En noviembre de 2025, el Gobierno Regional (GORE) del Maule contrató una asesoría de la abogada Angélica Caro para determinar la eventual no renovación de contratos de funcionarios. CIPER reveló a comienzos de marzo que Caro está casada con Moisés Muñoz, ministro de la corte de Talca, mismo tribunal que debía resolver recursos de protección de exfuncionarios del GORE a los que no se les renovó el contrato después de la asesoría de la abogada. Ahora, la Contraloría determinó que la contratación de la profesional debió realizarse vía licitación pública, que el servicio contratado debió ejecutarlo la Unidad Jurídica del GORE y que el precio pagado no se justificaría. Por esto, la entidad de control concluyó que el trato directo no se ajustó a derecho y ordenó realizar un sumario administrativo.

La Contraloría General de la República (CGR) determinó que la contratación vía trato directo de la abogada Angélica Caro, realizada por el Gobierno Regional (GORE) del Maule, no se ajustó a derecho. Por esa razón, instruyó realizar un sumario administrativo. Caro fue contratada el 11 de noviembre de 2025 para prestar una asesoría de dos meses referida a determinar la eventual no renovación de contratos de funcionarios del GORE. Por esa labor, se le pagaron $9,1 millones. 

CIPER reveló en marzo de este año que la abogada está casada con Moisés Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, mismo tribunal que actualmente tramita seis recursos de protección presentados por exfuncionarios del GORE del Maule que fueron desvinculados luego de las asesorías prestadas por Angélica Caro (vea el artículo “GORE del Maule contrató a esposa de juez de la corte de Talca: su trabajo generó recursos de protección que debe resolver ese mismo tribunal”). 

El GORE justificó la contratación de Caro vía trato directo bajo la premisa que se trataba de servicios confidenciales, algo que la CGR desestimó: “Las materias que aborda [la contratación] no han sido clasificadas por la ley como confidenciales”, se indica en el oficio. Además, el organismo de control detalló que la decisión de prorrogar o no una contrata es una “atribución propia de la autoridad, en este caso, del Gobernador Regional del Maule, de manera que no se aprecia de qué modo el ejercicio de tal facultad pudiera revestir el carácter de confidencial o afectar el adecuado funcionamiento del servicio” (vea el oficio completo). 

La Contraloría también indicó que las contrataciones de servicios de asesoría jurídica –como el prestado por Caro– deben pasar por licitación pública. En esa línea, la entidad agrega que lo que se le requirió a la abogada fue la elaboración de actos administrativos e informes que podían ser realizados por funcionarios del gobierno regional: “Las especificaciones técnicas antes mencionadas han sido redactadas en términos genéricos, requiriendo solo a la proveedora la elaboración de actos administrativos e informes que no han sido valorizados y cuya ejecución, por lo demás, corresponde a la Unidad Jurídica y Transparencia del GORE”, señala el escrito.

La CGR también cuestionó el monto desembolsado por los servicios de Angélica Caro: “El GORE no aportó la documentación que permita constatar los criterios de proporcionalidad utilizados para determinar el precio acordado, lo que resulta relevante en este caso, considerando el alto monto que se ha estipulado para la ejecución de labores propias de la mencionada unidad”.

Además de ordenar un sumario administrativo, la Contraloría dio plazo hasta el 10 de abril para que el GORE del Maule remita todos los antecedentes relacionados al trato directo, incluyendo, “especialmente, los que den cuenta de los servicios efectivamente prestados y los pagos efectuados al respecto”. 

En cuanto a los recursos presentados por exfuncionarios del GORE del Maule ante la Corte de Apelaciones de Talca, tribunal integrado por el cónyuge de Caro, estos aún se encuentran en tramitación. Cinco de estos recursos fueron presentados por funcionarios a los que no se les renovó su contrato para 2026 y un sexto fue presentado por una funcionaria a la que se le rebajó su escala de remuneraciones. 

En cuatro de los seis recursos de protección aún vigentes se solicitó la inhabilitación del magistrado Muñoz. En todas las solicitudes el juez lo aceptó, “atendido que su cónyuge doña Angélica Caro Toro prestó asesoría jurídica al recurrido”. En tres de estos casos los exfuncionarios solicitaron, además, la anulación de lo obrado en la tramitación inicial de sus procesos, ya que el juez participó en esas primeras gestiones, pero, los tres recursos fueron rechazados.