Jueza decreta ilegal declaración de Eduardo Lagos en arista bielorrusa; Corte rechaza prisión preventiva en caso Procultura, y Ministerio de Justicia devuelve 34 ternas de notarios

Este jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revisó las medidas cautelares del abogado Eduardo Lagos, imputado por soborno en la trama bielorrusa, donde la fiscalía lo acusa de haber pagado por fallos a la exministra Ángela Vivanco. En la audiencia, la jueza Michel Ibacache rechazó la solicitud del abogado de Lagos, Marcelo Abujiar, que buscaba rebajar la cautelar de prisión preventiva, por lo que el abogado se mantendrá recluido en el anexo Capitán Yáber.

Sin embargo, la defensa de Lagos se anotó un triunfo, pues en la misma instancia la jueza Ibacache revisó los argumentos de Lagos para anular la declaración que realizó el pasado 6 y 7 de enero, cuando entregó su versión por más de 10 horas ante el fiscal Marco Muñoz. El acta de esa declaración fue incluida por la fiscalía en la carpeta investigativa, aunque Lagos se negó a firmarla, acusando que esta no reflejaba fielmente la versión que había entregado. La solicitud de la defensa de Lagos fue acogida en forma parcial, pues la jueza decretó que dicha declaración era ilegal.

Según La Tercera, Ibacache estimó que hay incongruencias en la realización del proceso con el que se tomó esa declaración, y que no existe un audio o video para chequear que el acta sea fiel a lo dicho por Lagos. Pese a esto, la jueza declinó inutilizar del todo el documento, por lo que se mantendrá como un insumo en el expediente y podrá ser citado para fundar argumentaciones y eventuales resoluciones de los magistrados que revisen la causa.

Eduardo Lagos en la segunda jornada de formalización de la trama bielorrusa (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener las medidas cautelares de arraigo nacional contra los imputados del caso Procultura. Esto, tras un recurso presentado por la Fiscalía Regional de Antofagasta que buscaba revertir la decisión del 7° Juzgado de Garantía que desestimó la prisión preventiva para cuatro de los cinco formalizados en la causa: Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.

En la lectura del fallo, el ministro del tribunal de alzada, José Pablo Rodríguez, señaló que los antecedentes de la fiscalía “no alcanzan a satisfacer el estándar exigible para imponer a los imputados las medidas cautelares solicitadas, toda vez que no permiten justificar con la intensidad requerida, en esta etapa procesal, presunciones fundadas de la participación punible” de los imputados. El hecho marca un nuevo revés para la investigación que lidera la fiscalía regional, bajo el mando del fiscal Juan Castro Bekios.

El fallo además afirmó que “no existen antecedentes bastantes y concluyentes sobre el vínculo o acuerdo de voluntades” de los imputados y criticó el error de la fiscalía que “atribuyó equivocadamente una conversación a una persona imputada en esta causa [Gómez], cuando en verdad correspondía a otra [Abusleme]” .

Tras la resolución, el abogado de María Constanza Gómez, Sebastián Soto, señaló que la orden de detención de su defendida se habría solicitado en base a antecedentes falsos y aseguró que solicitarán la nulidad procesal de la incautación realizada ese día.

La investigación contra los imputados de Procultura apunta a un posible delito de fraude al fisco por el traspaso de más de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) a la ONG, para la ejecución del programa “Quédate”, orientado a la prevención del suicidio.

Alberto Larraín durante la audiencia de formalización del Caso Procultura (Créditos: Lukas Solis / Agencia Uno)

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, devolvió a las respectivas cortes de apelaciones un total de 34 ternas para concursos de notarios, debido a que muchos de esos candidatos estarán prontamente inhabilitados para ejercer dichos cargos por la reforma al sistema notarial, que comenzará a regir desde abril de este año.

Según explicó La Tercera, los tribunales de alzada siguen proponiendo ternas donde incluyen candidatos que son familiares de otros funcionarios del Poder Judicial, entre otras situaciones que estarán prohibidas cuando comience a regir la nueva normativa. Por esto, el ministerio solicitó a las cortes “considerar la posibilidad de revisar la integración de las ternas, buscando que en ella se incorporen personas que cumplan de la mejor manera posible los estándares establecidos en la ley”.

En el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo, se pidió revisar ocho ternas, sobre los concursos de selección de notarios para la 5° Notaría, 1° Notaría (Renca), 24° Notaría, 3° Notaría (La Florida), 2° Notaría (Huechuraba), 25° Notaría, 15° Notaría y la 31° Notaría.

La molestia ministerial se explicaría porque ya en noviembre de 2025, Gajardo había solicitado a los 17 tribunales de alzada del país que respetaran la reforma al sistema notarial y registral, que entrará en vigencia en abril. La situación generó que algunos presidentes de cortes solicitaran audiencias urgentes con el ministro Gajardo para abordar la situación.

(Créditos: Francisco Flores / Agencia Uno)