El autor de esta columna escribe sobre el racismo todavía vigente en nuestra sociedad. A propósito del hincha chileno que fue detenido en Brasil por insultos racistas, señala que «más allá de la sanción individual, evidencia una ignorancia persistente sobre la historia y el significado del racismo, y sugiere hasta qué punto la falta de formación en humanidades —en historia, en memoria, en comprensión de las desigualdades— sigue siendo un problema de base».

Hace algunas semanas, la Corte Suprema de Brasil reconoció formalmente la existencia del racismo estructural en el país. No es un gesto menor: es el máximo tribunal diciendo que el problema no es anecdótico ni individual, sino parte de la arquitectura misma de la sociedad.

Casi en paralelo, los hechos parecen darle la razón. Una turista argentina fue detenida en Río de Janeiro tras realizar insultos y gestos racistas contra trabajadores de un bar —incluyendo imitaciones de primates—. No es un exceso retórico: es cárcel, tobillera electrónica y un proceso judicial en curso. Tampoco es un caso aislado. Hinchas y turistas han sido detenidos por insultos raciales en espacios públicos, activando de inmediato la intervención policial. El caso reciente de un hincha de O’Higgins detenido en Brasil por conductas racistas va en la misma línea: más allá de la sanción individual, evidencia una ignorancia persistente sobre la historia y el significado del racismo, y sugiere hasta qué punto la falta de formación en humanidades —en historia, en memoria, en comprensión de las desigualdades— sigue siendo un problema de base.

La escena es incómoda porque rompe con una narrativa persistente en América Latina: la de sociedades supuestamente “mezcladas” donde el racismo sería un problema ajeno o importado. Brasil, con todas sus contradicciones, está diciendo algo distinto: que el racismo no solo existe, sino que estructura relaciones sociales, económicas y simbólicas.

Y sin embargo, en Chile el movimiento parece ir en dirección contraria.

Tras la fallida intentona constitucional, una parte del debate público ha optado por enterrar —o al menos desactivar— discusiones incómodas sobre desigualdad estructural, racismo, colonialidad o exclusión histórica. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque han sido rebautizados bajo una etiqueta que pretende clausurar la discusión: “woke”.

Así, lo que antes era un intento por nombrar desigualdades históricas hoy es descartado como moda ideológica. La desigualdad deja de ser estructural para convertirse en exageración; el racismo, en susceptibilidad; la historia, en exceso interpretativo. El resultado no es neutral: es una forma de ignorancia activa.

Pero la realidad insiste. Y en Chile también lo hace, aunque muchas veces de manera más silenciosa.

Ahí está el caso de Julia Chuñil. Más allá de los detalles judiciales, lo que resulta revelador es el tratamiento mediático: una cobertura errática, fragmentaria, a ratos desinteresada, que contrasta con la intensidad con que otros casos logran instalarse en la agenda pública. No se trata solo de cuánto se informa, sino de cómo se informa y a quién se le otorga credibilidad. Hay vidas que parecen exigir pruebas adicionales para ser consideradas dignas de atención.

En paralelo, se repite con insistencia que el poder judicial chileno no es racista. La afirmación suele presentarse como obvia, casi como una verdad técnica: las instituciones serían neutrales, los procedimientos imparciales, las decisiones ajenas a cualquier sesgo estructural.

Pero esa defensa abstracta convive con prácticas concretas que sugieren algo más complejo. Porque el racismo estructural no necesita de jueces que se declaren racistas; opera precisamente cuando las desigualdades históricas se reproducen sin necesidad de ser nombradas. En los tiempos de espera, en la calidad de la defensa, en la presunción de credibilidad, en la visibilidad mediática. En todo aquello que rara vez se reconoce como problema.

La diferencia con Brasil, entonces, no es que uno tenga racismo y el otro no. Es que uno empieza —aunque sea parcialmente— por reconocerlo, mientras el otro prefiere negarlo o diluirlo en tecnicismos institucionales.

Hay algo profundamente irónico en todo esto. Porque mientras se acusa de “woke” cualquier intento por pensar la desigualdad estructural, los hechos cotidianos siguen recordando que esa estructura existe, opera y produce consecuencias muy concretas.

Tal vez el punto de partida no sea tan complejo. A veces, el primer paso no es resolver el problema. Es, simplemente, admitir que está ahí.