A pesar de que el propio Presidente José Antonio Kast dijo en campaña que no haría modificaciones a la gratuidad y que los migrantes indocumentados pagarían sus pasajes de vuelta a su país, en la primera semana de su gobierno eso fue matizado por sus subalternos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció tres cambios en la política de gratuidad: no se concederá a personas de más de 30 años, no se seguirá ampliando a otros deciles y no se admitirán nuevos planteles educacionales en el sistema. En tanto, el designado director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, dijo que no hay recursos suficientes para expulsar a los migrantes con orden de dejar el país, por lo que el Congreso tendría que aprobar nuevos fondos.

(Créditos foto principal: Lukas Solís / Agencia Uno)

A solo días de haber asumido el gobierno, dos compromisos que el Presidente José Antonio Kast hizo durante su campaña electoral experimentaron cambios radicales: que no se tocaría la gratuidad y que los migrantes no regularizados costearían el pasaje que los enviaría de vuelta a su país. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que se restringiría el acceso a la gratuidad para mayores de 30 años. Y el designado director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, dijo que expulsar a un extranjero irregular vale $3 millones, “por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”. Respecto al aporte de los propios migrantes indocumentados, agregó que se podrían usar los ahorros previsionales de aquellos que, aunque están irregulares, han cotizado en una AFP.

En plena campaña de segunda vuelta comenzó a circular en redes sociales que Kast acabaría o cambiaría la política de gratuidad. Su equipo respondió, a través de videos, para desmentirlo: “Basta, pero basta ya, basta de las fakes, de las mentiras y de los inventos en redes sociales, dicen que Kast va a terminar con la gratuidad, mentira (…). Con Kast como presidente los beneficios siguen y mejoran, para que lleguen de verdad a la gente que más lo necesita. Soy Mara Sedini del equipo Kast y recuerda te van a mentir porque cuando no tienen ideas inventan miedo, no les creas”, dijo la actual vocera de gobierno, Mara Sedini. 

Incluso, el propio candidato dijo que no tocaría la gratuidad y que mantendría los beneficios obtenidos. En uno de los debates presidenciales, al ser consultado por la gratuidad, dijo: “No, nosotros no vamos a cortar ningún beneficio social que hoy en día exista” (vea aquí el registro)

Pero, al asumir el gobierno, el ministro Quiroz anunció tres modificaciones a la gratuidad con el objetivo de conseguir recursos para el Plan de Reconstrucción Nacional. Entre los cambios figura que el beneficio ya no se entregará a mayores de 30 años (excluyendo a los que estudien una carrera técnica), se frenará la extensión a nuevos deciles y se aplazará el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de gratuidad. Se trata de medidas que fueron propuestas inicialmente por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, que fue convocada por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y terminó su trabajo en 2025.

Este viernes 19, en un seminario del Diario Financiero, el ministro Quiroz dijo que “No hubo mayor escándalo cuando la comisión (convocada por Marcel) propuso eso, pero ahora sí”. Efectivamente, no hubo controversia en ese momento, porque esa propuesta de la comisión no fue aceptada por el gobierno de entonces.     

A pesar de que son medidas para conseguir recursos, ni el ministro Quiroz ni el Ministerio de Educación habían transparentado a cuánto corresponderá el ahorro por estas medidas que limitan la gratuidad y en qué plazos se verán los beneficios. En el mismo informe de la comisión que asesoró a Marcel se dieron algunas cifras y se señaló que estas medidas no tendrían rendimiento a corto plazo. Dejar fuera de la gratuidad a los mayores de 30 años, concluía esa comisión, tendría un impacto solo a mediano plazo y generaría un ahorro de $80 mil millones, un monto marginal que contrasta con los $2,7 billones anuales que cuesta la política de gratuidad. 

El Ministerio de Educación entregó a CIPER una proyección en base a los actuales estudiantes matriculados con gratuidad. Según el organismo serían 7.599 los estudiantes potenciales afectados, lo que equivaldría a una reducción del gasto de $27mil millones.

Según información pública del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), el porcentaje de matriculados de pregrado de 30 o más años en carreras técnicas pasó de un 11,4% en 2010 a un 33,1% en el 2025, mientras que en las carreras profesionales subió de un 12,5% a un 32,9%. En cambio, las carreras conducentes a licenciaturas, que son las que se verán afectadas por la regulación de Kast, se han mantenido en un 8%, aproximadamente.

El otro anuncio del gobierno de Kast, de aplazar el ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad es calificado como irrelevante en el informe de la mencionada comisión, ya que en 2024 sólo se sumó un establecimiento educacional y en 2025 no se registraron ingresos.

EL COSTO DE EXPULSAR MIGRANTES

Respecto a las medidas ante la migración irregular, durante la campaña José Antonio Kast sorprendió al anunciar que los propios migrantes “van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile”. Pero, su designado director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, dijo algo completamente distinto esta semana. En una entrevista con Radio Agricultura, Sauerbaum recalcó el elevado costo de las expulsiones: “Echar a una persona del país vale $3 millones”, dijo. Y agregó que el Congreso tendrá que disponer de más recursos para aplicar esa política.

En otra entrevista realizada por Teletrece, Sauerbaum afirmó que una parte de los extranjeros irregulares podrían solventar su propio regreso con recursos de sus cotizaciones previsionales: “En algunos casos lo van a poder pagar ellos (…) de aquellos que están trabajando y cotizando previsionalmente, pretendemos sacarle los recursos de la AFP e incluso entregarlos a ellos, para que se los lleven y, una parte de eso va a poder solventar parte del gasto”. No entregó el número de personas que estarían en esta categoría, ni los montos asociados a ellos. CIPER intentó contactarlo para que explicara cómo se podrían retener los ahorros previsionales de una persona sin papeles, pero no hubo respuesta.

Fue en el debate “Tú decides 2025”, de Canal 13, que se consultó a Kast sobre qué va a hacer con los 336 mil migrantes no regularizados. El entonces candidato descartó operativos de persecución y afirmó que cada migrante pagaría su pasaje de salida: “Los vamos a invitar a abandonar el país (…) hemos calculado que con un avión de 100 personas uno podría hacer viajes chárter de $100 millones por avión, y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile” (vea aquí el video).

Pero, en la entrevista que concedió a Radio Agricultura, Frank Sauerbaum admitió que poner en marcha las expulsiones es “muy difícil porque requiere recursos, disposición política y disposición de las policías porque obviamente, echar a una persona del país vale 3 millones de pesos, solo una, entonces echar a 37 mil es un costo elevadísimo, por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”.

La nueva Presidencia ingresó urgencias legislativas al Congreso para la tramitación de 20 proyectos de ley. De ellos, cuatro se relacionan con la migración. Dos de ellos fueron calificados con suma urgencia y los otros dos con discusión inmediata.

Una iniciativa busca modificar la Ley de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes irregulares a beneficios financiados con recursos públicos. El proyecto establece como obligatoria la postulación de los extranjeros a beneficios fiscales, quienes requerirán cédula de identidad vigente (no provisoria). A esto, se suma la incorporación de los migrantes en el Registro Social de Hogares (RSH), estableciendo que se requerirá la cédula vigente para que puedan hacerlo.

Otra propuesta con discusión inmediata es la que busca tipificar el delito de “ingreso clandestino al territorio nacional”, lo que será sancionado con presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a 10 Unidades Tributarias Mensuales (de $350 mil a $700 mil al valor actual). Para los extranjeros que tengan una causal de prohibición de ingreso al país, la penalización aumentará a presidio menor en su grado medio a máximo.

Las iniciativas legales del nuevo gobierno también contemplan que sólo podrán ingresar o permanecer en el país los extranjeros que tengan su documentación al día. La inobservancia de este último requerimiento se sancionará con la deportación o expulsión inmediata, salvo excepciones por razones humanitarias. Finalmente, también se pretende crear registros o listas de extranjeros que entren o vivan en el país, los que, de acuerdo al proyecto, serán confidenciales y con protección de datos.