La Contraloría General de la República (CGR) le dio un plazo de 10 días hábiles a Presidencia para que entregue un informe sobre el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast realizó el pasado viernes en La Moneda junto a sus excompañeros de universidad. El oficio tuvo su origen en un requerimiento de los diputados Daniel Manouchehri y Nelson Venegas, y la senadora Daniella Cicardini (todos PS), quienes solicitaron esclarecer el financiamiento del evento.

Bío-Bío informó que se pidió la nómina de los asistentes, las dependencias utilizadas, el personal destinado al evento, los costos asociados, la imputación presupuestaria correspondiente y la eventual existencia de reembolsos particulares.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que el almuerzo, en el que participaron alrededor de 70 personas, ya había sido pagado por el mandatario con sus “propios medios”, según señaló la vocera de gobierno, Mara Sedini.

(Créditos: publicación en X del diputado Daniel Manouchehri)

El Juzgado de Garantía de Antofagasta programó para el próximo 25 de mayo una audiencia de formalización para el director de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, y la representante legal de la organización, María Constanza Gómez, por su eventual participación en seis delitos consumados de apropiación indebida. Según consignó Emol, se trata de la arista que involucra al Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta con Procultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2024 en esa misma ciudad.

La Fiscalía Regional de Antofagasta también investiga el convenio de más de $1.600 millones que el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) le traspasó a Procultura para la ejecución de un programa orientado en la prevención del suicidio. Por esa causa, Larraín, Gómez y otras dos imputadas ya fueron formalizados en febrero pasado. Aunque, en esa oportunidad, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para todos los involucrados, el tribunal solo determinó la medida cautelar de arraigo nacional tras desacreditar las acusaciones de fraude al fisco que la fiscalía argumentó.

Alberto Larraín (Créditos: Lukas Solís / Agencia Uno)

La inasistencia este martes a la Comisión de Hacienda del Senado de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y del subsecretario, Andrés Jouannet, causó críticas transversales. La secretaria de Estado había sido invitada para discutir el proyecto que busca modernizar a Carabineros, pero el lunes se excusó de asistir por tener compromisos agendados previamente. En su lugar debía reemplazarla Jouannet, quien tampoco llegó a la citación.

A 22 minutos de iniciada la reunión, los parlamentarios la dieron por finalizada. El senador por la Región de la Araucanía, Rodolfo Carter, quien integra la bancada republicana, fue categórico al señalar que “es un error impresentable. Se nos cae todo el relato”. Añadió: “No costaba nada tener otra actitud frente a esto. Es, de verdad, de los temas más sensibles para los ciudadanos: la falta de Carabineros, la falta de postulantes que tenemos en la escuela. Y la dignificación de los hombres y mujeres que visten de uniforme”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, concurrió a la sesión para explicar lo ocurrido: “Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la Comisión y pedir que podamos fijar prontamente una nueva sesión en la que podamos asegurar que va a estar presente la ministra de Seguridad”. Indicó, además, que la ministra Steinert no asistió ya que se encontraba en una actividad de la PDI junto al Presidente José Antonio Kast.

El proyecto que estaba en tabla para este martes en la Comisión de Hacienda busca modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros y establecer herramientas de gestión de la planta.

A la misma hora que se realizaba la sesión de la comisión la ministra Steiner acompañaba al Presidente Kast en una actividad de la PDI en Santiago (Créditos: Presidencia / Agencia Uno)

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que el gobierno construirá viviendas sociales en el sector oriente de la Región Metropolitana, en las comuna de Las Condes, La Reina, La Dehesa, Lo Barnechea y Peñalolén. En conversación con Radio Universo, señaló que utilizarán terrenos que son propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y que estas viviendas son parte del plan de las 400 mil que prometió el Ejecutivo durante su gestión.

El secretario de Estado detalló que en La Dehesa “tendrán a 500 familias del Cerro 18 y el Movimiento por la Dignidad”, cerca del colegio Nido de Águilas. En La Reina, se construirán viviendas para miembros del Ejército y comités de allegados. En Lo Barnechea, se plantea que las casas tengan patio y parrón, junto con edificios de cuatro a siete pisos. Mientras que en Las Condes los inmuebles llegarán a los 12 a 15 pisos, los cuales se realizarán a través del modelo de integración social como el subsidio DS19. Sin embargo, para acceder al beneficio, sostuvo que las personas que postulen deben ser vecinos de la comuna.

Ministro Iván Poduje (Créditos: Óscar Guerra / Agencia Uno)