La receta electrónica y el riesgo de acelerar sin frenos

Los autores de esta columna analizan el impacto de la norma que permite desde octubre la receta electrónica de estupefacientes y sicotrópicos. Sostiene que, si bien es un avance, carece de resguardos que fueron advertidos y que no fueron considerados: «Es imprescindible completar el diseño institucional, dotar al Estado de capacidades analíticas reales y asumir que, en materia de sustancias de alto riesgo, avanzar rápido sin control puede terminar siendo un retroceso. La modernización, si no se hace con responsabilidad, puede transformarse en una amenaza allí donde pretendía ser una solución».

Crédito imagen de portada: Lukas Solís/ Agencia Uno

Hoy, en Chile, recetar opioides puede tomar menos tiempo que abrocharse el cinturón de seguridad antes de manejar. La prescripción electrónica de estupefacientes y psicotrópicos, vigente desde octubre, representa sin duda un avance tecnológico relevante en el sistema de salud. Facilita procesos, reduce barreras administrativas y moderniza una práctica que, durante décadas, se sostuvo en soportes físicos. Sin embargo, cuando se trata de sustancias con alto potencial adictivo y riesgos severos para la salud pública, la velocidad del cambio importa tanto como sus resguardos. Y hoy, esos resguardos son insuficientes.

Durante años, la llamada “receta cheque” operó como una barrera efectiva de acceso. Exigía trámites presenciales, papel de seguridad, talonarios limitados y controles físicos que, aunque engorrosos y poco amigables para los profesionales de la salud, cumplían una función clara: dificultar el acceso indiscriminado a opioides, anfetaminas y otros fármacos altamente controlados. Este diseño hacía que solo un grupo acotado de médicos —principalmente especialistas en dolor, salud mental o control de peso— realizara de manera sistemática el esfuerzo necesario para prescribirlos. La nueva modalidad electrónica elimina gran parte de esos filtros. Hoy, cualquier médico acreditado puede prescribir estos fármacos con solo un doble clic y su Clave Única, incluso de manera remota y sin una consulta necesariamente verificable. El universo de potenciales prescriptores crece de forma exponencial, pero el sistema de vigilancia no lo hace al mismo ritmo.

Con el apoyo del Centro de Políticas Públicas, en 2023 desarrollamos el estudio “Registro electrónico nacional de prescripción de estupefacientes y psicotrópicos: una mirada a posibles ventajas y dificultades de implementación”. Nuestra propuesta nunca fue simplemente reemplazar el papel por un sistema digital. El foco estuvo puesto en algo más ambicioso y necesario: avanzar hacia un modelo integral que combinara registro obligatorio, monitoreo activo, análisis sistemático de datos y una institucionalidad con capacidades técnicas reales de vigilancia. En otras palabras, no se trataba solo de modernizar el soporte, sino de fortalecer el control.

La evidencia internacional es clara. En países desarrollados, la prescripción electrónica de medicamentos controlados se acompaña de programas obligatorios de monitoreo, conocidos como Prescription Drug Monitoring Programs. Estos sistemas analizan datos en tiempo real, generan alertas tempranas y permiten detectar patrones de sobreprescripción, “doctor shopping”, abuso o desvío hacia mercados ilícitos. No se limitan a almacenar información: la transforman en inteligencia sanitaria y en insumos concretos para la toma de decisiones clínicas y de política pública. Precisamente ese era el corazón de nuestra propuesta para Chile.

Hoy, el país ha dado un paso importante en digitalización, pero sin implementar plenamente esa arquitectura de vigilancia que advertimos como indispensable. La información existe, pero la capacidad institucional para analizarla, cruzarla con antecedentes clínicos y reaccionar oportunamente sigue siendo limitada. No basta con saber quién prescribe y qué se prescribe; es crucial contar con equipos especializados capaces de interpretar esos datos, identificar riesgos emergentes y activar mecanismos de corrección antes de que los problemas se consoliden.

El riesgo no es abstracto ni teórico. Una mayor disponibilidad de sustancias altamente adictivas, sin control permanente ni capacitación adecuada de los equipos de salud, incrementa la probabilidad de dependencia, eventos adversos graves y desvíos hacia circuitos ilegales. En los últimos años, distintos estudios han mostrado un aumento en el consumo de psicotrópicos en Chile y un crecimiento sostenido en el uso de opioides, lo que plantea desafíos tanto desde la perspectiva sanitaria como desde la seguridad pública. El uso prolongado o inadecuado de estos fármacos puede derivar en adicción, sobredosis, depresión respiratoria y daños neurológicos severos. Al mismo tiempo, se trata de moléculas altamente demandadas por redes de tráfico ilícito.

La receta electrónica solo cumple su promesa si se inserta en un sistema de monitoreo activo, obligatorio y sostenido en el tiempo, con gobernanza clara de los datos, resguardos estrictos de confidencialidad y financiamiento suficiente. Implementarla sin estos elementos es comparable a poner un auto deportivo en manos de un conductor sin cinturón de seguridad ni frenos adecuados: se gana velocidad y eficiencia, pero se multiplican los daños potenciales ante cualquier falla.

Chile tiene hoy la oportunidad de construir un sistema de control y prescripción de medicamentos de nivel internacional, que combine modernización tecnológica con protección efectiva de la salud pública. Para aprovecharla, no basta con haber dado el primer paso digital. Es imprescindible completar el diseño institucional, dotar al Estado de capacidades analíticas reales y asumir que, en materia de sustancias de alto riesgo, avanzar rápido sin control puede terminar siendo un retroceso. La modernización, si no se hace con responsabilidad, puede transformarse en una amenaza allí donde pretendía ser una solución.