HASTA OCTUBRE DE 2025, EL SERVEL HABÍA ENVIADO 774 CASOS AL MINISTERIO PÚBLICO
1.369 denuncias en tres años por afiliaciones a partidos sin consentimiento: Social Cristiano, Amarillos, Demócratas y Evópoli encabezan la lista
08.02.2026
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HASTA OCTUBRE DE 2025, EL SERVEL HABÍA ENVIADO 774 CASOS AL MINISTERIO PÚBLICO
08.02.2026
Entre 2023 y 2025, el Servel ha recibido más de 1.300 reclamos por afiliaciones sin consentimiento. El Partido Social Cristiano encabeza la lista, le sigue Amarillos por Chile, Demócratas y Evópoli. El 79% de las denuncias que suman estos partidos se registraron durante el periodo de las elecciones primarias oficialistas. Hasta octubre pasado, el Servel había enviado al Ministerio Público 774 reclamos recibidos por ellos, porque podrían constituir el delito de suplantación de identidad. Desde la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señalan que todas las denuncias del servicio fueron derivadas a las fiscalías regionales respectivas.
En junio de 2025, Constanza Navarro denunció por la red social TikTok que el Partido Social Cristiano le quitó la posibilidad de “votar en las primarias presidenciales”. La publicación superó las siete mil reacciones y provocó más de mil comentarios de personas que afirmaban haber pasado por experiencias parecidas con distintos partidos. Entre ellos se encontraba el de Ignacia López, quien se dio cuenta de su afiliación gracias al video de Constanza y señala: «Cuando todavía estaba en la enseñanza media, en una plaza me preguntaron si quería firmar para ayuda a los niños del Sename, totalmente ingenua firmé. Si no fue ahí [la afiliación], no tengo idea cómo fue”.
Constanza e Ignacia son parte de las 1.369 personas que realizaron denuncias por afiliación sin su consentimiento a un partido político en los últimos tres años, según datos obtenidos a través de una solicitud vía Ley de Transparencia enviada al Servicio Electoral (Servel). La mayoría de los partidos que concentran estas denuncias, podrían ser disueltos por no haber alcanzaron el mínimo de votos exigidos en las elecciones parlamentarias de 2025.
Para esta investigación, se solicitó al Servel todos los registros de reclamos por afiliación a partidos políticos sin consentimiento realizados entre enero de 2023 y noviembre 2025, pidiendo que se detallara qué colectividad fue la denunciada, en qué fecha y región. Además, se requirió el número de casos que han sido derivados al Ministerio Público para que se investigue un posible delito.
Según la información entregada por el servicio, el Partido Social Cristiano (PSC) concentra la mayoría de las denuncias. Le siguen el Movimiento Amarillos por Chile, el Partido Demócrata y Evolución Política (Evópoli). El 79% de los reclamos que involucran a estos partidos se realizaron en el periodo de elecciones primarias del oficialismo realizadas en junio de 2025, proceso en el que solamente podían votar personas afiliadas a los partidos que llevaban candidatos, e independientes. Esta condición permitió que la mayoría de los denunciantes, incluyendo a Constanza Navarro, se dieran cuenta de que militaban en un colectivo.
En total hay 32 partidos con denuncias, pero 11 de ellos tienen más de 30 reclamos. Aparte de los cuatro que lideran, la lista de los 11 la completan el Partido de la Gente (PDG), Partido Alianza Verde Popular (PAVP), Renovación Nacional (RN), Partido Popular (PP), Unión Demócrata Independiente (UDI), Partido Humanista (PH) y Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Además, ocho de estos partidos, no lograron en la última elección la representación parlamentaria que estipula la ley, por lo que podrían ser disueltos.
El Servel confirmó que ha enviado 774 reclamos de afiliaciones irregulares al Ministerio Público con el fin de que se abra una causa si esa institución lo determina. Esto, ya que casi el 90% de las afiliaciones se realizan con Clave Única, por lo que su vulneración constituiría un delito de suplantación de identidad.
Al ser consultada la fiscalía sobre el estado de esos antecedentes, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, aseguró que se están investigando. Y pese a que no existe un catastro, sí hay un mecanismo de coordinación: “Tenemos una coordinación con el Servel para intercambio de información necesaria para la persecución penal”, dice. Y agrega: “Cada una de esas denuncias formuladas, son derivadas a las respectivas fiscalías regionales en conformidad al territorio donde haya dado origen el comienzo del hecho ilícito. Y se encuentran con diversas diligencias, que son reservadas en conformidad a la ley”.
Los partidos que lideran la lista también fueron consultados acerca de si tenían conocimiento de sus denuncias. El Partido Social Cristiano indicó que tenían conocimiento de las denuncias, pero no de la cantidad relacionada. Demócratas afirmó a través de su vicepresidente, Marcelo Urrutia, que no tenían conocimiento de esta información. Desde Amarillos por Chile, su encargada de prensa no pudo responder debido a la posible disolución del partido y el único diputado de ese colectivo, Andrés Jouannet, no dio respuesta respecto al tema. Las comunicaciones de Evópoli derivaron al presidente del partido, Juan Manuel Santa Cruz, quien tampoco tuvo respuestas.
El objetivo de un partido político es representar a los ciudadanos de un país en la institucionalidad pública, por lo que requiere el apoyo de estas personas para su permanencia, de lo contrario, serán disueltos. Así lo establece el Artículo 42 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos donde se establece que un colectivo cae en disolución cuando no alcanza el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados. Luego de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del 16 de noviembre de 2025, 13 colectividades no cumplieron esta norma y se encuentran en riesgo de ser disueltas. La única manera de seguir existiendo es fusionándose con otros partidos para conservar su persona jurídica. Los cuatro colectivos que cuentan con más denuncias por afiliaciones sin consentimiento, también corren el riesgo de desaparecer: Social Cristiano, Amarillos, Demócratas y Evópoli.
La afiliación a un partido se realiza principalmente de forma digital, utilizando la Clave Única. El subdirector de partidos políticos del Servel, Roberto Salim-Hanna, señala que casi el 90% de las afiliaciones se hacen online, en una plataforma diseñada especialmente: “Es una plataforma en la cual la persona, con su Clave Única, ingresa y pone el partido al cual desea afiliarse”, dice. Este sistema ha reemplazado al de años anteriores, donde una firma presencial o llenando una ficha de datos, permitían realizar la tramitación.
El Servel establece que la plataforma no permite que estos trámites los haga un tercero y no la persona que desea militar en un partido, pero Constanza, Ignacia y más de mil denunciantes confirman lo contrario: haber sido afiliadas a partidos políticos sin su consentimiento.
El financiamiento estatal que tiene cada partido no está relacionado directamente con su número de militantes, pero sí con su representación parlamentaria y con la cantidad de regiones en las cuales ese colectivo está constituido. En esta última condición, sí es necesario tener militantes inscritos en cada zona.
No todas las personas que son afiliadas sin su consentimiento denuncian, muchas solo renuncian al partido político. Es el caso de Elisa Matte, afiliada sin saber al partido Convergencia Social en 2021, quien afirma que no hizo el reclamo porque “esas plataformas siempre suelen ser muy engorrosas”, dice. Para realizar la denuncia, el Servel ha facilitado un portal al que se debe ingresar con Clave Única e iniciar el trámite informando datos personales (ingrese a ese portal).
Según Salim-Hanna, el Servel debe contrastar la solicitud de afiliación para verificar que la persona cumpla con los requisitos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para ser inscrita, entre ellos, ser mayor de edad, no estar afiliado a otro partido político y no ser parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) o Carabineros. Esto, porque ningún uniformado puede tener afiliación política. De los 1.369 reclamos, seis casos de personas militando sin consentimiento, corresponden a miembros de la policía uniformada, lo que significa un problema mayor. En la Región Metropolitana, una denuncia por inscripción al partido Evópoli manifiesta la siguiente situación: “Por temas de trabajo me trae problemas ya que pertenezco a fuerzas armadas lo que está prohibido cualquier afiliación política”.
No solo se ha burlado el sistema de verificación de requisitos con miembros de las FF.AA. o Carabineros, también pasa con menores de edad. Antonia Arancibia afirma haber sido afiliada antes de cumplir la mayoría de edad: “La papeleta que me aparecía cuando me di cuenta que estaba afiliada, decía que fue en enero del 2023, y yo para esa fecha aún tenía 17 años”.
Estar afiliado a un partido político puede convertirse en un problema para el ámbito laboral, por ejemplo para alguien que busca trabajar en el Servel, funcionarios públicos que tampoco pueden militar. En los reclamos se detalla lo siguiente: “Me acaban de cancelar una reunión de trabajo ya que el único requisito era no militar en ningún partido político”.

Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno
32 partidos políticos aparecen en el registro de denuncias por afiliaciones realizadas sin consentimiento. Algunos de estos partidos ya no existen y el 69% de estos (939 casos) se vincula a partidos de derecha y el otro 41% (430 casos) está asociado a partidos de izquierda. La cantidad de denuncias de los partidos con más reclamos son los siguientes:
Los cuatro partidos que lideran la lista -PSC, Amarillos, Demócratas y Evópoli- podrían ser disueltos tras no conseguir la representación parlamentaria mínima que exige la ley. Esto último no es novedad para el Partido Social Cristiano, ya que lo formaron dirigentes independientes y exmilitantes del Partido Conservador Cristiano (PCC), disuelto en febrero de 2022 tras no alcanzar el mínimo de votos requerido en las elecciones parlamentarias de 2025.
Esos mismos colectivos han sufrido renuncias de militantes en 2025. Según los últimos datos publicados en diciembre pasado por el Servel, el PSC comenzó el año con 17.247 afiliaciones y para diciembre pasado, conservaba solo 13.351. Amarillos comenzó con la cifra de 8.087 militantes en enero 2025 y once meses después, figuraba con 5.932. La situación se repite para Demócratas, quienes partieron con 15.391 afiliados y a la última cifra publicada por el Servel, tenía 14.017. Por último, Evópoli: inició el año con 16.884 militantes y en diciembre se encontraban con 14.453. La mayor cantidad de denuncias a los cuatro partidos fue en junio de 2025.
La mayoría de las renuncias coinciden con los días en que el oficialismo inscribió la primaria Unidad por Chile, destinada a seleccionar un candidato único en la coalición. En estas elecciones, se estableció la restricción que por ley indica el Servel: “No podrán sufragar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan en las primarias”. Los partidos que formaron parte de esa primaria eran: Partido Socialista, Frente Amplio, Federación Regionalista Verde, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista y Partido Acción Humanista. Y solo militantes de estos o independientes podían votar.
El 7 de junio de 2025, el Servel abrió el portal de Consulta de Datos Electorales, donde se informaba quiénes fueron designados vocales y otras indicaciones, como mesa y local de votación. Además, en la última casilla, se informaba, con respecto a la restricción, si el consultante estaba habilitado para sufragar. Para la sorpresa de Antonia Arancibia, quien nunca dio consentimiento ni mostró interés en formar parte de un partido, la casilla indicaba: “No, el padrón electoral determinado por los partidos políticos no contempla su participación”. En la consulta, Antonia se dio cuenta que estaba afiliada al Partido Social Cristiano y no pudo ejercer su derecho a voto durante las primarias presidenciales.
La mayoría de los reclamos se concentró entre el 7 y el 9 de junio de 2025. Desde entonces, las denuncias han mantenido una tendencia al alza. En el caso del PSC, el 89% de los reclamos se presentaron después de la publicación de los datos electorales. En Amarillos, el 75% de las denuncias corresponde a ese mismo periodo; en Demócratas, el 89%; y en Evópoli, el 64%.
Estar inscrito en un partido político no es únicamente simbólico. Significa una serie de restricciones que impiden el desarrollo virtuoso de la vida democrática. El militante de un partido tiene derechos y deberes. Entre los primeros están, participar en las instancias como votaciones en elecciones internas; postularse a cargos; proponer cambios al partido y estar informado de aquello que no es reservado ni secreto -por ejemplo, mediante correos electrónicos-. De las fuentes testimoniales, ninguna recibió mails, ni se le abrieron instancias de participación, razón por la que se enteraron sorpresivamente sobre su afiliación.
Las denuncias por afiliación involuntaria pueden ser realizadas de manera online ingresando con Clave Única al sitio web del Servel y también de manera presencial. Una vez realizada la denuncia, el Servicio Electoral debe responder al reclamante con su Certificado de Afiliación, para que pueda reconocer el documento que dio origen a su militancia. En el caso que la persona no reconozca la firma, el Servel indica que “se remiten los antecedentes al Ministerio Público para su investigación, dado que el desconocimiento, en caso de acreditarse, podría revertir caracteres de delito de competencia de tribunales de justicia”. Durante 2023, 2024 y hasta octubre de 2025, 774 antecedentes han sido derivados al Ministerio Público, 738 de ellos en 2025. Para que se comience a investigar, la fiscalía debe abrir una causa a partir de los antecedentes que recibe cuando se presume la comisión de un hecho que la ley califica como delito.
En la Unidad de Comunicaciones del Servel indicaron que la mayoría de las afiliaciones son realizadas de manera online, utilizando Clave Única: “Durante el mes de agosto [de 2025], de un total de 3.429 afiliaciones, 3.405 fueron realizadas en línea y solo 24 de forma presencial, mediante ficha física”.
Según Kenneth Pugh, senador independiente e ingeniero naval electrónico: “La Clave Única no es un sistema de identidad digital, no permite confirmar que efectivamente es la persona quien dice ser. Hoy las claves únicas se las pasan unos a otros, hay personas que hacen trámites por otra persona, usando su clave única. Por eso, es muy fácil que se filtre”. Añade que, otra forma fácil de filtración, es hackeando el sistema, por lo que Pugh propone “robustecer el sistema de identidad digital con múltiples factores de autenticación y dejar atrás el concepto de claves únicas”.
La Clave Única es una credencial de autenticación personal e intransferible, y su uso indebido -según los términos y condiciones que establece en la web-, se considera un delito de suplantación de identidad o fraude. La sanción por este delito está indicada en el Artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos (Ley 21.459): “Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de once a veinte Unidades Tributarias Mensuales”. Aunque la Ley de Partidos Políticos no tipifica directamente como delito la afiliación forzosa, esta es la ley que dota de valor jurídico al registro de afiliación.
Para tener un sistema más seguro, Roberto Salim-Hanna afirma que el Servel, en septiembre de 2025, agregó al sistema de afiliación online una doble verificación donde se pide no solamente la Clave Única, sino que también los números del carnet del documento. El objetivo de la implementación es corroborar de mejor manera la identidad de la persona que solicita afiliarse a un partido político y también otros trámites del Servel.
*Este reportaje fue realizado por las estudiantes Ema Santa Cruz y María Agramunt, en la sección del profesor Pedro Ramírez del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.