La Contraloría General de la República (CGR) le dio un plazo de cinco días a la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, para remitir la información sobre los recursos públicos y el personal involucrado en la publicación que se hizo el martes en el Instagram del ministerio a su cargo de un mensaje que señalaba textualmente: “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”.

Esa última frase provocó gran controversia pues implicaría, entre otras cosas, que el fisco no podría pagar sus obligaciones. Aunque el post fue eliminado rápidamente, la difusión masiva fue inevitable. El ente fiscalizador pidió además detalles del “funcionamiento normativo de las mismas y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación”, señala el oficio.

El mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mostró abiertamente su contrariedad con el uso de ese término: “Jamás usaría una palabra como esa”. Según informó Emol, el director de Comunicaciones del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Valenzuela, asumió la responsabilidad dado que él es quien autoriza la divulgación de ese tipo de contenido.

La situación escaló hasta el Banco Central y su presidenta, Rosanna Costa, señaló que “no es la forma de llevar el debate de cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada”.

(Créditos: Instagram Segegob y Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

Ante el recorte del 3% que el Ejecutivo ordenó al presupuesto de todos los ministerios, la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, expuso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados la propuesta para rebajar un total de $72.669 millones a los fondos proyectados para la cartera que lidera. Pese a que fue cuestionada por los parlamentarios, la medida ya está a la espera de la autorización de la Dirección de presupuestos (Dipres).

El Mercurio dio cuenta de que la disminución presupuestaria afectaría a las asignaciones de policías. En el caso de la PDI, el recorte será de $16.669 millones. Mientras que el mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos de Carabineros también se verá afectada tras la reducción de $4.700 millones del presupuesto, según dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet. Detalló también que los proyectos de inversión se pospondrán en $1.057 millones para el año siguiente junto a una disminución de $1.583 millones al Hospital de Carabineros.

En tanto, el proyecto “Barrios Prioritarios” de la Subsecretaría de Prevención del Delito contará con una reducción de $3.526 millones y el convenio con Carabineros sufrirá una disminución respecto al gasto de personal por un total de $11 mil millones. Algo similar ocurrirá con iniciativas implementadas por el gobierno anterior, el gasto planificado para el Plan Calle sin Violencia, por ejemplo, contará con una rebaja de $1.787 y para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, será de $583 millones.

(Créditos: Francisco Castillo / Agencia Uno)

El Servicio de Impuestos Internos (SII) recibió durante esta jornada a su nuevo director, Jorge Trujillo, quien en su primer día en el cargo pidió la renuncia de tres subdirectores del organismo. Se trata de Marcelo Freyhoffer Moya, Álvaro del Barrio Reyna y Patricio Muñoz Rojas. Bío-Bío informó que todos ellos recibían sueldos superiores a los $9,3 millones bruto.

Freyhoffer es considerado un “histórico” del servicio, se desempeñaba como subdirector jurídico e ingresó al organismo en 1997, y estuvo detrás del caso del megafraude tributario en 2023 que destapó un perjuicio fiscal cercano a los $240 mil millones. Del Barrio ocupaba el cargo de contralor interno y su par, Muñoz, era el subdirector de Asistencia al Contribuyente. Freyhoffer sería el único al que se le reasignarán otras funciones.

En un mensaje interno enviado a los funcionarios del SII, Trujillo se refirió al rol del organismo: “Debemos fiscalizar con mayor efectividad, facilitar el cumplimiento y entregar certeza tributaria a los contribuyentes, apoyando a quienes necesiten ayuda para cumplir y, al mismo tiempo, actuando con firmeza frente a la evasión, la elusión y la ilegalidad”.

(Créditos: Leonardo Rubilar Chandia / Agencia Uno)

Con 148 votos a favor y una abstención, la reforma a la ley de Sociedades Deportivas Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) fue aprobada por la Cámara de Diputados tras más de una década de tramitación. La iniciativa entrará en vigencia apenas el Diario Oficial realice la publicación. Con esto, todas las instituciones deportivas contarán con un plazo de 18 meses para modificar sus estatutos.

La nueva ley le pondrá fin a la multipropiedad al establecer que las personas solo podrán tener participación en un solo club. Se prohibirá que los agentes o representantes de los jugadores tengan acciones o cargos directivos en los equipos deportivos y se separarán las funciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile. Esta última estará a cargo de las selecciones y el fútbol formativo. La ANFP, en cambio, solo verá la liga profesional. Además, se aplicarán medidas para asegurar la transparencia y propiedad de los clubes, una mayor fiscalización y el control financiero.

(Créditos: Diego Martín / Agencia Uno)