Uso de celulares en el aula por los profesores

Señor Director:

La reciente ley que prohíbe y regula el uso de dispositivos en establecimientos educacionales ha sido presentada como una respuesta necesaria frente a la hiperconectividad. Sin embargo, durante su difusión se instaló una afirmación preocupante: el ministro de Educación señaló públicamente que la prohibición alcanzaba también a los docentes, pese a que el texto legal no establece de manera expresa tal restricción y posteriormente debió matizar sus dichos aludiendo a las excepciones y al uso pedagógico. Ello revela la fragilidad del reconocimiento profesional docente en nuestro país.

La práctica docente en Chile está delimitada desde fuera: múltiples protocolos, fiscalización constante, evaluación permanente. A ello se suma una cultura donde “todos saben cómo se debería enseñar”, debilitando la noción de experticia pedagógica.

En otras profesiones, la regulación fija marcos éticos y estándares generales, pero no desciende a normar prácticas cotidianas básicas bajo una sospecha de mala práctica . No existe una ley que recuerde al médico que no debe revisar sus dispositivos en pabellón, ni al psicólogo que no debe contestar mensajes durante una sesión clínica. La razón es simple: su competencia se presume. En docencia, en cambio, esa presunción no está instalada.

Evidentemente, ningún profesor va a ver una serie, ni a realizar trámites personales mientras enseña. Pero cuando una norma prohíbe el uso de dispositivos a “toda la comunidad educativa” y la autoridad pública comunica que ello incluiría a los docentes, el profesor queda normativamente situado en el mismo plano regulatorio que el estudiante, sin una diferenciación explícita de su autoridad profesional, lo que diluye su autonomía y debilita el reconocimiento de su rol especializado.

Además, la llamada “Modo Aula” se inserta en otra tendencia persistente: la sobrerresponsabilización del profesor frente a problemáticas sociales amplias como violencia, salud mental, inclusión… y ahora hiperconectividad. Este último fenómeno es cultural y transversal; sin embargo, su “resolución” recae, una vez más, en la sala de clases, convirtiendo al docente en el responsable visible de soluciones que exceden lo estrictamente pedagógico.

Si aspiramos a fortalecer la educación, necesitamos reconocer, de una vez por todas, la experticia de los docentes, dejar de sumar responsabilidades que excedan los límites propios de su ejercicio y restituir el respeto y la presunción de competencia.