Rutas para fortalecer la democracia en Iberoamérica
24.03.2026
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La desinformación es un fenómeno que deteriora nuestro sentido de realidad, y su modelo de negocios explota inseguridades, miserias y miedos, impactando en la desconfianza hacia las instituciones democráticas y la prensa. En su lucha contra la realidad, contra la información verificada, y contra la ciencia misma, la desinformación consolida asimismo una estrategia de combate cultural. El compromiso ético del buen periodismo de investigación ha de revelar cómo estamos ante un nuevo tipo de poder tan oculto como real, que en la región latinoamericana además se coaliga con el crimen organizado.
(Crédito de imagen de portada: Hans Scott/Agencia UNO)
*Este texto fue publicado originalmente por la Fundación Carolina el 17 de marzo de 2026.
La erosión de las instituciones democráticas, que hoy también remece a Estados Unidos, sí se anunció. Las alertas se encendieron y hubo hitos. Como la gran luz roja que emergió el 6 de enero de 2021, cuando desde distintos lugares del mundo asistimos a un acto de terrorismo en el Capitolio, símbolo del poder democrático en EE.UU. Una turba de partidarios del presidente saliente Donald Trump se introdujo con violencia en el edificio, cuando se oficializaba el triunfo de Joe Biden a la presidencia de su país, azuzada por la denuncia masiva de fraude electoral del aún presidente(1). Trump le pidió a su vicepresidente Mike Pence que revocase el resultado de las elecciones. Intentó hacerse reelegir por la fuerza enarbolando una mentira. No lo logró. Pero el daño ya estaba hecho (2). No solo por los cinco muertos y decenas de heridos que dejó el asalto. Fue un intento de golpe de Estado, en el que se difundió masivamente por las redes sociales el ataque a los medios de comunicación que no compraban la teoría de Trump del fraude. La desinformación minaba la confianza pública de millones de estadounidenses.
Durante los cuatro años en que Joe Biden estuvo al mando de su país (2021-2024), la crisis institucional siguió avanzando mientras desde distintos intersticios del poder surgían crujidos. No los quisimos escuchar. Pero fue en la campaña electoral para la elección presidencial de 2024 –en donde nuevamente competían Trump y Biden–, cuando el odio y la desinformación coparon la contienda. Entonces Trump –al que no se le impidió ser candidato a pesar de su rol en el letal asalto al Capitolio– anunció y reiteró su prioridad en caso de llegar a la Casa Blanca: ejecutar la «mayor deportación de la historia de migrantes indocumentados», los «terroristas» y «criminales que no merecen ser tratados como personas», «tienen los genes malos», «envenenan la sangre del país». Un discurso racista que prometía una razzia étnica.
Bajo fuerte presión por los cuestionamientos a su edad y salud para asumir la presidencia, Biden renunció. Fue reemplazado por Kamala Harris. El 5 de noviembre de 2024, Donald Trump se impuso en el Colegio Electoral y en el voto popular.
El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió el poder de su país. En su discurso, el presidente de Estados Unidos cumplió su promesa y notificó al mundo que una peculiar guerra se iniciaba. Lo ratificaría decreto tras decreto que firmó en ese Salón Oval de la Casa Blanca que tanto le gusta. «Aquí, donde nacen y terminan todas las guerras», dijo en esos primeros días de su segundo mandato, para el que sí se preparó.
A la guerra contra los inmigrantes, prioridad de seguridad nacional, le puso número: expulsaría a 21 millones de «enemigos» con rostros, piel y voces latinoamericanas. «Hay asesinos, líderes de pandillas, gánsteres, narcotraficantes, gente que no queremos en nuestro país bajo ningún concepto, terroristas», afirmó.
Solo el 7 de enero pasado, millones de ciudadanos se sacudieron al ver los videos que registran el homicidio de Renée Good, en Mineápolis (EE.UU.). Las imágenes muestran desde distintos ángulos como esta poeta estadounidense de 37 años, madre de tres hijos, es asesinada de tres disparos por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) (3), durante una operación contra la migración ilegal. Tres semanas después, a escasos 1,6 kilómetros del primer hecho, murió también Alex Pretti, un enfermero de 37 años. En los videos se ve cómo Pretti es ultimado en el suelo de diez balazos por policías fronterizos.
A pesar del peso de la evidencia captada por los videos de ambas muertes, ni Trump ni su vocera ni ninguno de los altos funcionarios de su gobierno se movieron un ápice de una «verdad» que buscaron instalar: Good y Pretti eran «agitadores» y «extremistas».
Al asesinato de Renée Good apeló el filósofo italiano Andrea Colamedici –autor de Hipnocracia, ensayo que describe la era de la Inteligencia Artificial como una forma de «imperialismo cognitivo»– para explicar el meollo que encierra la desinformación:
«En cuestión de horas, Donald Trump la acusó de haber intentado, ‘de manera violenta, deliberada y maliciosa’, atropellar al agente del ICE, mientras su secretario de Seguridad Nacional calificó el hecho como un ‘acto de terrorismo doméstico’. Una poeta se convierte en terrorista. Una testigo, en agresora. La realidad se reescribe en tiempo real. Y aparece lo que define la condición hipnocrática: todos vemos las mismas imágenes. Pero las imágenes ya no bastan. La evidencia visual compartida ya no establece una realidad compartida. Ya no se trata solo de posverdad. Es algo más profundo: es el colapso del propio suelo sobre el cual los hechos podían ser arbitrados».
Sobre la crisis que tiene su epicentro en EE.UU., el politólogo Francis Fukuyama dijo en abril de 2019, en Chile:
«Tal vez hay una decadencia democrática en Estados Unidos y en otras democracias como resultado de la desadaptación a las circunstancias actuales. Finalmente, la captura del Estado en parte por grupos de la élite está sucediendo en Estados Unidos y en otras sociedades democráticas […]. Tener elecciones democráticas es bastante fácil, pero lidiar con la corrupción sistémica, es mucho más difícil […]. Donald Trump representa la decadencia política, otro fenómeno creciente, y está acelerando esa decadencia».
Siete años más tarde, las afirmaciones de Fukuyama cobran una dimensión dramática. Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, publicó, en 2025, Periodistas en tiempos de oscuridad (Ariel), libro en el que un centenar de profesionales de todo el planeta describen los principales riesgos y desafíos que enfrentan. El pasado septiembre, en entrevista con el diario español El Mundo, Belzunce se refirió al rol de Donald Trump en la escalada de desinformación y el imperio de la mentira:
«Es un momento peligroso porque la cuestión no es ya que Trump haga lo que quiera, o que llegue hasta donde le dejen los contrapoderes, sino por qué tantos estadounidenses dieron su voto a un dirigente que instigó el asalto al Capitolio. Su elección ha sido democrática. Es un presidente legítimo. Pero es muy preocupante que ir contra la democracia no pase factura en las urnas. Eso abre un debate extraordinario sobre la capacidad de decisión. Se nos olvida que el estratega en jefe de Trump en su primer mandato fue Steve Bannon, vicepresidente de Cambridge Analytica. En el libro sale Carole Cadwalladr, quien destapó ese caso. Le han hecho la vida imposible, pero ha quedado demostrado que, gracias a una inversión millonaria, usaron Facebook para llegar a millones de personas con un perfil concreto para manipular su intención de voto. Han cambiado las reglas de las campañas electorales. Y se ha hecho de forma opaca y al margen de los tribunales» (El Mundo, 2025).
«La verdadera oposición son los medios de comunicación. Y la forma de lidiar con ellos es inundar el terreno con mierda», fue la orden que explicitó el poderoso Steve Bannon cuando era el jefe de estrategia presidencial de Donald Trump en 2018, en su primer mandato. Bannon despreciaba –tanto como Donald Trump– a los medios y a los periodistas. Y ha demostrado que su eje estratégico es la «guerra cultural»: conquistar y convencer a millones de personas frustradas con la democracia y miedosas ante los inmigrantes y lo distinto, de una realidad que no está en los hechos sino en una narrativa antojadiza y violenta. Así, Bannon tuvo éxito en la votación del Brexit en Gran Bretaña, y en la primera elección de Trump en 2016. Pero fracasó al apoyar la pretensión de Jair Bolsonaro en Brasil de instigar un golpe de Estado para impedir que Lula da Silva asumiera la presidencia el 8 de enero de 2023. Y con la misma mentira masiva que ocupó Trump en 2020: Lula, «criminal ateo y marxista», había robado la elección.
La psicóloga estadounidense Shoshana Zuboff, académica de Harvard y autora de La era del capitalismo de la vigilancia, un clásico sobre el poder alcanzado por las compañías del Big Tech, ha investigado por 40 años el área de la tecnología. En una entrevista de 2022, explicó cómo se utilizó la estrategia diseñada en Cambridge Analytica para la primera campaña presidencial de Donald Trump:
«En la campaña presidencial de 2016, todo lo que Donald Trump gastó en digital lo gastó en Facebook. Usaron todas las herramientas del ‘capitalismo de la vigilancia’ –tener una tonelada de datos para contar con detalles perfiles de individuos y grupos, y a través de eso impulsar un sistema muy específico de microtargeting que une los mensajes con formato y contenido y calza con el interés específico y la psicología, los temores y las dudas de un individuo. Eso hicieron y se enfocaron específicamente en la población negra, con la idea de persuadirlos de no ir a votar, porque sabían era muy difícil convencerlos de votar por Trump. Hicieron lo que llamaron campaña de disuasión, totalmente digital, y fueron exitosos. Los negros renunciaron a sus derechos democráticos sin que nadie les apuntara con una pistola en su cabeza. Lo hicieron porque fueron persuadidos. Este tipo de focalización se basa en la gran cantidad de datos que recolectan de nosotros cada día» (La Tercera, 2022).
«Sabemos que Facebook, por una filtración de documentos en 2018, ingiere billones de datos cada día para producir seis millones de predicciones de comportamiento por segundo. Su habilidad de acumular datos de nosotros les permite usarlos de maneras muy específicas. Pueden alterar cómo pensamos, cuáles son nuestros temores, con quiénes nos conectamos, qué leemos, con quiénes hablamos y qué hacemos. Capacidades sin precedentes en la historia de la humanidad».
Ese es el enorme poder que hoy ostenta un grupo pequeño de empresas, las más ricas y poderosas del mundo: las Big Tech. Para graficar su potencia frente a la crisis que erosiona las democracias, es interesante mirar la foto del 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda vez. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, tres de los hombres más ricos del mundo y que controlan las principales plataformas tecnológicas, están allí sentados en un puesto de honor. También se ve a Tim Cook de Apple, Sundar Pichai de Alphabet y a Sam Altman de OpenAI.
«El mundo está en un momento decisivo para actuar y regular la privacidad y el manejo de datos que hoy controlan grandes compañías tecnológicas, que han creado un orden institucional que desafía el orden democrático. De no hacerlo, podríamos llegar a un gobierno computacional que termine reemplazando a gobiernos democráticos. Estamos hablando de cinco grandes corporaciones. Todas participan en algunos aspectos de lo que llamo ‘capitalismo de la vigilancia’. Estas compañías han crecido a nivel exponencial para constituir hoy un orden institucional global literalmente compitiendo y desafiando al orden democrático, para ver quién va a dirigir el mundo, qué normas son las que van a dominar la sociedad».
Esa es la advertencia que lanzó Shoshana Zuboff. Las Big Tech efectivamente se han convertido en las empresas más ricas del planeta. Apple, cuya capitalización bursátil a enero de 2026 era de US$3.834 billones, la tercera empresa del mundo; Meta, que maneja Facebook, Whatsapp e Instagram entre otras; Microsoft, el gigante de software mundial; y X cuyo dueño, Elon Musk, posee la mayor fortuna del mundo: más de US$800.000 millones, según Forbes. También figuran allí Amazon, Alphabet, Nvidia y Oracle: todas ellas han visto dispararse sus cotizaciones en los últimos años, batiendo todos los récords.
Otra muestra de su poder lo revela el gasto mundial en publicidad online: tres cuartas partes de ese gasto se destinan hoy a Meta, Amazon y Alphabet; y en Google, subsidiaria de esta última, se realizan más del 90% de búsquedas en internet. Varias de estas multinacionales tienen un valor de mercado superior al PIB de países de América Latina.
La rigurosa investigación La mano invisible de las Big Tech, liderada por Natalia Viana (Agencia Pública) y María Teresa Ronderos (CLIP) (2025), es la información más completa del despliegue del poder del que habla Shoshana Zuboff. En Colombia, debilitaron el proyecto de ley que buscaba regularlas y responsabilizarlas de contenidos que atentan contra la salud física y mental de la niñez. En Brasil, frenaron un proyecto de ley para combatir las noticias falsas. Y también fueron protagonistas de una de las escaladas violentas del presidente Trump en 2025. La multa impuesta por la justicia de Brasil a la red social X, por negarse a acatar las leyes nacionales, fue un argumento que esgrimió el Gobierno de Donald Trump para imponer aranceles del 50% a productos brasileños exportados a EE.UU. (que más tarde revirtió).
En las últimas dos décadas, miles de periódicos de todo el mundo han cerrado o se han reducido drásticamente. En paralelo, algoritmos de redes sociales controladas por multimillonarios han inundado el discurso público con desinformación. Los deepfakes generados por Inteligencia Artificial –videos, imágenes y audios que manipulan digitalmente la apariencia, voz o acciones de políticos o figuras cuya reputación se quiera demoler en base a mentiras– han proliferado exponencialmente. Arshin Adib-Moghaddam, autor del libro Is Artificial Intelligence Racist?, afirma que el deepfake «debe identificarse como una de las principales amenazas a nuestras democracias. Crea una realidad de manera perfectamente escenificada y hace muy difícil diferenciar entre realidad y ficción».
Las imágenes de las violentas redadas, que agentes del ICE despliegan a la «caza» de latinoamericanos en calles, campos, universidades, escuelas y lugares de trabajo en Estados Unidos, nos estremecen. También las de los asesinatos de miles de palestinos en Gaza. Y cada vez lo que emerge es una y otra vez la mentira. La difusión de hechos manipulados o simplemente falsos para justificar una violencia que mata. Para crear una realidad virtual que asfixia la verdad, intoxica a millones de personas, las despoja de discernimiento, y las somete.
Fernando Belzunce apunta a un tema crucial: quién financia la industria de la desinformación y para qué. Y cómo funciona su engranaje. Buscar con rigor los datos y personajes del mecanismo pasa a ser una prioridad para la supervivencia de la democracia. Y para combatir el terror y la mentira que inyectan a la vena desde redes sociales y algunos medios de comunicación. Es tarea principal del buen periodismo investigar su ruta completa. Cómo estudian y deciden qué información falsa diseminar para provocar determinados efectos, por qué vías y canales difundirlas y cuándo. El nudo de un mecanismo que diseña, financia y ejecuta determinadas campañas. Quiénes son sus autores intelectuales, sus financistas y sus soldados.
Si la desinformación finalmente es un fenómeno que deteriora nuestro sentido de realidad, debemos llegar a la médula de su modelo de negocios que explota nuestras inseguridades, miserias y miedos. Una tormenta perfecta en tiempos de debilidad de las instituciones y de desconfianza en la democracia y en el periodismo.
Es necesario abrir los ojos: hay cientos de periodistas que manipulan a la opinión pública con mentiras o verdades a medias. Traicionan su compromiso ético a cambio de dinero o granjerías. Porque este nuevo poder que ha creado esta industria de la desinformación los necesita. Son periodistas los que muchas veces nos inyectan –a través de distintos formatos y medios– información falsa.
La clave es que abramos bien ojos, oídos y poros. Todos los sentidos. Para recoger testimonios, recabar datos y buscar los documentos que nos permitan entender las causas profundas del desplome de las instituciones democráticas. Para informar por qué en esta crisis van juntos la concentración inédita de riqueza de unos pocos grupos económicos, desigualdad extrema y corrupción sistémica. Y en su sustento: la debilidad de nuestras instituciones. Para informar del poder sin control del crimen organizado y su socia: la desinformación. Y por qué en muchas regiones de nuestro continente el crimen organizado ha desplazado, sustituido o sometido al Estado.
Una investigación que arroja luces sobre la dimensión alcanzada por el crimen organizado en América Latina la hizo InSight Crime (2024). En el estudio, se explica cómo y por qué la gobernanza criminal dominó en 2024 nuestro continente, penetrando gobiernos, cooptando las élites y dominando a las fuerzas de seguridad.
El poder de la élite se masca, se respira. Se instala la sensación de impunidad en la ciudadanía. De que nada se puede contra el poder de la élite. Y ello corroe la fe pública. También se desconfía de los periodistas.
Y se entiende. Porque la industria de la desinformación busca impedir que la ciudadanía conozca, sepa, atrape, lo que hace una pequeña élite de ultrarricos que acumula poder y riqueza a costa del debilitamiento de la democracia en América Latina. Y de la desigualdad extrema que azota el continente (Oxfam, 2026). Un pequeño grupo de apenas 106 personas y sus familias ha acumulado más de US$565.000 millones de riqueza conjunta. Solo los primeros seis meses de 2025, el patrimonio de los milmillonarios latinoamericanos creció a un ritmo doce veces mayor que el producto interno bruto regional de 2024. Esas grandes fortunas no solo acumulan dinero: tienen poder para influir en las decisiones de gobiernos y parlamentos, determinan quién se elige o no financiando campañas, y también son capaces de modelar comportamientos de la opinión pública a través de las plataformas donde se anidan medios y redes sociales.
Asistimos a una concentración inédita de la «riqueza extrema» (La Jornada, 2025) y al avance de monopolios en diversos rubros. Eso facilita la colusión y anula la libre competencia. Un ejemplo es el sector farmacéutico, área clave para la vida de la población: hoy solo existen diez gigantes mundiales como resultado de las fusiones y adquisiciones de las dos décadas previas.
Sobre el impacto que esta concentración tiene en la política de Estados Unidos, es interesante escuchar la opinión de la economista Marianne Bertrand, doctora en Economía de Harvard y profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago:
«En 2010, la Corte Suprema eliminó prácticamente los límites a la cantidad de dinero que las empresas podían gastar en elecciones. Por eso, la gente ha estado muy preocupada por la corrupción que eso conlleva […] Si ya teníamos mucha concentración de poder económico en EE.UU., ahora podría haber una alineación cada vez mayor entre poder económico y poder político. Todos los cambios que estamos viendo no hacen más que reforzarlo. Y es un círculo vicioso. Si pensamos en la familia Trump, gracias al poder político que él tiene, se han enriquecido enormemente los últimos seis meses. Antes no eran tan ricos. Ahora son muy ricos, lo que les facilitará mantener el poder político. Y los mecanismos que llevan del poder político al poder económico pasan por la corrupción, el control de las empresas y la obtención de beneficios para uno mismo».
Los dichos de Marianne Bertrand se ratificaron. Este 31 de enero el periodista David D. Kirkpatrick publicó su investigación en The New Yorker sobre la fortuna acumulada por Donald Trump en su primer año de mandato. «La especulación de Trump alcanza los US$4.000 millones», tituló (2026).
Lo anterior nos señala que el buen periodismo deberá apelar a nuestros mejores talentos del periodismo de investigación y de los narradores de historia para contar que estamos ante un nuevo tipo de poder tan oculto como real. Parte esencial de este es el crimen organizado que se ha sofisticado en nuestra región, a la par de las multinacionales.
El centro de investigación Integridad Financiera Global cuantificó entre US$1,6 y US$2,2 billones (El País, 2025a) los ingresos producidos por el crimen organizado en 2017. Otro informe de la ONU concluyó que el dinero que se blanquea cada año supera los US$2 billones (mucho más que el conjunto de bienes y servicios producidos el año 2024 en España y Portugal juntos). Desde el buen periodismo debemos asumir que el crimen organizado ha dejado de ser amenaza periférica en nuestra región y se ha convertido en un actor central que amenaza la democracia y el Estado de derecho.
A pesar de que varios líderes autoritarios sigan insistiendo en que la crisis climática es un invento, los últimos informes sobre el estado global han sido estremecedores. La evaluación de los 35 «signos vitales» de la Tierra (indicadores de la temperatura de la superficie terrestre y de océanos, entre otros) arroja que 25 de ellos han alcanzado extremos récord, lo que sugiere condiciones climáticas más amenazantes que nunca. Hemos tenido las temperaturas globales más altas jamás registradas (promedio de temperaturas de todo el planeta, incluyendo superficie terrestre y océanos), aumento sin precedentes del nivel del mar y de incremento en emisiones de gases efecto invernadero.
En aquellas regiones donde más han aumentado las temperaturas, también ha crecido la riqueza y su concentración (Castells-Quintana y McDermott, 2024). Y a causa de la crisis hídrica, también aumentan la incidencia e intensidad de los conflictos por el agua. Un estudio publicado en octubre de 2024 por la Comisión Global sobre Economía del Agua (El Periódico, 2024) informó que, para fines de esta década, la demanda por agua dulce superará la oferta en un 40%. Es urgente que hagamos visible un dato aterrador: 1.000 niños mueren diariamente por falta de agua. La alarma es clara: si no se toman medidas urgentes podríamos vernos enfrentados a una crisis alimentaria catastrófica.
En ese contexto, las políticas impulsadas por el presidente de EE.UU. van en dirección contraria: debilitar o eliminar las políticas medioambientales y reforzar los combustibles fósiles. Donald Trump no lo disfraza. Esto les dijo a los más importantes representantes de las empresas productoras de petróleo y gas cuando aceptó la nominación presidencial del Partido Republicano, en julio de 2024: «Tenemos más oro líquido bajo nuestros pies que ningún otro país con la diferencia que somos una nación que tiene la oportunidad de hacer una fortuna absoluta con su energía». En el auditorio, los multimillonarios del petróleo: Harold Hamm, de Continental Resources; Kelcy Warren, de Energy Transfer; Jeffery Hildebrand, de Hilcorp, y George Bishop, de GeoSouthern Energy. Aportaron al menos US$9,9 millones a la campaña de Donald Trump (datos Comisión Federal Electoral). Si se suma la donación de otro multimillonario del petróleo, Tim Dunn, de CrownRock, sus aportes superan US$16 millones, más de lo que dieron para financiar las candidaturas de Trump en 2016 y 2020 juntas.
Uno de los efectos más letales del poder del crimen organizado en América Latina son los miles de muertos que va dejando a su paso. Asumir la verdad sobre nuestros muertos y desaparecidos pareciera ser otra arista oculta por la industria de la desinformación. Porque a pesar de que han transcurrido casi 20 años desde que, en un día de diciembre de 2006, el presidente de México Felipe Calderón ordenó en Michoacán el primer operativo conjunto de policías y Ejército e inició la «guerra contra los carteles de la droga», nos resistimos a entender por qué los muertos y desaparecidos en México exceden desde entonces a otro conflicto armado en América Latina. Mirar con ojos abiertos implica asumir que la práctica de la desaparición forzada –usada por los servicios secretos de dictaduras civiles-militares de América Latina en los años ’60, ’70 y ’80 para eliminar opositores, expandir el terror y paralizar a la población–, se ha intensificado en distintos países.
Más de 133.000 personas siguen desaparecidas en México. 72.000 osamentas no han sido identificadas y se han apilado en servicios forenses desde 2006. Ambas cifras solo se conocen gracias al trabajo del buen periodismo que con gran coraje ha hurgado en distintos registros y corroborando con testimonios recogidos en todo el país. Un dato grafica el horror de la crisis del derecho a la vida: desde enero de 2006 al 30 de septiembre de 2024, se han encontrado 3.516 fosas clandestinas. De ellas, se han exhumado 8.341 cuerpos enteros y 52.305 restos humanos.
Los muertos de nadie nos obligan a mirar más allá del Tapón de Darién y del Río Bravo, donde está la frontera de México y EE.UU. A aterrizar en el agua. Nadie puede afirmar con precisión cuántos africanos murieron en alta mar cuando intentaban llegar con desesperación a bordo de pateras o cayucos a Canarias, en los últimos diez años. Pero son miles.
De esos muertos sin tumba sabemos nosotros y sabe España, cuando la Guerra Civil y el franquismo convirtieron a ese país en una gran fosa común que cobijó a las víctimas del odio. Pero la amnesia no dura siempre. Tampoco la mentira. En los últimos 25 años, se han recuperado restos de más de 17.000 víctimas. En noviembre de 2025, RTVE Noticias (Corporación de Radio y TV de España), con el apoyo del Archivo RTVE y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, elaboró el primer mapa histórico de fosas comunes producto de la Guerra Civil y el franquismo. Allí están las ubicaciones de aproximadamente 6.000 fosas. Otra prueba de cómo el buen periodismo no detiene la búsqueda de los que amamos. Y de que encontrar y sepultar a nuestros muertos es recuperar memoria histórica para no repetir la barbarie. O al menos intentarlo.
Como decía Albert Camus: «Mi generación tiene a la España republicana en el corazón. Fue allí donde aprendimos que se puede tener razón y aun así ser derrotados, que la fuerza puede vencer al alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa».
Recuperar a nuestros muertos es otra práctica que bien conocen en El Salvador, país donde hoy su presidente, Nayib Bukele, se publicita masivamente como creador de una eficaz política para combatir pandillas y crimen organizado. No es así. El último informe de la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario (SJH) (El País, 2026), documenta 470 muertes de personas detenidas durante los 45 meses de régimen de excepción que el presidente Bukele mantiene para gobernar con facultades extraordinarias (El País, 2022). El 31,8% murió de forma violenta, otro número similar por falta de atención médica. La investigación de casi cuatro años revela que el 94% de los fallecidos no eran pandilleros, sino pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas y cuatro menores, incluida una recién nacida. El SHJ estima que el número real de muertes podría ascender a 1.300 personas, con cuerpos enterrados en fosas comunes sin notificación a familias. Y ello, porque hasta hoy se desconocen los nombres y el número de personas que ha sido recluidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Sin debido proceso, los detenidos no pueden conocer cargos ni acceder a defensa. Y menos recibir visitas.
Desde el inicio del régimen de excepción, organismos de derechos humanos y periodistas han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y homicidios en el CECOT. Cristosal y SJH abandonaron El Salvador en 2025 tras la ofensiva del Gobierno contra críticos y opositores (El País, 2025b). El buen periodismo ha pagado caro su denuncia documentada de los abusos del régimen de Bukele, y del enriquecimiento de él y su familia. El 2025 más de 50 periodistas salvadoreños se vieron forzados a salir de su país. Otro tanto ocurre con la dictadura de Nicaragua donde más de 280 trabajadores de la prensa han tenido que abandonar su país para evitar la cárcel.
Los ataques de Donald Trump a los periodistas fueron una constante en su primer mandato y ahora se han multiplicado. No trepida en tildar de «noticia falsa» cualquier pregunta que no le agrade. Y de acusar de «enemigo del pueblo» o «cerdita» a los periodistas que lo incomodan. Y de imponer medidas represivas para impedir la libre circulación de la información, como ocurrió con los reporteros que cubren el Pentágono. Un episodio de estos ataques muestra otro rostro del presidente. El último año, con sus querellas a los medios de comunicación y plataformas sociales, principalmente por haberle cancelado sus cuentas tras el asalto al Capitolio, Trump ha recogido US$91,5 millones: de una querella contra YouTube (Alphabet), obtuvo US$24,5 millones; de Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, recibió US$25 millones; de X, la red social de Elon Musk, US$10 millones; otro millón de un medio de TV: CBS le pagó US$16 millones, y ABC, US$15 millones.
La única acción judicial que no prosperó fue la que interpuso contra el diario The New York Times y cuatro de sus periodistas, por informar de sus métodos financieros. Trump calificó así al Times: «uno de los periódicos más nefastos y degenerados de la historia de nuestro país, que se ha convertido en un virtual portavoz del Partido Demócrata de la izquierda radical». Pidió US$15.000 millones, pero un juez federal de Florida desestimó su demanda por difamación.
A. G. Sulzberger, presidente y editor del diario The New York Times, sí sabe lo que es hacer periodismo teniendo al frente a Donald Trump. Ya en marzo de 2023, a pesar de estar consciente de que enfrentábamos una «crisis global del deterioro de la salud del ecosistema de la información», afirmó no estar dispuesto a rendirse:
“Es imperativo para las organizaciones de periodismo independientes resistir […] Nuestra misión es buscar la verdad y ayudar a las personas a entender el mundo. Esa es literalmente la misión del Times. Si buscar la verdad es el mejor contrapunto a esta era de la desinformación, ayudar a la gente a entender el mundo es el mejor contrapunto a esta era de la polarización. ¿Qué servicio podemos proporcionar a nuestro país que no sea ayudar a las personas a comprender nuevamente a sus vecinos y sus esperanzas, temores y motivaciones? Los desafíos este momento son enormes: desigualdad de ingresos histórica, aceleración del cambio climático, erosión democrática. Si realmente queremos abordarlos, vamos a tener que unirnos como sociedad. Y para ello tendremos que entendernos» (La Tercera, 2023).
El último hito de la “guerra” contra el buen periodismo lo escribió Jeff Bezos, dueño de Amazon y del diario The Washington Post. El 4 de febrero despidió a 300 periodistas, corresponsales en todo el mundo, entre ellos. Bezos ya se había plegado a los dictámenes de Trump y había suprimido sus páginas de Opinión. De un plumazo, uno de los cinco hombres más ricos del mundo masacró un ícono del periodismo de investigación y de la fiscalización del poder.
Líderes autoritarios y antidemocráticos usan su poder para debilitar la libertad de prensa, acosar y perseguir al buen periodismo y tomar control del espacio informativo. Nos atacan porque necesitan eliminar la búsqueda de la verdad de lo que ocurre. De sus negocios. De la corrupción sistémica. De la cooptación que hacen de cada miembro del sistema. Es lo que está ocurriendo en este momento en muchos países del mundo. Y afecta directamente la convivencia, el discernimiento, la rendición de cuentas y la democracia. Esa batalla fue descrita así, en octubre de 2024, por la periodista Pepa Bueno, cuando aún era directora del diario El País:
“Es una batalla en la que desaparece el ‘consenso sobre la realidad’, lo que dificulta cualquier otro consenso. Los medios que en esa refriega intentan seguir amarrados al mástil de los hechos, se han convertido en el nuevo enemigo. Las campañas de descrédito –constantes y sostenidas– buscan descalificarlos, demonizarlos, para desactivar la fuerza de la realidad […] La tónica es sembrar y multiplicar la desconfianza en la marca informativa, para desacreditar todo lo que va a viajar dentro de ella y así acabar con cualquier pluralidad. La sociedad necesita que los medios sigan pegados a los hechos y a la realidad y practiquen un triple ejercicio de transparencia: profesional (contar cómo hacemos nuestro trabajo); editorial (cuáles son nuestros valores y qué defendemos); y financiera (detallar quiénes son nuestros dueños y nos financian). Se necesita explicar cómo fabrican las noticias irreales que aspiran a ser realidad. La verdadera explosión de medios que desinforman o fomentan el odio y la deshumanización del adversario, del que es diferente o extranjero».
Pepa Bueno alude a una ruptura que nos carcome: la destrucción del debate racional basado en hechos se ha vuelto una de las principales tácticas de movimientos de extrema derecha. La lucha contra la realidad, contra la información verificada, contra la ciencia misma, consolida una estrategia de combate cultural, donde enarbolar la «libertad» se vuelve sinónimo de violencia.
Necesitamos entender que el verdadero peligro es que nos bloqueen, nos impidan –por diversas vías y métodos– el acceso oportuno a la veraz información. Esa es la esencia de la libertad de expresión: la circulación libre de información sustantiva para vivir y tomar decisiones. Por eso es vital que haya un riguroso periodismo de investigación. Su carencia es tan grave como la ausencia de risa, alegría, esperanza y amor en nuestras historias.
Y allá vamos. Aunque el poder que enfrentamos tiene más fuerza y dinero que nunca; aunque traten de acallarnos, asfixiarnos económicamente o eliminarnos, hoy sabemos que lo que perdura, lo que rompe el circuito de la impunidad en tiempos de crisis y provoca el cambio es el periodismo serio, riguroso, que no hace concesiones ni se siente depositario de la verdad. Eso es lo que aprendemos día a día en los talleres, seminarios y encuentros que organiza la Fundación Gabo, la más importante red de periodistas de Iberoamérica. Y eso es lo que seguiremos haciendo con más convicción aún.
No sabemos cómo saldremos de esta crisis de involución democrática. No sabemos cómo lograremos derrotar a quienes quieren robarnos el discernimiento, imponernos otra realidad, aterrorizarnos, someternos. No sabemos qué modelo de periodismo subsistirá después de esta revolución. Lo que sí sabemos es que el buen periodismo emerge como un cordón umbilical para que la ciudadanía enfrente el miedo, la desesperanza y la incertidumbre con información veraz y rigurosa. Y que el buen periodismo resistirá y cumplirá su compromiso ético con el derecho a la vida.
(1) Este fue uno de los mensajes que lanzó a sus partidarios para que irrumpieran en el Capitolio: “Nunca recuperarán nuestro país con debilidad. Tienen que mostrar fuerza y tienen que ser fuertes. Hemos venido a exigir que el Congreso haga lo correcto y solo cuente a los electores que han sido elegidos legalmente. Sé que todos los que están aquí pronto estarán marchando hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica hoy.
(2) Una vez electo para su segundo mandato, Donald Trumo otorgó alrededor de 1.500 indultos y seis conmutaciones de condenas a personas acusadas por los graves hechos que se desencadenaron con el ataque al Capitolio el 6 de enero.
(3) El ICE es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
(4) En enero un periodista británico le preguntó a la vocera de gobierno cómo era posible que el presidente considerara que la policía migratoria ICE estaba actuando “correctamente” si había 32 personas muertas bajo su custodia, 170 ciudadanos estadounidenses detenidos y 1 ciudadana, Renée Good, muerta tras ser baleada por un agente del ICE en Minnesota, un estado con bajos niveles de inmigración. La vocera acusó al reportero de “activista de izquierda sesgado” intentando difundir bulos. Los datos del periodista eran reales , pero la vocera los hizo parecer falsos.