¿Estamos discutiendo lo correcto? Deporte, política pública y el caso Natalia Ducó

El nombramiento de la exlanzadora de bala Natalia Ducó como ministra del Deporte para el futuro gobierno de José Antonio Kast generó un amplio debate debido a una sanción por dopaje que la tuvo fuera de las competencias. El autor de esta columna dice que esta discusión no debiera estar centrada en su nombre sino en las políticas que quiere implementar. Y propone que, especialmente, «si el gobierno que viene se define como uno de emergencia, pues bien, la urgencia deportiva está en los clubes de barrio, en la infraestructura comunitaria abandonada, en la inactividad física que afecta especialmente a niños, niñas y jóvenes. Esa es la política deportiva que habrá que observar, evaluar y exigir».

Crédito imagen de portada: Lukas Solís/ Agencia Uno

¿Nos estamos haciendo la pregunta correcta? Natalia Ducó ha sido centro de críticas por su nombramiento como ministra del Deporte del próximo gobierno de José Antonio Kast. ¿La razón? El dopaje de 2018 por el cual el Tribunal de Expertos de la materia resolvió sancionarla por un periodo de tres años sin competir deportivamente, lo que La Tercera calificó como “el destierro deportivo” de la lanzadora de bala. 

Un breve repaso por medios de comunicación y redes sociales nos permiten entender la magnitud de la controversia y, en algunos casos, la carga moral atribuida al hecho. Periodistas, deportistas, panelistas varios se sumaron a la ola de críticas. El exatleta Gert Weil dijo que a nivel internacional “nos deja muy mal parados”, Aldo Schiappacasse señaló que “la tarea más importante de la nueva ministra será instalar en el olvido su sanción por dopaje”, «la señal es muy mala» señaló molesto Juan Cristóbal Guarello, «es muy grave» y «cómo le explicas a un niño que está haciendo deporte que esto no está bien», dijeron en paneles de streaming. Hasta se publicaron viñetas de humor gráfico.

Natalia Ducó no está inhabilitada moralmente para liderar el ministerio del Deporte. Todas las personas tenemos derecho al error, a la falta e, incluso, al delito y luego de eso enmendar y aprender. Es parte del crecimiento humano.

Dado este escenario, creo que tenemos una oportunidad maravillosa: sofisticar la crítica y darle un mayor peso político. 

Si será buena o mala ministra no es algo que podamos anticipar hoy sólo por su episodio de dopaje. Lo preocupante es el estado del debate público. Hasta el momento, nadie ha hablado de política. No se ha posicionado en el debate qué es lo que piensa hacer Natalia Ducó a propósito de realidades complejas para el deporte y la actividad física en nuestro país.

En Chile, desde la dictadura en adelante, se ha ido consolidando un modo de entender el deporte donde el capital adquiere un rol predominante y el Estado no asume un papel activo como garante del desarrollo deportivo comunitario. Es una expresión clara de un enfoque neoliberal del deporte. Si bien el deporte está en camino a ser reconocido formalmente como un derecho en un proyecto de reforma constitucional que hoy está detenido en la Cámara de Diputados, ese reconocimiento permanece en gran medida en el plano declarativo, sin traducirse en políticas universales ni en financiamiento basal que permita ejercerlo efectivamente. En su lugar, se impone una lógica de fondos concursables insuficientes, una verdadera filantropía competitiva, donde clubes y organizaciones se ven obligados a competir entre sí por recursos escasos. Esta dinámica no solo precariza a las instituciones deportivas de base, sino que impone una carga administrativa brutal sobre dirigentes voluntarios y fragmenta el tejido social, reemplazando el fortalecimiento institucional por la sobrevivencia proyecto a proyecto.

La ausencia de una política pública sostenida para el deporte de barrio no responde solamente a la falta de recursos, sino a las prioridades que ha tenido el Estado en las últimas décadas. Basta observar el destino del gasto público en deporte para entenderlo. Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 implicaron una inversión estatal cercana a los 650 millones de dólares; los programas del IND para 2026 destinan aproximadamente un 70% de sus recursos al alto rendimiento y un 30% al deporte social, incluso considerando ahí al Fondeporte; y entre 2008 y 2021 el Estado invirtió más de 221 mil millones de pesos en la construcción de 18 estadios asociados principalmente al fútbol profesional. No se trata, entonces, de un Estado que no invierte en deporte, sino de un Estado que invierte de manera selectiva, privilegiando el espectáculo, el rendimiento de élite y los grandes recintos por sobre el desarrollo deportivo cotidiano.

Ese modelo contrasta con la realidad de los clubes de barrio, que son los que sostienen la práctica deportiva regular en miles de territorios del país. Según la última encuesta Casen, más de un millón de personas participan en clubes deportivos, convirtiéndolos en uno de los principales espacios de organización social vinculados al deporte. Sin embargo, lejos de ser reconocidos como actores estratégicos para la vida comunitaria, estos clubes operan en condiciones de precariedad estructural: uno de cada cinco entrena en lugares sin baños ni acceso a agua, no cuentan con financiamiento basal y dependen casi exclusivamente de fondos concursables insuficientes. En ausencia de una alianza público-comunitaria que los fortalezca institucionalmente, quedan reducidos al rol de ejecutores ocasionales de proyectos acotados, sin continuidad ni capacidad real de planificación a largo plazo.

Este modelo se completa con la promoción de las sociedades anónimas deportivas como forma dominante de organización del fútbol profesional —un camino no solo heredado, sino también afianzado por el gobierno saliente— y con la entrada prácticamente sin límites de un capital financiero cada vez más agresivo, expresado con claridad en la expansión de las casas de apuestas online. Estas plataformas transforman la pasión deportiva en una mercancía altamente rentable, donde el lucro empresarial se impone sobre la ética deportiva y la salud mental de los hinchas, con efectos visibles en el aumento de la ludopatía, especialmente entre jóvenes. Según un estudio publicado en 2025, cerca de un 11% de adolescentes entre los 12 y los 17 años declaró haber participado en estas plataformas. 

A ello se suma una política que tiende a criminalizar al hincha, tratándolo como un riesgo potencial más que como un sujeto cultural, mediante sanciones colectivas arbitrarias (como la que recientemente afectó a más de 3.300 personas de la U. de Chile por el solo hecho de haber asistido a un sector del estadio) y prácticas de maltrato en el acceso a los estadios. 

No se trata únicamente de una cuestión económica: este enfoque neoliberal del deporte produce un ecosistema deportivo centrado en el consumo, el espectáculo y la rentabilidad, que debilita el tejido comunitario y desplaza al deporte como espacio de encuentro, formación y bien común.

Y mientras el proyecto de Ley Abramos la Cancha, que busca facilitar el acceso de organizaciones deportivas sin fines de lucro a infraestructura deportiva pública, se mantiene estancado en el Senado por no tener el apoyo del Ejecutivo, uno de cada cinco clubes entrena en lugares sin baños ni acceso a agua y sólo el 23,5% de las y los niños son activos o parcialmente activos en el contexto escolar.

Entonces, en este escenario y dada la autoproclamación del próximo gobierno como uno “de emergencia”, las preguntas que corresponden para Natalia Ducó son otras. Para elevar la vara del debate, esas preguntas no tienen que ver con su pasado personal, sino con el modelo de deporte que está dispuesta a impulsar desde el Estado.

¿Seguirá profundizando un enfoque donde el Estado se mantiene ausente, donde los recursos públicos se concentran en el espectáculo, el alto rendimiento y el negocio, mientras los clubes de barrio sobreviven con fondos concursables insuficientes y sin infraestructura básica? ¿O habrá, por fin, un giro político que reconozca a los clubes como actores sociales fundamentales, con financiamiento basal, acceso real a infraestructura pública y un rol activo en la vida comunitaria?

Si el gobierno que viene se define como uno de emergencia, pues bien, la urgencia deportiva está en los clubes de barrio, en la infraestructura comunitaria abandonada, en la inactividad física que afecta especialmente a niños, niñas y jóvenes. Esa es la política deportiva que habrá que observar, evaluar y exigir.