Señor Director:

En medio de la discusión sobre la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales el fútbol chileno vuelve a tensionarse no solo por sus estructuras de propiedad o gobernanza, sino también por uno de sus actores más invisibilizados y determinantes: las árbitras y los árbitros. La contingencia reciente, marcada por cuestionamientos a malos arbitrajes, disputas públicas y la querella del sindicato contra un periodista, según informó The Clinic ha encerrado el debate en una lógica reactiva, donde la defensa corporativa desplaza una reflexión más profunda sobre el estado y el futuro del arbitraje.

Reducir la discusión a conflictos mediáticos o judiciales implica esquivar el problema de fondo. La pregunta relevante no es quién gana una disputa puntual, sino qué tipo de arbitraje necesita el fútbol chileno y bajo qué institucionalidad debe desarrollarse. Insistir en respuestas defensivas resulta insuficiente y contribuye a debilitar la confianza en una actividad que requiere legitimidad.

Esa desconfianza no surge en el vacío. Existen antecedentes que tensionan la credibilidad del sistema arbitral. Cuando quienes lideran el arbitraje han sido cuestionados por prácticas que afectan la transparencia, el problema deja de ser comunicacional y pasa a ser estructural. En ese contexto, cerrar filas sin abrir un debate interno no fortalece al arbitraje, simplemente lo aísla.

El punto central no está solo en el presente, sino en el escenario que se abre con la eventual aprobación de la ley. ¿Qué ocurrirá con las árbitras y los árbitros? ¿Seguirán dependiendo del fútbol profesional o pasarán a una institucionalidad más amplia?

Resulta razonable pensar el arbitraje dentro de una Federación que asuma un rol activo en su conducción. No es un cambio administrativo, sino una redefinición de su lugar. Una federación que forme y califique árbitras y árbitros profesionaliza la actividad y le otorga coherencia con una política deportiva más amplia. En ese proceso, el Instituto Nacional del Fútbol debe ser fortalecido y articulado con estándares claros.

El rol del sindicato también debiera reorientarse. No basta con responder a críticas o judicializar conflictos. El desafío es incidir en la arquitectura institucional del arbitraje, participando en su diseño, financiamiento y representación.

Aquí se abre una tensión de fondo. El arbitraje puede entenderse como función subordinada a una liga o como parte de un sistema que articula formación y desarrollo social. Esto define si será una pieza operativa o un actor relevante en la construcción del fútbol.

El arbitraje no se reduce a dirigir partidos. En el fútbol joven, también ordena, educa y genera condiciones de aprendizaje. Sin ese componente, la formación queda incompleta.

Preocupa, además, la ausencia del Sindicato en la tramitación y discusión del proyecto de ley, ya que no participar en este proceso implica ceder la definición de su propio futuro.

El problema del arbitraje no es solo de imagen ni de errores puntuales. Es, sobre todo, de lugar: cómo se posiciona dentro del fútbol y qué rol asume en su desarrollo.