Estimados colegas y miembros de ADICA: 

He sentido la amenaza de que mi carrera diplomática eventualmente podría ser truncada. No tengo ninguna comunicación oficial, pero de ser así, implicaría mi desvinculación del Servicio Exterior tras 29 años de carrera funcionaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que sentaría un precedente grave para todos nosotros. 

Ante este escenario, considero necesario exponer mi versión de los hechos: esta situación se originó a partir de la circulación no autorizada, por parte del Ministro Consejero (M. C.) Francisco Devia Aldunate, quien cumple actualmente funciones en la Embajada de Chile en España, quien hizo uso de una imagen de carácter privado, obtenida desde mi teléfono personal, durante un período de vacaciones en Rapa Nui de donde soy originaria. Dicha imagen fue interpretada por el colega Devia de manera malintencionada y tendenciosa, en sus redes sociales y medios de comunicación, acusándome públicamente de un supuesto llamado a la independencia de Rapa Nui, imputaciones que rechazo categóricamente. Jamás, en toda mi vida, he participado en movimientos u organizaciones de carácter independentista en la isla, ni adhiero a tales postulados. 

Cabe asimismo precisar que el derecho a la autodeterminación de los pueblos no se equipara ni implica necesariamente un derecho a la independencia o secesión. Como todo diplomático debe saber, en el derecho internacional contemporáneo, este principio se entiende principalmente como la facultad de los pueblos de determinar libremente su desarrollo político, económico, social y cultural dentro del marco de los Estados existentes. Chile lo ha reconocido y respaldado en diversos instrumentos internacionales que ha suscrito y ratificado, entre ellos la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio No 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada en el marco de la OEA. 

Por otra parte, deseo declarar que, durante toda mi carrera, no he militado en partido político alguno y mi única vinculación con la administración anterior fue en el ejercicio de funciones estrictamente profesionales como Directora de Protocolo durante los dos primeros años de gobierno del presidente Gabriel Boric Font. 

A partir de las imputaciones infundadas del M. C. Devia, de carácter calumnioso y difamatorio, se construyó una narrativa que escaló rápidamente a los medios de comunicación. En dicho contexto, las autoridades ministeriales de ese momento me impidieron otorgar entrevistas o efectuar declaraciones públicas que me permitieran ejercer mi derecho a defensa, pese a haberlo solicitado. Lejos de atenuarse, la situación se intensificó, involucrando a autoridades, parlamentarios y actores políticos importantes, lo que culminó en la citación del Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En un escenario de alta presión política, ello derivó en mi adscripción anticipada al país como una medida de carácter punitivo, vinculada a una entrevista de carácter cultural concedida en Nueva Zelandia, respecto de la cual no habría informado previamente a su realización. En dicha entrevista, me limité a explicar la dependencia administrativa de Rapa Nui en relación con Chile, así como los avances que el gobierno de turno impulsaba en materia de elaboración de un estatuto de Gobierno de Territorio Especial, sin emitir juicios políticos ni apartarme del marco de mis funciones. 

Me siento profundamente afectada y vulnerable ante la posibilidad de que se pretenda invocar la mera discrecionalidad del Presidente de la República para poner término a mi carrera, después de haber servido a mi país con lealtad y profesionalismo bajo todas las administraciones desde el año 1997. He dedicado mi vida entera a la carrera diplomática y ahora me veo expuesta a una posibilidad que considero no sólo injusta, sino profundamente arbitraria. 

Si bien la Constitución Política de Chile reconoce el principio de la confianza exclusiva para el nombramiento de embajadores, éste no puede traducirse en un derecho que lo justifique todo, ni mucho menos en un instrumento para destruir una trayectoria construida con esfuerzo y sacrificio. Existe una diferencia sustantiva entre los embajadores políticos y quienes integramos la carrera diplomática: nosotros no sólo ejercemos funciones de confianza, sino que además pertenecemos a la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, sujetos a un estatuto funcionario que debiera protegernos de la arbitrariedad y resguardar principios básicos como el debido proceso, la proporcionalidad y el derecho a defensa. 

Quiero finalmente señalar que, a lo largo de mis 29 años de servicio, he mantenido una trayectoria intachable, con calificaciones permanentes en lista N°1 del escalafón de mérito, destacándome por mantener siempre un excelente clima laboral, tanto con mis compañeros como con los equipos que he tenido a mi cargo, resguardando el uso correcto de los recursos públicos y conservando una conducta profesional que nunca ha sido objeto de cuestionamientos administrativos ni disciplinarios. Por ello, resultaría especialmente injusta la decisión de poner término a mis funciones como embajadora ya que constituiría una segunda condena respecto de un hecho sobre el cual ya se me aplicó una dura sanción. 

Tal situación puede entonces ser interpretada como un acto de discriminación o derechamente como una expresión de venganza o persecución personal, propiciada por las injurias del M. C. Francisco Devia, quien no sólo ha expuesto y denostado públicamente mi nombre, sino además el nombre de más de 60 colegas y miembros de esta misma asociación, dañando severamente un prestigio funcionario que nos ha costado tanto alcanzar y defender. 

Al parecer, al colega Devia nadie le enseñó que la ropa sucia se lava en casa. Si hay entre nosotros molestia y frustración porque algunas funcionarias accedimos al ascenso, en el marco de una política pública vigente destinada a reducir brechas de género en la carrera diplomática, existen canales internos para expresar y denunciar tales desacuerdos. En mi defensa puedo decir que, al momento de ser nombrada Directora General de Protocolo, consulté sobre la posibilidad de mantener mi grado de Consejera, por consideración con los colegas que podrían verse afectados, ya que comprendo su situación y empatizo con ellos. Se me informó que aquello no sería posible. 

Si al M. C. Devia le ofende que una mujer indígena haya alcanzado posiciones de alta responsabilidad en el servicio exterior, que él no ha podido alcanzar, que tenga la valentía de decirlo con todas sus letras. De otra manera no me explico por qué él ha desplegado una agresión directa hacia mi persona. Él no sólo cuestiona mi trabajo, sino también menosprecia lo que represento, lo que agrava el carácter discriminatorio de su conducta. 

Hago presente que he interpuesto una denuncia por acoso laboral y discriminación arbitraria en contra del M. C. Francisco Javier Devia Aldunate por esta conducta que ha dañado gravemente mi honra personal, mi reputación profesional, mi prestigio como mujer Rapa Nui, como funcionaria pública y como Embajadora de la República de Chile. 

De concretarse la amenaza de mi remoción, sin la instrucción de un sumario administrativo ni la acreditación de faltas de carácter profesional, sería la primera vez en la historia de este ministerio y sentaría un precedente particularmente grave y peligroso para la carrera diplomática, que podría afectar a cualquiera de nosotros en el futuro. 

Comparto estos antecedentes con ustedes con el mayor respeto, pero también con la convicción de que lo que está en juego trasciende mi caso personal y se relaciona directamente con la protección de nuestra carrera y de quienes la integran hoy y en el futuro.