El exconvencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade, se encuentra en riesgo vital y en coma inducido tras ser encontrado esta madrugada maniatado, con lesiones y rayados políticos en su cuerpo. Según Radio Bío Bío, las consignas escritas apuntan contra el sector político de Rojas Vade. Hasta el momento, el hecho se investiga como un secuestro con lesiones y no se descarta que la agresión tenga una motivación política ni que exista alguna relación con el tráfico de drogas.

Información preliminar, publicada por Emol, señala que el ataque ocurrió tras salir de su domicilio durante la noche del 11 de marzo. De acuerdo con esos primeros antecedentes, cerca de las 22:30 horas, el exconvencional le habría dicho a su padre que saldría a comprar cigarros, pero no regresó y fue encontrado a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78, en un sitio eriazo.

En 2021, Rojas Vade protagonizó un escándalo luego de que La Tercera revelara que había fingido padecer un cáncer terminal, situación que lo catapultó como carta electoral a partir de la notoriedad pública que alcanzó su lucha contra esa enfermedad en el estallido social de 2019. Tras admitir que había engañado a la opinión pública, debió dejar su cargo y enfrentar una investigación de la que finalmente fue condenado por estafa residual en 2023. Desde entonces mantuvo un bajo perfil y, según Radio Bío Bío, hasta antes del ataque, se desempeñaba como conductor de aplicaciones de transporte.

Se espera que los peritajes instruidos a Carabineros arrojen claridad respecto de las motivaciones de la agresión.

Rodrigo Rojas Vade (Créditos: Diego Martín / Agencia Uno)

El mandatario, José Antonio Kast, firmó una serie de decretos e instrucciones para activar las primeras seis medidas que marcarán el inicio de su gobierno. Estas apuntan a seguridad nacional, eficiencia del gasto público y el control institucional.

Según el documento oficial que contiene el resumen de las acciones –y que difundió Radio Bío Bío-, el primero es la instrucción “Política Nacional de Cierre Fronterizo”, que implica incrementar el número de militares en la Macrozona Norte y mejorar vigilancia con drones, entre otras cosas.

La segunda medida es el nombramiento de Alberto Soto Valenzuela, comisionado para la Macrozona Norte, quien se encargará de coordinar la vinculación con FF.AA. y policías, además de articular servicios fiscalizadores.

La tercera medida es algo que ya había anunciado y que denominó como “Auditoría Total”, que consiste en realizar fiscalizaciones a todos los ministerios e instituciones del Estado, las que deben ser reportadas directamente al Presidente. Según dice el documento, la idea es que “cualquier irregularidad sea detectada y denunciada”.

La cuarta medida es “resolver atrasos en tramitación de permisos” y lo que busca es destrabar 51 recursos de reclamación pendientes en el SEIA por proyectos que, según el diagnóstico del nuevo gobierno, presentan retrasos administrativos fuera del plazo legal y que implica el bloqueo de US$16 mil millones en inversión.

Los dos últimos ítems apuntan a la reconstrucción en Valparaíso, Ñuble y Biobío; y la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo. Este último busca erradicar los pasos no habilitados para la migración irregular.

Presidente de a República, José Antonio Kast (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / AgenciaUno)

Durante la cuarta jornada de formalización del exfiscal Manuel Guerra, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó la medida de prisión preventiva para el otrora jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El organismo argumentó que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando su rol “fundamental” en la persecución de delitos durante su carrera.

Guerra enfrenta cargos por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, todos a partir de los chats que tenía con el penalista, Luis Hermosilla. Esto, porque según el Ministerio Público, cuando Guerra era fiscal jefe de la Oriente favoreció a imputados ligados a la UDI, al expresidente Sebastián Piñera y a cercanos de Hermosilla, en causas de alta connotación pública, además de entregar información reservada al abogado. Luego, el mismo día en que dejó el Ministerio Público, el exfiscal comenzó a trabajar en la Universidad San Sebastián ligada a la UDI y en dos entidades municipales cuyos alcaldes eran gremialistas. Para el CDE, la llegada de Guerra a la USS fue una “recompensa”.

El Ministerio Público ya había solicitado y argumentado en la audiencia del miércoles la misma medida cautelar, pese a haber considerado inicialmente solicitar solo arresto domiciliario total.

Manuel Guerra (Créditos: Hans Scott / AgenciaUno)