Estos son los antecedentes que reunió la fiscal judicial de la Corte de San Miguel para pedir la remoción del conservador Sergio Yáber

El exjuez Antonio Ulloa, reconoció en el sumario donde se indaga al conservador de Puente Alto, que este le traspasaba dinero porque lo ayudaba a pagar la escolaridad de su hija. Dijo además, que le prestó una vivienda y que le compró cortinas para el departamento que le pasaba el Poder Judicial. Según quienes han tenido acceso al sumario que elabora la fiscal judicial, Carla Troncoso, señalan que allí se cuestiona que, pese a esta relación cercana con Ulloa, el exministro no se inhabilitó de dar su voto a favor del conservador cuando este aspiró a ser titular de Santiago. Asimismo, se advierte que Yáber oculta su patrimonio al, por ejemplo, no declarar sus propiedades en el extranjero. Además, aparece un antecedente nuevo, el nombre del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, quien junto al ya jubilado juez Luis Sepúlveda, apoyaban a Yáber en sumarios y lo calificaban con notas sobresalientes en la revisión anual. Contreras reconoce que tiene una relación social con el conservador. La cónyuge de Sepúlveda, en tanto, estuvo contratada por Yáber en el CBR.

Carla Troncoso, la fiscal judicial a cargo del sumario donde se investiga administrativamente al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, propuso a la Corte de Apelaciones de San Miguel, sancionarlo con 60 días de suspensión y la apertura de un cuaderno de remoción que podría destituirlo de su cargo. Según conocedores del informe final de esa investigación, a juicio de Troncoso, la conducta moral del conservador compromete el decoro de su ministerio, incurriendo por tanto, en faltas a la probidad. 

Yáber fue formalizado por lavado de activos en el marco de la investigación denominada arista bielorrusa del caso Hermosilla, donde se indaga la tramitación judicial de la disputa legal entre el Consorcio Belaz Movitec y Codelco. En esta indagatoria Yáber se encuentra con arresto domiciliario. 

Entre los argumentos que sustentan el sumario, se plantea que Yáber pierda el cargo titular del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto que ocupa desde 2018, porque obtener ese puesto le ha servido para construir una red de favores que le habrían permitido -a él y sus cercanos-, influir en el nombramiento de distintas autoridades del Poder Judicial. El informe final de este sumario ya fue entregado a  la Corte de Apelaciones de San Miguel, cuya elaboración culminó el 29 de enero pasado. 

Quienes han accedido a su contenido, señalaron a CIPER que los principales argumentos citados en la investigación corresponden a actos relacionados con los protagonistas de la arista judicial del caso bielorruso: la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco; su pareja, Gonzalo Migueles, y el exjuez Antonio Ulloa.

Uno de los hechos más relevantes que consta en ese documento, es que el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, no se inhabilitó de votar a favor de Yáber en el año 2022, cuando este competía para dejar su cargo de conservador en Puente Alto y pasar a tomar el asiento titular de Santiago, uno de los CBR más codiciados del país. Ni el exjuez ni Yáber expusieron en ese concurso su cercanía, pese a que el conservador no solo transfirió a Ulloa $74,8 millones en montos de $1 millón mensual durante meses, sino además, le permitió el uso gratuito de un departamento en La Serena y le financió las cortinas que tenía en el departamento fiscal que arrendaba cuando formaba parte del Poder Judicial. 

Ulloa ha señalado ante la justicia que las transferencias eran una ayuda para su hija, de quien Yáber es padrino, porque este financiaba su universidad. 

Las mismas fuentes señalan que en el sumario se advierte la existencia de contratos simulados. Uno de estos es el firmado por Yáber a través de su sociedad Inversiones SYL EIRL, con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para concretar en febrero de 2021, la transferencia de un Porsche Cayenne. Según ese contrato, la removida ministra pagó por ese auto un total de $35 millones.  

El acuerdo consistía en que se pagaría al contado $10 millones por ese vehículo y luego otros $25 millones en cuotas. Ni Vivanco ni Yáber respaldaron ante la fiscalía judicial el pago inicial de esa compraventa. 

Corte de Apelaciones de San Miguel (Fuente: Poder Judicial)

El contrato que firmaron Vivanco y Yáber para concretar el traspaso del Porsche, fue legalizado en la notaría de Pablo Barrena, otro auxiliar de justicia que forma parte del círculo de amistades de Yáber, desde que ambos forjaron una estrecha amistad como compañeros en la Universidad Gabriel Mistral. 

Barrena también es objeto de sumario en la Corte de San Miguel desde que apareció en las escuchas telefónicas del caso bielorruso comentando con Yáber presuntos pagos provenientes del Consorcio Belaz Movitec a Vivanco. CIPER tuvo acceso a esa investigación y según el testimonio de una trabajadora de esta notaría, el contrato del Porsche tenía indicios de haber sido elaborado en otro lugar, porque no tenía el formato ocupado habitualmente en esa notaría. 

En el sumario de Yáber también se cuestiona otro contrato firmado por el conservador. Según afirman fuentes que tuvieron a la vista esos antecedentes, para la fiscal judicial el contrato que Yáber y la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, firmaron el 31 de enero de 2025, es carente de causa. Se trata del acuerdo que el conservador plasmó por escrito con Migueles a quien tuvo contratado en el CBR desde 2018. En ese escrito, Yáber se compromete a pagarle $41 millones con el fin de evitar cualquier litigio laboral en el futuro. 

Las mismas fuentes señalan que en el sumario se plantea que hay un cúmulo de antecedentes que permiten justificar que a través de la suscripción de contratos como estos, en realidad se buscaba mantener una red de intervención que afecta directamente el servicio judicial. Y que para la fiscal esto escapa de una simple generosidad. 

Para quienes han tenido acceso al sumario de la fiscal Troncoso, un hallazgo fue constatar que Yáber oculta patrimonio. El conservador omitió registrar en su Declaración de Interés y Patrimonio (DIP) que cada año deben actualizar funcionarios de altos cargos públicos, una sociedad creada junto al notario de Santiago, Francisco Leiva -también cercano a Ulloa, Migueles y Yáber-, la sociedad Emegeme SPA. Asimismo, el conservador no había declarado los bienes patrimoniales de dos sociedades a las que pertenece: la persona jurídica SYL EIRL  e Inmobiliaria e Inversiones Santa Blanca. Se acusa que además no informó sobre dos propiedades que tiene en el extranjero.  

En el sumario también aparece mencionada la relación entre Yáber y el juez de la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal encargado de evaluar el desempeño del conservador de bienes raíces de Puente Alto. Según las actas de estas evaluaciones, el juez Roberto Contreras calificó a Yáber con notas sobresalientes y por sobre la media, a pesar de que existían investigaciones disciplinarias o reclamos en contra del conservador. Por otra parte, tras asumir, Yáber contrató a la pareja del juez Luis Sepúlveda, quien había votado a favor de su nombramiento en el CBR de Puente Alto. 

Además de Yáber y Barrena, otros dos auxiliares de justicia fueron sumariados por la misma fiscal Troncoso por hechos relacionados con el conservador de Puente Alto. Se trata de los notarios Fernando Martel, quien fue suplente de la 5ta Notaría de San Miguel con asiento en La Cisterna; y de Rodrigo Ortúzar, notario de la 1ra Notaría de San Miguel. CIPER tuvo acceso a esos sumarios donde, entre otras cosas, cada uno se refiere a la amistad que desde años mantienen con Yáber. 

La fiscal también cerró esos sumarios y, a diferencia de la petición de un cuaderno de remoción para Yáber, las sanciones solicitadas para los otros tres son menores: Barrena resultó absuelto, mientras que respecto a Fernando Martel, se solicitó cursar una multa por 5 UTM. Y para Rodrigo Ortúzar, solo se propone una medida de censura por escrito. Los tres informes se encuentran ahora en manos del Ministerio Público.

CIPER contactó a las defensas de Vivanco, Migueles y Yáber, con el fin de conocer su versión acerca de los argumentos que se exponen en los sumarios. El abogado de la exsuprema, Jorge Valladares, señaló que no se referirá a lo consultado. La defensa de Migueles, en tanto, no atendió a los llamados y mensajes enviados.  Y hasta el cierre de este reportaje, el encargado de comunicaciones de Yáber no había entregado respuesta a nuestras preguntas. 

El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, también fue contactado por CIPER. Este  reconoció que tuvo “vínculos sociales con el conservador Sergio Yáber». Dijo que por esta razón, se inhabilitó de conocer el sumario en su contra aunque sí asistió a declarar como testigo en ese procedimiento disciplinario.

Sergio Yáber a las afueras del Centro Justicia tras audiencia de formalización (Créditos: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno)

PAGOS A ULLOA

Sergio Yáber Lozano forjó una estrecha amistad con el exjuez Antonio Ulloa, con quien se conoce hace más de una década. Su relación comenzó cuando Ulloa aún estaba en la Corte de Apelaciones de Copiapó. En 2019, el conservador de Puente Alto le ofreció a su amigo costear los estudios superiores de su hija, transfiriendo $1 millón mensual.

En el sumario del notario Pablo Barrena se consignan esos pagos que, en septiembre de 2025, Reportea los dio a conocer: 

“Sergio Yáber favorecía con pagos regulares a Antonio Ulloa (ministro de la Corte de Copiapó hasta que asumió en Santiago en abril de 2021), quien recibía pagos directos desde febrero de 2019 y hasta noviembre de 2025, totalizando más de 74 millones de pesos”.

Quienes pudieron leer la declaración del exjuez Ulloa, aseguran que este también reconoció que Yáber le permitió el acceso gratuito a un departamento en La Serena y que incluso le instaló las cortinas Roller en el departamento fiscal al que se mudó cuando llegó a Santiago. Asimismo, le financió la instalación de mallas de protección para sus perros bulldogs. 

Conocedores señalan que en el sumario se reprocha que, en medio de estas transferencias y de los regalos que Yáber le hacía, el conservador se postulara a un cargo en cuya selección su amigo Ulloa estaba directamente relacionado: el de conservador de bienes raíces de Santiago, proceso que partió en diciembre de 2021. En la primera votación, Yáber obtuvo ocho votos, entre estos, el de Ulloa y el de la exjueza también removida por sus vínculos con Luis Hermosilla, Verónica Sabaj. En la investigación se cuestiona la gravedad que reviste que el exjuez no se inhabilitó de votar por alguien que financiaba los estudios de su hija. Pese a ese apoyo, Yáber no logró el cargo. 

Las mismas fuentes explican que en el sumario se hace énfasis en que las relaciones de amistades de Yáber con superiores jerárquicos -como jueces de cortes de apelaciones de Santiago y de San Miguel, y jueces de la Corte Suprema- son una manera que tiene el conservador para mantener influencia. Y aseguran que a la fiscal Troncoso no le quedaron dudas de que el Porsche que Yáber le vendió a Vivanco, forma parte de esa estrategia.

Exjuez Antonio Ulloa (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

EL PORSCHE DE VIVANCO

El 25 de febrero de 2021, el conservador Yáber llegó hasta la notaría de su amigo, Claudio Barrena, con el objetivo de concretar la venta de un automóvil Porsche modelo Cayenne V.16 para Ángela Vivanco. Según registros, llegó hasta el lugar con el contrato firmado por Vivanco y con la copia de su cédula de identidad. Una funcionaria de la notaría declaró que el formato usado para ese contrato no era el que todos ocupaban en la oficina de Barrena y que, por lo tanto, ella concluía que debía haberse confeccionado afuera. En ese sentido, no hay certeza de que lo estipulado en el contrato y sus pagos, se hayan cumplido. 

Según ese contrato que CIPER tuvo a la vista, el precio de la compraventa fue de $35 millones y, según se señala, $10 millones fueron pagados “al contado en dinero en efectivo”. El saldo restante, es decir, $25 millones, se cancelarían en cuotas de $715 mil cada una, entre 2021 y 2024. El contrato se firmó a través de la sociedad de Yáber, Inversiones SYL EIRL. 

En el sumario se cuestiona que el traspaso de esos $10 millones de pie, supuestamente pagados en efectivo, no se llevó a cabo en la notaría, porque de haber sido así, la transacción debía ser informada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por tratase de un flujo en dinero en efectivo que supera los $7 millones. 

Ni Vivanco ni Yáber aportaron al sumario registros bancarios para acreditar el pago de esos $10 millones. 

Respecto a las cuotas pactadas, según versión de Vivanco, ella le transfería a su pareja, Gonzalo Migueles, el monto de las cuotas del auto para que este se las pagara a Yáber. 

CIPER revisó las cartolas bancarias de Vivanco, Yáber y Migueles que se encuentran en la investigación penal del caso bielorruso. Según esos registros, la exministra realizó ocho transferencias por el total de $26,5 millones que coinciden con la época en que Migueles, según describe en la glosa de las transferencias realizadas, pagó a Yáber cuotas por el auto. Sin embargo, no existen registros en las cuentas de Yáber de que hayan llegado los $25 millones pactados por el auto. Según cartolas de Yáber, las transferencias efectuadas por Migueles entre marzo de 2021 y marzo de 2024, fueron solo tres y suman $6,4 millones. Y existen cuatro depósitos en efectivo por montos que coinciden con los $715 mil pactados en el contrato por el auto. En total, CIPER solo pudo detectar que hay $9,3 millones que podrían corresponder a pagos del Porsche.  

Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema (Créditos: Hans Scott / Agencia Uno)

LA INDEMNIZACIÓN A MIGUELES

El otro contrato cuestionado en el sumario tiene relación con el término de vínculo contractual entre Yáber y Migueles, quien trabajó en el CBR de Puente Alto desde 2018. Eso ocurrió el 31 de enero de 2025 y se firmó en la notaría de Rodrigo Ortúzar. La exministra ya había sido destituida y la causa bielorrusa ya había sido asignada a la Fiscalía Regional de Los Lagos. 

Según detalla el informe del sumario donde se indaga a Ortúzar, ese día, el conservador de Puente Alto y Migueles, “suscribieron una escritura pública de transacción por la que Yáber se obligó a pagar $41 millones, consignando como motivo para ese contrato precaver cualquier litigio eventual derivado del contrato de asesoría laboral y/o profesional que Migueles Oteíza le prestó entre noviembre de 2018 y hasta diciembre de 2023. La modalidad de pago pactada en la convención fue mediante trece cuotas, la primera de cinco millones de pesos, ya pagada, y las restantes de tres millones que se transfieren de modo directo a la cuenta bancaria informada por Migueles Oteiza”, dice el escrito.

La fiscal Troncoso señaló en ese sumario lo siguiente sobre esa transacción: 

“Yáber eligió la notaría de su amigo de más de 30 años para autorizar este contrato (…) Estimo que el notario investigado [Ortúzar] tomó parte dándole soporte legal a un contrato sin causa, que bien puede encubrir pagos de servicios irregulares o bien acciones de lavado de activo de Yáber para Migueles, las que por monto y forma de pago son disimuladas y escapan de controles cruzados de la UAF”.

Este contrato llevó a que la fiscal judicial solicitara a la Corte de Apelaciones de San Miguel la sanción de censura por escrito para Ortúzar.

EL OCULTAMIENTO PATRIMONIAL DE YÁBER

Según la investigación sumaria, el conservador Yáber omitió información en su Declaración de Intereses y Patrimonio. La más relevante es haber ocultado una sociedad creada con el titular de la 2da Notaría de Santiago, Francisco Leiva Carvajal. Emegeme SpA, la empresa de ambos constituída en septiembre de 2020, no apareció en sus DIP durante cuatro años.

La investigación administrativa también detectó que Yáber tampoco actualizó el avalúo fiscal de sus propiedades. Según su última DIP, el conservador tiene 18 bienes inmuebles en total. Además, se cuestionó que Yáber no había declarado dos propiedades que tiene en Buenos Aires, Argentina, las que solo desde 2025 aparecen en sus registros y avaluadas en US$133 mil y US$105 mil, cada una. 

Según dijo su defensa ante la investigación sumaria, las omisiones en la declaración patrimonial fueron errores y no un ocultamiento deliberado. Señalaron que la sociedad Emegeme SpA nunca inició actividades y calificó como una “omisión menor” no consignar las dos propiedades en Buenos Aires, además de recalcar que estas tributan en el extranjero.