La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, anunció que el gobierno entregará un reporte semanal de las víctimas de homicidio con cifras proporcionadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Los resultados preliminares de la semana del 6 hasta el 12 de abril, indican que hubo 21 víctimas de homicidio en el país. En el mismo lapso del 2025 se registraron 20.

Además, se detalló que entre el 1 de enero y el 12 de abril de este año hubo 272 homicidios, lo que representa una disminución de 12,8% en comparación con el 2025, periodo en el que se registraron 312 víctimas.

La iniciativa se suma al trabajo del Centro para la Prevención del Delito, el cual elabora un informe sobre los homicidios consumados con datos validados por 11 instituciones del Estado como el Servicio Médico Legal, el Ministerio Público, el Registro Civil, entre otras. La última entrega del documento señalaba una caída del 14,2% de la cantidad de homicidios entre el 1 de enero hasta el 5 de abril del 2026, respecto del mismo periodo en 2025, mostrando una tendencia a la baja de este delito por tercer año consecutivo.

(Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, tuvo que intentar explicar este lunes el origen de los recursos utilizados para pagar un almuerzo que tuvo en La Moneda el Presidente José Antonio Kast con alrededor de 70 excompañeros de universidad. Ante las dudas por el eventual uso de recursos fiscales para una actividad privada, Sedini indicó que “les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República por sus propios medios”. Consultada por la prensa sobre si los garzones, quienes serían funcionarios de Palacio, también habrían sido financiados por el mandatario, y por qué no realizó la recepción en su casa, la secretaria de Estado solo señaló que “los detalles se darán a conocer a la Contraloría General de la República por la vía institucional”.

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socilista, presentaron un requerimiento a la Contraloría General de la República para que se indague el evento, al que asistieron los excompañeros del Presidente que ingresaron con él a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica en 1984.

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que, como el Presidente vive en la casa de gobierno, “lo que vamos a ver de aquí en adelante es posiblemente algún tipo de decreto o normativa que publicará La Moneda, de manera de que no queden dudas cómo se realizan actividades que son personales y las actividades que son en razón de su trabajo. Es bueno que La Moneda tenga algún instructivo o reglamento donde esto quede claro”.

Presidente José Antonio Kast (Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno)

Codelco presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una ampliación de querella en contra de los exdiputados DC Gabriel Silber y Aldo Cornejo por su eventual participación como coautores de soborno en el marco del caso del Consorcio Bielorruso Belaz-Movitec (CBM). Esa causa hoy tiene en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por presuntamente fallar en favor de CBM a cambio de millonarias coimas que habría recibido por parte de los penalistas que representaban al consorcio bielorruso, Eduardo Lagos y Mario Vargas, en un litigio contra la cuprífera estatal. Lagos y Vargas, junto a la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, también se encuentran en prisión preventiva.

En esta nueva acción judicial, Codelco apunta a Silber por participar en la representación de CBM, junto a Lagos y Vargas, con quienes comparten un estudio jurídico y son dos de los principales imputados en la causa. El exdiputado habría recibido $65 millones que provenían de honorarios pagados por el consorcio bielorruso.

En el caso de Cornejo, también representó a CBM, por lo que lo acusan de presuntamente recibir transferencias por al menos $44 millones que provenían del estudio jurídico de los penalistas y que fueron obtenidos a partir de las coimas.

La querella también incluye a María Paz Peñaloza por delitos de soborno y lavado de activos, quien se desempeñaba como secretaria del estudio jurídico.

Los exdiputados Gabriel Silber y Aldo Cornejo en el Congreso en 2016 (Créditos: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno)