A inicios de 2024 se inició una investigación sumaria por maltrato laboral en contra de la jueza titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, Carolina Pardo. Durante el sumario, Pardo fue destinada a otro tribunal. Finalmente, fue sancionada con una amonestación por maltrato laboral hacia cuatro funcionarios y este mes volvió al juzgado. Ante el retorno, los funcionarios afectados -tres de los cuales presentan enfermedad laboral por disfuncionalidad y hostilidad de la jefatura, según calificó la ACHS-, presentaron una solicitud administrativa a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que se tomen medidas preventivas y de resguardo laboral.

En febrero de 2024, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt inició una investigación disciplinaria -por acoso y maltrato laboral- contra la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, Carolina Pardo. Durante el sumario, ella fue destinada fuera del tribunal y tres funcionarios que denunciaron -cuyas identidades CIPER mantiene bajo reserva- fueron calificados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con enfermedad laboral por disfuncionalidad y hostilidad de la jefatura. En marzo de este año, la corte acreditó las denuncias de maltrato y la jueza fue sancionada con una amonestación, pero se le permitió volver al tribunal. Ante el reencuentro, los denunciantes solicitaron a la corte de Puerto Mont que adopte medidas de resguardo o que la magistrada sea reubicada.

Durante el transcurso de la investigación, la jueza fue destinada a un tribunal de Puerto Montt, mientras que el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad buscaba esclarecer los hechos denunciados. Esto hasta marzo de este año, fecha en la que la magistrada volvió al tribunal.

CIPER tuvo acceso a la solicitud administrativa de los denunciantes, la que indica que “la reincorporación de la Sra. Jueza doña Carolina Pardo Lobos como jefatura superior en el tribunal (órgano calificador, etc.) respecto de funcionarios con RECA [resolución que determina si una afección es de origen laboral] vigente, reinstala el “agente causante” ya identificado y reconocido, sin cesar la exposición, con lo cual se tensiona gravemente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 16.744 [ley que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales] y del Compendio SUSESO [Superintendencia de Seguridad Social]”. 

La solicitud que enviaron los funcionarios a la corte de Puerto Montt pide que se evalúe la destinación de la jueza a otro tribunal o que se ordene la implementación obligatoria de medidas estructurales para evitar la reexposición al “agente causal” que identificó la ACHS: disfuncionalidad y hostilidad de la jefatura. 

Para este reportaje se consultó a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt sobre el manejo para evitar eventuales nuevas vulneraciones. Desde el tribunal indicaron: “Las medidas dispuestas por la ACHS fueron implementadas mediante la evaluación de riesgo, acompañamientos y destinación de la magistrada. Actualmente se está recabando la información para evaluar nuevas medidas”. 

CIPER se comunicó telefónicamente el pasado jueves 2 de abril con el Tribunal Laboral de Castro para contactar a la jueza Pardo y formularle consultas sobre este tema. En ese juzgado se nos confirmó que le entregaron el recado a la jueza, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta de la magistrada. Además, CIPER pidió los datos de contacto de la jueza a la unidad de comunicaciones de la corte de Puerto Montt para enviarle nuestras preguntas. Entonces, se nos pidió que mandáramos las consultas por correo a esa misma unidad, desde donde las iban a reenviar a la magistrada. CIPER envió ese email el 25 de marzo y hasta el despacho de esta nota no hubo respuesta.

LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt comenzó el sumario administrativo contra la Jueza Titular del Tribunal Laboral de Castro en febrero de 2024, luego de conocer la primera denuncia de un funcionario por maltrato y acoso laboral. Luego, en mayo de ese mismo año, se amplió la investigación por hechos ocurridos contra otros dos funcionarios. Los tres fueron declarados con enfermedad laboral por la ACHS, condición que se mantiene vigente según la solicitud administrativa de las víctimas. 

Según las denuncias, a las que CIPER tuvo acceso, en distintas oportunidades la magistrada se habría ofuscado por la forma en que los funcionarios hacían su trabajo. En tales casos, indican las acusaciones, les gritaba e increpaba frente a otros trabajadores. 

En las denuncias se menciona un caso de 2023, en el que un funcionario en más de una oportunidad se acercó a la oficina de la jueza por consultas de trabajo, circunstancias en que la magistrada le habría gritado ante los demás miembros del tribunal. En el texto de la solicitud administrativa de los denunciantes se transcribió lo que, supuestamente, le decía la magistrada a ese funcionario: “‘Cuántas veces quieres que te expliquen, si ya te lo he explicado varias veces y tú lo sigues haciendo mal’; ‘cómo es que no entiendes cómo funciona el tribunal, cómo se trabaja en este tribunal’; ‘oiga, ¿usted es tonto? ¿Cómo no entiende algo así?’”. 

En de la resolución de la corte de Puerto Montt, se indica que la magistrada desconoció y negó todos los hechos denunciados como maltrato, señalando que ella no gritaba en el tribunal y que había quienes consideraban fuerte su tono de voz. 

Durante la investigación declararon ocho funcionarios, además de los denunciantes, ante el fiscal judicial. Ninguno de ellos descartó la ocurrencia de los hechos. Algunos indicaron que en ocasiones la magistrada alzaba la voz, para algunos gritando, para otros expresando molestia en términos inadecuados.

Desde la corte señalaron a CIPER que, según las mediciones de la Corte Suprema, el Juzgado Laboral de Castro mejoró en cuanto a los indicadores de gestión y ambiente laboral en el último año: “En las visitas de los años 2024 y 2025 se advirtió que el resultado del Cuestionario de Evaluación de Ambiente Laboral – Salud mental (CEAL-SM) aplicado durante el período arrojó “Riesgo Alto”, por lo que esta Corte ordenó que pasaran los antecedentes al Comité de Riesgo Psicosocial de la jurisdicción para realizar un acompañamiento y poder superar la situación. El año 2025 la encuesta de Clima Laboral dio como resultado un promedio general adecuado”. 

Al cierre de esta artículo, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no había llegado a una resolución sobre la solicitud administrativa de los denunciantes.