALDO CERO

¿Puede la caja quedar en cero? Técnicamente sí, pero las consecuencias son devastadoras para la fe pública. Un saldo cercano a cero paraliza la cadena de pagos: las Pymes que le venden al Estado dejan de recibir sus pagos puntuales, se retrasan sueldos públicos y se degrada la calificación crediticia del país. Llegar a niveles mínimos —como los US$46 millones que encendieron las alarmas— es interpretado por la literatura técnica como una vulnerabilidad en la gestión del riesgo que encarece el financiamiento para las futuras generaciones.

CONCLUSIÓN: LA TRANSPARENCIA COMO GARANTÍA DE ESTABILIDAD

La disputa entre Quiroz y Grau va más allá de un ajuste de cuentas contable; revela la fragilidad institucional cuando la gestión de la caja fiscal se vuelve opaca o se utiliza como arma política. La literatura de la OCDE y el FMI es clara: la resiliencia de un país no depende solo de su riqueza estructural, sino de su capacidad de honrar compromisos en el minuto exacto en que vencen.

Si bien la caja logró recuperarse mediante deuda y recaudación minera, el episodio de los US$46 millones deja una lección crítica: un Estado que opera al límite de su liquidez pierde autonomía y queda a merced de la volatilidad externa. En mi opinión técnica, la vigilancia sobre estos saldos no es solo un ejercicio técnico, sino una garantía de que los servicios básicos de la ciudadanía no queden supeditados a la improvisación financiera. La caja fiscal es, en última instancia, el termómetro de la confianza que el mundo y los propios ciudadanos depositan en la administración de turno.