Un mundo en crisis: el rol de la sociedad civil

El autor de esta columna sostiene que han emergido en el mundo liderazgos cada vez más críticos de la cooperación internacional, relatos que no solo promueven tendencias autoritarias, sino que también legitiman el uso de la fuerza, particularmente del poder económico y militar de las grandes potencias. En ese contexto, dice que «es hora de tener una perspectiva amplia, y entender lo que está en juego en nuestro país y en todo el mundo: si no protegemos y fomentamos el trabajo de la sociedad civil estamos poniendo en riesgo la democracia, la seguridad pública y nuestras libertades fundamentales».

En los últimos años, a nivel global, hemos sido testigos de la instalación sistemática de una narrativa que desestima el valor del trabajo comunitario, de la cooperación internacional y del multilateralismo, privilegiando visiones centradas exclusivamente en intereses económicos individuales o nacionalistas.

De forma progresiva, han emergido liderazgos cada vez más críticos de la cooperación internacional, que han incorporado —tanto en sus discursos internos como en sus políticas exteriores— relatos que no solo promueven tendencias autoritarias, sino que también legitiman el uso de la fuerza, particularmente del poder económico y militar de las grandes potencias, para forzar no sólo la definición de asuntos geopolíticos, sino también económicos.

En este contexto, y en paralelo, se ha intensificado una oleada de cuestionamientos hacia las organizaciones no gubernamentales (ONGs), acusándolas de ser incapaces de frenar el aumento de los conflictos armados o el clima de beligerancia global. Estas críticas, además, suelen ir acompañadas de un discurso negacionista respecto de las distintas crisis que enfrentamos en la actualidad —de derechos humanos, económicas y climática, por ejemplo— con el objetivo de deslegitimar el rol histórico de la sociedad civil y su enorme aporte a la hora de encontrar soluciones a estos desafíos.

En el caso particular de nuestro país, la sociedad civil debió enfrentar las repercusiones del denominado caso “Convenios” o “Fundaciones”, el que reveló una serie de casos  de malversación de fondos públicos, donde el Estado transfirió millones de pesos a fundaciones para ejecutar programas, aun cuando muchas de ellas no contaban con la experiencia ni capacidades técnicas para ejecutarlos, mientras que en varios casos, se pudo comprobar directamente que estos dineros fueron usados para el financiamiento de campañas políticas.

Este caso político-judicial se transformó en un insumo funcional y valioso para determinados grupos de poder, que han instrumentalizado el escándalo con el fin de desacreditar de manera generalizada a la sociedad civil organizada, afectando injustamente el trabajo desarrollado durante décadas y buscando deteriorar su reputación pública.

Pese a ello, la sociedad civil continúa cumpliendo una misión valiosa y haciendo el trabajo que muchas veces el Estado no quiere o no puede asumir: entran a zonas de guerra para entregar asistencia médica, educacional o social a las personas afectadas; trabajan incansablemente defendiendo los derechos humanos de hombres, mujeres y niños perseguidos; colaboran arduamente con comunidades locales en políticas de concientización, mitigación y adaptación a la crisis climática; entregan la primera respuesta en zonas de emergencia -como hemos visto en Chile estos días-; alzan la voz e inciden ante las autoridades competentes para avanzar de forma concreta en proyectos de ley o políticas públicas urgentes para la ciudadanía, y que sin la intervención de este sector pueden dormir por años, y se enfrentan a retóricas extremas en todo el planeta, defendiendo los valores de la libertad, la solidaridad y la democracia.

Si bien en diversas regiones del mundo los actores políticos han impuesto crecientes restricciones y trabas al quehacer de estas organizaciones —criminalizando su labor, difundiendo información falsa sobre su trabajo y financiamiento y limitando su acceso a recursos públicos—, son precisamente las organizaciones de la sociedad civil las que continúan enfrentando estas narrativas polarizantes, promoviendo información veraz, exigiendo probidad estatal, defendiendo los derechos y libertades de las personas y fiscalizando allí donde el Estado no logra llegar.

Para evitar casos como el que sacudió al sector en Chile, es necesario que las ONGs trabajen en potenciar sus mecanismos de independencia de los poderes (tanto políticos como económicos), para fortalecer la confianza ciudadana; pero también es necesario reconocer que los intentos por instalar la sospecha y el escepticismo generalizado sobre este sector responden, en muchos casos, a intereses específicos que se benefician del debilitamiento de estas organizaciones. Esto se vuelve más evidente con la publicación de investigaciones periodísticas importantes que han destapado los vínculos cercanos entre diversos poderes del Estado y algunos grupos empresariales, mostrando la peor cara de la corrupción y el tráfico de influencias, sobre todo en proyectos ampliamente cuestionados, como la expansión salmonera en la Patagonia o el proyecto minero Dominga.

El trabajo de la sociedad civil hace un aporte significativo al bien común, llenando los vacíos en la administración del Estado, monitoreando el cumplimiento de la legislación y normativa como contrapeso institucional y contribuyendo a la garantía efectiva de derechos para todas las personas para evitar elegir entre colapso ambiental o empleo, o entre árboles o personas, una triste simplificación que en nada ayuda. Es hora de tener una perspectiva amplia, y entender lo que está en juego en nuestro país y en todo el mundo: si no protegemos y fomentamos el trabajo de la sociedad civil estamos poniendo en riesgo la democracia, la seguridad pública y nuestras libertades fundamentales.